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En un nuevo informe llamado “El futuro del financiamiento educativo en debate”, desde el Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) se arroja nueva luz sobre el nivel del ajuste educativo. No podemos dejar de señalar que el presupuesto destinado a educación hace años venía por detrás de los objetivos planteados a partir de la Ley de Financiamiento Educativo 26.075, que estipulaba una meta del 6% del PBI para destinarse en educación. Muy lejos de los objetivos, en 2023 (bajo un gobierno peronista) el presupuesto nacional destinado a la educación llegaba apenas al 1,41%.
Esto no amainó la ofensiva del gobierno sobre la educación, principalmente expresado en su cruzada contra las universidades. Según el informe, “las transferencias destinadas al financiamiento universitario– a través del programa Desarrollo de la Educación Superior– registraron una caída real de 5,4% interanual, mientras que las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas cayó 49,5% en términos reales”. Estos programas concentraron casi el 95% del presupuesto de la Secretaría de Educación en 2025, que no obstante representaron apenas el 0,74% del PBI a nivel nacional.
Asimismo, el informe señala que entre 2023 y 2024 “la función Educación y Cultura registró una caída real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PIB en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales”. El 2025 cerró con otra caída real del 7,9%, mientras que la proyección para 2026, de mantenerse las partidas presupuestarias vigentes, implicaría una nueva reducción del 12,7% y llevaría la inversión educativa al 0,54% del PBI: un piso histórico.
Como vemos, el mayor impacto del recorte se da en el primer año de gobierno anarcocapitalista, es decir, el período entre 2023 y 2024; luego, le siguen más recortes como continuación del primer hachazo. Sin embargo, se plantea que para profundizar el ajuste y consolidar el vaciamiento del sistema educativo estatal, al gobierno le hace falta la reconfiguración de la ley educativa nacional, cuestión en la que todavía no ha logrado avanzar plenamente.
Hasta ahora, el gobierno ha retirado partidas nacionales históricas que han pasado a ser amortiguadas–de forma desigual– por las provincias. Es el caso del Fondo de Incentivo Docente (FONID) que el gobierno eliminó en 2024 y el Fondo de Compensación Salarial: ambos consistían de partidas presupuestarias emitidas por el gobierno nacional que se destinaban a las provincias. Que el salario no dependiera solamente de la recaudación provincial, con todas las desigualdades que eso implica, permitía garantizar un mínimo piso común para la docencia a nivel nacional. Por supuesto, con estas partidas no remunerativas, los gobiernos evitaban aumentar el piso salarial docente. Este método era tan susceptible a los cambios coyunturales que al gobierno mileísta solo le bastó con no prorrogar el FONID para hacerlo desaparecer.
En el gráfico podemos ver el porcentaje del salario que representaba el FONID por provincia; en promedio, el 8,7% del salario. La quita de esta partida presupuestaria representó un golpe significativo para la docencia, ya que quedó en manos de cada gobierno provincial la resolución de suplir el monto de forma parcial, temporal o directamente culpar al gobierno nacional y no desembolsar el salario docente correspondiente. De esta manera, el salario docente se hunde mientras el gobierno nacional y provincial se echan culpas y los gremios burocráticos brillan por su ausencia.
El caso del FONID es gráfico acerca de la transformación a la que quiere abrir paso el gobierno. En su política de desfinanciamiento de la educación, el gobierno incentiva que el Estado a nivel nacional deje a su suerte lo que suceda con la educación inicial, primaria y secundaria a nivel provincial. Los recortes apuntan a descentralizar el sostenimiento del entramado educativo para que cada sector tenga que enfrentarse, con los recursos disponibles en su región, a las adversidades de un sistema que se desmorona. Visto desde este punto de vista, la centralización de la educación a nivel nacional es progresiva, ya que permite mitigar desigualdades que serían mucho más pronunciadas de ser cada provincia librada a su suerte.
El gobierno, claro está, trata de deshacerse de los pocos compromisos nacionales que tiene con la educación. Además, a nadie sorprende, uno de los primeros puntos que ataca es el salario docente que ya es– históricamente– pobre. Por si fuera poco, con la Ley 27.798 eliminó la meta no cumplida del 6% del PBI para el presupuesto educativo. Cualquier expresión, mínima y por lejos incumplida, de proyecto educativo es atacada por el gobierno nacional: en el proyecto de país anarcocapitalista tampoco hay educación.
Sin embargo, el ataque a la educación, tal como existe actualmente, tiene un límite. Detrás de la discusión presupuestaria sobre los brutales recortes y los mecanismos de centralización del financiamiento del sistema educativo, se asoma una discusión sobre un nuevo modelo: un modelo educativo más descentralizado con dispositivos de financiamiento a “demanda”. Por eso el gobierno nacional se plantea avanzar con la Ley de Libertad Educativa, que significa reconfigurar la estructura de la educación a nivel nacional.
“Este esquema”, señala el informe de la IIEP, “busca desacoplar el financiamiento de la provisión estatal, promoviendo la competencia entre instituciones”. Es decir, en lugar de existir una partida presupuestaria regular destinada a sostener la educación pública en sus distintos niveles, esto se desplazaría para poner, en primer lugar, un sistema de financiamiento directo a las familias en la forma de vouchers, becas, bonos o créditos fiscales.
Esta reconfiguración implica también una nueva disposición de los mecanismos de financiamiento porque si, como plantea la Ley de Libertad Educativa, la educación ya no tiene por qué ser presencial (habilita el homeschooling y otro tipo de modalidades que tienden a debilitar la obligatoriedad de la educación para los jóvenes) y amerita menos horas y menos contenidos, no tiene por qué recibir las partidas presupuestarias que recibe actualmente. Además, este nuevo modelo favorecería al sector privado porque, mientras que desfinancia el sector público, obligaría a las jurisdicciones a garantizar transferencias hacia los colegios privados, con el argumento de garantizar “equidad” entre ambos sectores.
El desfinanciamiento educativo no constituye, entonces, una consecuencia secundaria del ajuste fiscal, sino una pieza central del proyecto político del gobierno. La reducción sostenida de las partidas presupuestarias, la eliminación de mecanismos nacionales de financiamiento y el intento de reemplazar el sostenimiento estatal por esquemas de vouchers y subsidios a demanda apuntan a transformar de raíz el sistema educativo argentino. El objetivo no es únicamente gastar menos, sino redefinir el papel del Estado y someter aún más la educación a la lógica del mercado capitalista.
