“Ahora sí, guerra civil”: Bolivia, al borde de la insurrección

Cuando ganó las elecciones, advertimos que el de Rodrigo Paz era un gobierno atravesado por profundas contradicciones y que, justamente por eso, necesitaría tener extremo cuidado en la relación con los sectores populares. Sin embargo, desde que asumió medidas de ajuste y restricciones en medio de una grave crisis económica, combinando incapacidad para responder a las demandas sociales con una creciente inoperancia política frente a los movimientos populares.

Las movilizaciones ya articulan reivindicaciones territoriales, demandas salariales y cuestionamientos más amplios al Ejecutivo, recolocando a Bolivia en el centro de un verdadero laboratorio político y social, cuya intensidad y capacidad de movilización difícilmente encuentran comparación en otras partes del mundo.

En las últimas tres décadas, Bolivia acumuló una secuencia de crisis y procesos de movilización que transformaron al país en una de las expresiones más intensas de la lucha social y política de América Latina. La Guerra del Agua, en Cochabamba, en 2000; los enfrentamientos entre policías y militares en pleno centro de La Paz, en febrero de 2003; la Guerra del Gas y la caída de Gonzalo Sánchez de Lozada en octubre del mismo año; el intento de secesión de la llamada “Media Luna” oriental y el riesgo de guerra civil en 2008; la primera huelga general indefinida contra el gobierno de Evo Morales en 2010; la marcha indígena contra la carretera en el TIPNIS en 2011; y, posteriormente, el golpe de Estado de 2019, son apenas algunos de los momentos más agudos de esa trayectoria convulsiva.

Todo eso fue acompañado, innumerables veces, por marchas, bloqueos, huelgas, cercos de ciudades y paralizaciones nacionales que colocaron al país al borde del colapso político e institucional. En Bolivia, los métodos de movilización permanecen prácticamente los mismos: bloqueos de carreteras, ocupaciones, marchas de cientos de kilómetros y la capacidad de interrumpir la circulación económica del país siguen siendo instrumentos centrales de presión política y social.

Los bloqueos forman parte de la propia tradición histórica de lucha del país. Desde la Revolución de 1952, pasando por las guerras del agua y del gas, hasta las recientes crisis políticas, los bloqueos constituyen un instrumento central de presión social y territorial de las organizaciones populares, indígenas, mineras y campesinas. En un país profundamente dependiente de la circulación vial para abastecimiento, combustible e integración regional, cortar carreteras significa alcanzar directamente las formas de funcionamiento económico y político del Estado.

Más que formas ocasionales de protesta, forman parte de la propia vida cotidiana y de la cultura política boliviana. Movilizarse, bloquear y ocupar el espacio público se volvió, para amplios sectores populares, una forma concreta de existir políticamente, de disputar poder y de arrancar respuestas del Estado.

Y es justamente ahí donde aparece la enorme dificultad de comprender la complejidad boliviana. Se trata de un país donde conviven, de manera desigual y combinada, elementos de relaciones sociales precapitalistas, formas comunales de propiedad de la tierra, economías campesinas e indígenas, y estructuras modernas de explotación minera, además de una poderosa tradición sindical y popular.

La lucha de clases en Bolivia frecuentemente parece escapar a los esquemas tradicionales de análisis y no encaja fácilmente en el panorama mundial marcado hoy por el avance de gobiernos reaccionarios, por la fragmentación social y por la desmovilización política en muchos países. Mientras en gran parte del mundo prevalecen la apatía social y el retroceso organizativo, Bolivia continúa demostrando una impresionante capacidad de movilización colectiva, radicalización popular y crisis permanente del orden político.

Frente a la ampliación de la crisis, el gobierno pasó a endurecer su discurso y sus acciones represivas, recurriendo a operaciones conjuntas entre policía y Fuerzas Armadas, amenazas de estado de sitio y acusaciones de desestabilización política. Al mismo tiempo, una parte importante del discurso oficial intenta reducir la complejidad del conflicto a una supuesta articulación del “evismo” o del narcotráfico. Aunque sectores ligados a Evo Morales procuren evidentemente capitalizar el desgaste del gobierno e intervenir en la situación, atribuir toda la crisis apenas a Evo o al narcotráfico simplifica un problema mucho más profundo: la ruptura entre el gobierno Paz y sectores populares que inicialmente lo apoyaron, el deterioro económico, los conflictos agrarios, la inflación, la crisis de abastecimiento y la incapacidad del gobierno de construir legitimidad política y canales estables de negociación social.

La osadía de tocar las tierras comunales

El conflicto actual tuvo como uno de sus principales detonantes la llamada Ley 1720 de “reconversión de tierras”, interpretada por organizaciones indígenas y campesinas como un intento de ampliar la concentración fundiaria y fortalecer los intereses del agronegocio y de los sectores agroindustriales.

La ley fue promovida por Branko Goran Marinković, actual presidente del Senado y representante del agronegocio del oriente boliviano. Marinković ya fue ministro de la ex presidenta golpista Jeanine Áñez y uno de los principales articuladores del intento de rebelión separatista de 2009, cuando terminó exiliándose en Brasil después del fracaso de la intentona. Hoy, esa misma figura presenta una ley que nada tiene que ver con el desarrollo de los campesinos o con una supuesta modernización productiva, como fue propagandizado por el gobierno. Lo que estaba detrás de la medida eran los intereses del agronegocio oligárquico, que busca avanzar sobre las tierras comunales y los territorios indígenas.

Veamos qué significa tocar las tierras comunales, porque es justamente ahí donde está el enorme costo político que el gobierno asumió al tocar algo tan sensible como la cuestión de la tierra en Bolivia. Después de la Revolución de 1952, los intentos del gobierno de apaciguar el proceso revolucionario fracasaron y, en 1953, el Estado fue obligado a conceder tierras a los campesinos por medio de la Reforma Agraria. En resumen, ocurrió el reparto de tierras, la prohibición del trabajo gratuito y la abolición del latifundio.

Posteriormente, en 1996, la Ley INRA fortaleció la titulación colectiva de las tierras indígenas, diferenciando jurídicamente la propiedad comunitaria de la propiedad privada. Más tarde, en 2006, la Ley n.º 3545 —también conocida como Ley de Reconducción Comunitaria de la Reforma Agraria— profundizó ese proceso al priorizar la propiedad colectiva en varias regiones del país.

O sea, lo que está en disputa hoy es la propia propiedad comunal de la tierra: una forma de propiedad que no puede ser expropiada ni transferida individualmente, escapando parcialmente de la lógica de la mercantilización capitalista. Se trata de formas comunales y colectivas de posesión de la tierra que sobreviven dentro de una sociedad capitalista dependiente y desigual, conservando elementos precapitalistas profundamente arraigados en la historia social e indígena boliviana.

El valor simbólico e histórico de la lucha por la tierra vuelve el contexto político boliviano todavía más interesante y rico en lecciones sobre la lucha de clases. En su carta a la revolucionaria rusa Vera Zasulich, escrita en marzo de 1881, Karl Marx defiende la importancia de las tierras comunales rusas al afirmar: “La comuna rural rusa, forma aún dominante en la inmensa extensión del imperio, puede gradualmente desprenderse de sus características primitivas y desarrollarse directamente como elemento de la producción colectiva en escala nacional. Es precisamente gracias a la contemporaneidad de la producción capitalista que ella puede apropiarse de todas sus conquistas positivas sin pasar por sus terribles vicisitudes.”

En el caso de Bolivia, la tierra fue, de cierto modo, reconquistada. Durante la colonización, los pueblos indígenas fueron sometidos a la servidumbre y obligados a trabajar tierras de las cuales habían sido expulsados. Sin embargo, después de la Revolución de 1952 y de la Reforma Agraria de 1953, parte de esas tierras volvió al control colectivo y comunitario. Siguiendo el razonamiento de Marx sobre la importancia de la propiedad comunal, él afirma además: “Si la revolución ocurre en tiempo oportuno, si concentra todas sus fuerzas para asegurar el libre desarrollo de la comuna rural, esta se convertirá rápidamente en un elemento regenerador de la sociedad rusa y en un elemento de superioridad sobre los países sometidos al régimen capitalista.”

En ese período, Marx discutía justamente que la transición hacia una sociedad sin clases no necesitaría seguir una única vía lineal, evolucionista y unidireccional. O sea, determinadas formas comunales podrían servir como punto de partida para formas superiores de organización social sin necesariamente repetir todo el tortuoso camino histórico del capitalismo occidental.

Obviamente, ese tipo de economía y forma de vida no está alineado con los intereses de los gobiernos de turno, tanto en Bolivia como en Brasil. Basta recordar, en el caso brasileño, las recientes luchas de los pueblos del Tapajós contra los intentos de privatización y control de los ríos y territorios amazónicos. Como afirmaba el Consejo Indígena Tapajós Arapiuns (CITA), “la movilización buscó denunciar y resistir el avance de un modelo de desarrollo depredador, que amenaza la vida del Tapajós y la existencia de comunidades tradicionales. Los proyectos del gobierno atraviesan territorios vivos y los ríos no son canales de exportación, son fuente de vida, sustento, memoria e identidad”. Del mismo modo, la dirigente Munduruku Alessandra Korap afirmaba: “No toleraremos la entrega de nuestros ríos a las multinacionales del agronegocio. Los ríos Tapajós, Madeira y Tocantins pertenecen al pueblo brasileño y no serán transformados en carretera para la soja.”

Son expresiones distintas de una misma contradicción histórica vivida hoy en el país del Altiplano: por un lado, formas colectivas de relación con la tierra, los ríos y el territorio; por otro, la expansión permanente del agronegocio.

El conflicto en torno a las tierras comunales revela justamente el choque entre formas colectivas de reproducción de la vida y los intereses del capital agrario, minero y financiero. Como el propio Marx observaba: “La comuna rural se encontró durante siglos sostenida por un cierto conjunto de condiciones históricas; pero actualmente se encuentra cercada por fuerzas hostiles de toda especie. El Estado la oprime, el capital la explota, el comerciante la saquea.”

Es justamente esa tensión histórica entre propiedad comunal y expansión capitalista la que ayuda a explicar parte de la intensidad de los conflictos agrarios y políticos que continúan atravesando la Bolivia contemporánea. Volviendo a la Ley 1720, el gobierno vendió la promesa de empoderar al pequeño productor rural y facilitar el fácil acceso al crédito. Fue en ese contexto que Branko Marinković lanzó la frase que amplificó todavía más el debate: “Si un campesino me dice que quiere vender media parcela y gastar el dinero con putas y bebida, que lo haga, la tierra es de él.” Esa sería la llamada “libertad agraria” de la que la oligarquía tanto gusta hablar. Obviamente, el resultado final de ese proceso ya es conocido: la apropiación de las tierras por los grandes grupos económicos y por el agronegocio.

Para eso, sería necesario alterar la propia definición jurídica de la tierra, transformando la pequeña propiedad en mediana propiedad, abriendo camino para la mercantilización y concentración fundiaria. Bajo el discurso de “modernizar el sector rural”, el gobierno se comprometió a impulsar la ley. El intento duró apenas 33 días. El 13 de mayo, el presidente fue obligado a dar un paso atrás para intentar contener el creciente malestar social. Pero la crisis ya había comenzado.

Así que los campesinos y comunidades indígenas comprendieron el alcance del proyecto y organizaron una gran movilización desde la Amazonia boliviana hasta la sede del gobierno, recorriendo más de mil kilómetros. Entre 500 y 600 comunarios marcharon para presionar al gobierno por respuestas. Las organizaciones indígenas y campesinas advertían que la ley abriría espacio para una mayor concentración de tierras y debilitaría las garantías de los territorios comunales. La crisis ya dejaba de ser apenas un tema económico: se transformaba abiertamente en una crisis política.

Sin embargo, el discurso del gobierno continuó marcado por las evasivas. Con los indígenas en vigilia a las puertas de la Asamblea Legislativa, presionando para que el presidente apareciera y enfrentara directamente el problema, el conflicto ganó dimensión nacional y el costo político de tocar los territorios indígenas pasó a alimentar todavía más el malestar social. En ese proceso de desgaste, sectores que inicialmente apoyaban la norma comenzaron a alejarse. La presión aumentaba y el gobierno se veía más y más acorralado.

Paz apostó a tener estabilidad y legitimidad con el capital político de las elecciones para impulsar su política económica. Pero lo que los tecnócratas de turno no comprendieron fue que la tierra, en Bolivia, posee un profundo contenido histórico, identitario y de poder para los sectores oprimidos que hoy tienen voz y capacidad de movilización. Como ya habíamos señalado anteriormente, el apoyo electoral recibido por el gobierno jamás significó un cheque en blanco. El discurso de “modernización”, tan defendido por los sectores de derecha, no consiguió sostenerse: perdió legitimidad y terminó produciendo nuevos conflictos.

El gobierno perdió legitimidad de manera muy rápida. Incapaz de resolver la crisis económica, terminó sumergiéndose también en una crisis política. Otros sectores productivos y populares de la sociedad comenzaron igualmente a entrar en movilización, como los trabajadores mineros, los obreros fabriles y los campesinos del altiplano. Las reivindicaciones pasaron entonces a atravesar prácticamente todos los aspectos de la vida social, política y económica del país, creando un escenario de difícil resolución.

Obviamente, la propiedad comunal de la tierra también representa una contradicción permanente para el Estado y para los intereses del capitalismo. Ella entra en choque con la lógica de la mercantilización total de la tierra y de los recursos naturales. Como señala Marx en los Grundrisse, el desarrollo del capital tiende históricamente a destruir esas formas comunales de apropiación de la tierra. La defensa del territorio indígena realizada por los pueblos del río Tapajós, en Brasil, expresa justamente esa misma resistencia: la lucha contra un sistema que destruye la naturaleza en beneficio de los intereses de pocos.

El capitalismo, a través del agronegocio, de la minería y de la expansión de las fronteras productivas, transforma bosques, ríos y territorios colectivos en mercancías privadas sometidas a la lógica de la codicia, de la exportación de soja y de la explotación mineral. Lo que está en disputa no es apenas la posesión de la tierra, sino diferentes formas de relación con la naturaleza, con el territorio y con la propia reproducción de la vida social.

Trayendo nuevamente a Marx para el debate, él señala en la discusión sobre la acumulación primitiva la importancia central de la separación entre los productores y la tierra para el nacimiento del capitalismo: “La separación entre el trabajador y la tierra constituye la base del desarrollo de la propiedad privada y del capital.” (Grundrisse)

O sea, la permanencia de la tierra comunal representa, aunque de manera contradictoria y limitada, una barrera parcial a la completa mercantilización capitalista de la vida social de los territorios indígenas y campesinos.

El país bloqueado y la memoria de las insurrecciones

“La pesadilla del cerco indígena continúa incomodando el sueño del criollaje boliviano.”

En el momento en que escribimos, ya son más de 22 los días de bloqueos. El gobierno llama al diálogo pero, frente a los desaciertos y a la escalada de los conflictos en las últimas semanas, es difícil afirmar que habrá una salida negociada en el corto plazo. El desabastecimiento de alimentos y de insumos básicos ya es sentido no solo en la ciudad de La Paz, sino en gran parte del país. El número de bloqueos de carreteras supera los 50 puntos esparcidos por las principales vías bolivianas.

Es justamente en esas situaciones que el país se divide territorialmente de forma abierta. Lo que en otros lugares podría ser visto como una situación excepcional, en Bolivia puede emerger en cualquier momento. La fragilidad de la unidad nacional es producto de su propia formación histórica pasada y presente. El problema se encuentra en las raíces de un país profundamente marcado por divisiones sociales, regionales, étnicas y políticas, atravesado históricamente por la tensión entre los movimientos indígenas y populares y las élites tradicionales del país, hoy representadas por el presidente y por su gabinete ministerial.

Por eso, la ruptura del gobierno con el movimiento popular parece no tener retorno. A las movilizaciones de los indígenas amazónicos se sumaron también las reivindicaciones de los trabajadores convocados por la Central Obrera Boliviana (COB). “Estamos en las calles por convicción y no por intereses económicos. Este presidente y sus ministros incapaces no dieron solución a los problemas del país”, afirmó el secretario ejecutivo de la COB, Mario Argollo.

Con la convocatoria de una huelga general por tiempo indeterminado, la central obrera pasa a colocarse no solo como dirección de los trabajadores, sino también como referencia política más amplia del descontento social, llamando a la movilización a sectores campesinos, movimientos indígenas y a la población en general. O sea, sectores históricamente estratégicos y dinámicos de la economía boliviana, como los mineros, se solidarizan con los indígenas de la Amazonia y pasan a cuestionar abiertamente la legitimidad del gobierno, llegando inclusive a exigir su renuncia.

El gobierno hizo de todo para contener la revuelta popular. Obviamente, la única cosa que no hizo fue escuchar a los movimientos sociales y presentar una salida concreta para la crisis. Se mantuvo estrictamente en los límites de su proyecto de reformas neoliberales que pretende poner Bolivia todavía más al servicio de las élites: privatizar empresas, modificar la Constitución, imponer ajuste fiscal, retirar subsidios de la gasolina y profundizar medidas de mercado. La lista continúa.

A eso se suma el discurso ya conocido de responsabilizar a terceros por la crisis. En este caso, el gobierno procura atribuir los bloqueos a Evo Morales financiado por el narcotráfico, afirmando que los manifestantes serían financiados para bloquear carreteras. Es un intento del gobierno es construir una narrativa capaz de obtener respaldo en parte de la sociedad. Sin embargo, los días pasan y la solución no aparece de manera simple.

El gobierno opta por el endurecerse: manda a prender dirigentes sindicales, llama a los manifestantes vándalos y salvajes y multiplica ataques verbales para intentar ocultar el verdadero problema de fondo, que es la incapacidad de construir un país orientado a la mayoría de la población y no apenas a un sector privilegiado. Hasta el momento, el gobierno mantiene la represión policial bajo cierto control, buscando evitar que la situación provoque una explosión todavía mayor de la revuelta social. Al mismo tiempo, intensifica las amenazas contra las direcciones sindicales.

En ese contexto, la dirección de la COB, actuando parcialmente en la clandestinidad, divulgó declaraciones dirigidas a todo el país. “Queremos dejar claro para toda la población que el espíritu de parte de la dirección, especialmente de mi persona, estará junto con todos ustedes”, afirmó Mario Argollo en un video divulgado en las redes sociales. Luego agregó: “Muy independientemente de que seamos perseguidos, estaremos donde tengamos que estar. Y, si también nos prenden, estaremos junto con ustedes, mis compañeros y compañeras. Hermanos y toda la población, fuerza para mis hermanos, para todo el pueblo movilizado, porque aquello por lo que estamos luchando es justo y es por nuestro país”.

Eso, sin embargo, no es una novedad en la historia boliviana. Incluso durante el gobierno de Evo Morales, en 2010, el país vivió una huelga general acompañada de cercos y bloqueos de carreteras. Es importante destacar que esos métodos de lucha no se dirigen apenas contra gobiernos de derecha, sino contra cualquier gobierno que toque los intereses de los explotados y oprimidos. En aquel momento, el entonces vicepresidente Álvaro García Linera afirmaba: “Los que venimos de la lucha sindical sabemos que una huelga general por tiempo indeterminado posee contenido político; una huelga general por tiempo indeterminado es declarada para derribar gobiernos”. Ya Pedro Montes, dirigente de la COB en aquella época, respondía a las acusaciones diciendo que “este no es un problema político, es un problema económico, ligado a las necesidades de los trabajadores”.

Lo que queremos explicar es el sentido histórico y político de esos métodos de lucha en Bolivia. Los bloqueos, cercos y huelgas generales no aparecen apenas como instrumentos coyunturales de presión económica, sino como formas profundamente arraigadas de intervención directa de las masas en la vida política nacional. Se trata de mecanismos a través de los cuales trabajadores, indígenas y campesinos procuran imponer límites al Estado, disputar los rumbos del país y hacer valer sus demandas frente a gobiernos que, independientemente de su coloración política, entran en choque con los intereses populares. Es justamente esa continuidad histórica de la movilización la que transforma cada crisis boliviana en algo mucho mayor que un simple conflicto social episódico.

Lo que queremos comprender aquí es justamente el porqué de los bloqueos y cómo se llega a ese tipo de situación de manera casi espontánea, además de la enorme facilidad con que diferentes sectores consiguen unificar sus luchas. En muchos otros, países esto es mucho más difícil que ocurra y es frecuentemente incomprensible para observadores externos. En Bolivia, sin embargo, existe una impresionante capacidad de movilización de un pueblo que históricamente resiste y lucha contra ataques provenientes de diferentes gobiernos y sectores de poder.

Como señalamos al inicio de este texto, Bolivia parece vivir constantemente al borde de una insurrección. Y es justamente por eso que, como revolucionarios, debemos extraer lecciones de este verdadero laboratorio político y social. Para comprender eso, es necesario recurrir a la memoria histórica y retornar al punto más agudo de la Revolución de 1952, un proceso revolucionario que terminó truncado e incapaz de resolver plenamente la cuestión indígena y nacional.

Es en ese punto que Silvia Rivera Cusicanqui recupera la centralidad de la cuestión indígena y de los problemas históricos que permanecen abiertos hasta los días actuales. Como afirma la autora: “La continuidad de la situación colonial, que justifica la legitimidad de reivindicar las luchas anticoloniales del pasado, es matizada entonces por la discontinuidad y por la ruptura que significa la situación revolucionaria de 1952. La continuidad de la identidad india es matizada por el pasaje de indio a campesino encarnado en 1952 y frustrado por la reconstitución de la lógica oligárquico-señorial en la posrevolución.”

La Revolución de 1952 incorporó parcialmente a los indígenas y campesinos al Estado nacional, pero sin destruir completamente las estructuras coloniales, raciales y oligárquicas de la sociedad boliviana. La memoria de esas contradicciones permanece viva y reaparece en cada gran crisis nacional, ayudando a explicar por qué los bloqueos, cercos y movilizaciones continúan siendo vistos por amplios sectores populares no apenas como formas de protesta, sino como instrumentos legítimos de autodeterminación política y social.

Para eso, es posible comprender mejor por qué, incluso después de más de 80 años de aquellos acontecimientos de la Semana Santa de 1952, esas experiencias continúan presentes en el imaginario colectivo boliviano. El sociólogo René Zavaleta Mercado afirmaba: “La Revolución de 1952 significó el momento más alto de incorporación de las masas a la vida política nacional, pero esa incorporación fue contradictoria, incompleta y marcada por permanencias coloniales que nunca fueron plenamente destruidas.” (ZAVALETA MERCADO, Lo nacional-popular en Bolivia)

En el mismo sentido, Silvia Rivera Cusicanqui afirma en Oprimidos pero no vencidos: “Por todas esas razones, la memoria colectiva de la Revolución de 1952 significa apenas una ruptura parcial con el pasado, frente a la evidente continuidad de las prácticas de discriminación y de ‘pongueaje político’ y frente al persistente ejercicio de la alteridad cultural y organizativa de los comunarios aymaras.”

En parte, eso ayuda a explicar los años en que Evo Morales consiguió permanecer en el poder y, al mismo tiempo, ampliar la visibilidad política y social de los diferentes sectores indígenas del país. También ayuda a comprender el profundo rechazo existente contra todo aquello que aparece como “modernidad” impuesta por una élite blanca tradicional, frecuentemente identificada por las masas indígenas y populares como continuidad histórica de las estructuras coloniales y oligárquicas que velan por sus propios intereses.

Continuemos explicando la relación de la memoria larga, que remonta al período colonial, con la resistencia indígena frente a la ocupación y al avasallamiento impuesto por el colonizador. La figura de Túpac Katari expresa justamente ese proceso histórico. Como liderazgo del gran cerco a la ciudad de La Paz, en 1781, Katari dirigió aquello que fue uno de los mayores levantamientos anticoloniales de América, cuando miles de rebeldes bloquearon los accesos de la ciudad para enfrentar la explotación colonial y el régimen de trabajo forzado impuesto por los españoles. Desde entonces, la ciudad de La Paz pasó a convivir históricamente con el “cercamiento” como forma de presión política y social de las masas indígenas y populares.

Continuando esa reflexión, Silvia Rivera Cusicanqui afirma: “La percepción de la continuidad colonial revela el predominio de la memoria larga sobre la memoria corta y es fuente de identidad política autónoma, que no admite sustitución.”

O sea, los bloqueos contemporáneos no surgen apenas de reivindicaciones inmediatas o coyunturales. Ellos cargan una memoria histórica acumulada de resistencia, autodeterminación y enfrentamiento al poder colonial, oligárquico y estatal. Sin comprender esa dinámica profunda, el gobierno actual parece tener los días contados. Puede reprimir y sobrevivir durante algún tiempo, pero su legitimidad ya comienza a presentar señales de agotamiento. El gobierno no comprendió el verdadero significado del apoyo recibido en las últimas elecciones, tratándolo como un cheque en blanco para aplicar medidas contrarias a los intereses populares.

En el mismo sentido, Silvia reafirma: “Movilizaciones, bloqueos y cercos expresan no apenas reivindicaciones económicas inmediatas, sino la permanencia histórica de formas de autodeterminación colectiva que sobreviven al intento permanente de integración subordinada al Estado y al capital.” Es justamente esa permanencia histórica de la memoria larga la que ayuda a explicar por qué, en Bolivia, las luchas pueden rápidamente asumir carácter nacional, articulando indígenas, campesinos, mineros, trabajadores urbanos y sectores populares en torno de métodos de lucha que atraviesan siglos de historia.

La autodeterminación de las masas y los límites del Estado

Las masas superan al propio Estado. En el marxismo revolucionario, eso normalmente es utilizado para analizar experiencias revolucionarias de décadas o incluso siglos pasados: la Revolución Rusa, la Revolución China o los procesos revolucionarios de la posguerra. En general, se trata de momentos excepcionales, y no de algo que emerge cada vez que un conflicto afecta a un país. Sin embargo, en Bolivia, la excepcionalidad parece transformarse en permanencia histórica.

Como ya mencionamos, en las últimas décadas Bolivia vivió más de diez grandes momentos de movilización nacional que pusieron a prueba todos los límites del Estado. Y es justamente en esa situación que se encuentra hoy el gobierno de Rodrigo Paz. La propia derecha oligárquica comienza ahora a presionar por el desbloqueo del país. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Stello Cochamanidis, exigió que el gobierno desbloquee las carreteras hasta este domingo y advirtió que, en caso de que eso no ocurra, saldrán para desbloquear Santa Cruz: “Ustedes tienen hasta este domingo para desbloquear.” Al mismo tiempo, la población paceña también comienza a demostrar impaciencia frente al poco margen de maniobra del gobierno para resolver los problemas del país. Eso profundiza elementos de polarización social y abre tendencias peligrosas de enfrentamiento civil.

Es justamente en esa crisis permanente del Estado boliviano que el pensamiento de René Zavaleta Mercado adquiere enorme actualidad: “Bolivia es una formación social abigarrada, donde no apenas se sobrepusieron diferentes épocas económicas sin combinarse completamente, sino donde también coexisten estructuras sociales y culturales correspondientes a distintos momentos históricos. Es un país donde conviven simultáneamente formas comunales, relaciones serviles, economía mercantil simple y capitalismo moderno.” Y continúa: “La crisis es el momento en que la sociedad se mira a sí misma. Es el instante privilegiado del conocimiento porque las clases sociales, las regiones, las memorias y las contradicciones ocultas emergen de manera abierta y condensada.” Difícilmente sería posible encontrar una definición más precisa para los acontecimientos actuales.

Las masas irrumpen repentinamente, convirtiéndose en actores sociales y sujetos políticos que ya no aceptan ser silenciados o subordinados por un Estado incapaz de responder a las contradicciones del país. Trabajadores, mineros, campesinos e indígenas pasan a colocarse como sujetos activos de la vida nacional, disputando los rumbos del país e imponiendo límites a los intereses del capital. Las propias masas construyen y, al mismo tiempo, destruyen, a través de su irrupción política, las diferentes formas de gobierno, en un movimiento constante entre los socavones de las minas, las fábricas, las parcelas de tierra, las carreteras bloqueadas y los palacios de gobierno.

Como advertía René Zavaleta Mercado, “la crisis es el momento privilegiado del conocimiento”. En Bolivia, cada crisis recoloca en escena no apenas disputas económicas inmediatas, sino también memorias históricas profundas, formas comunales de organización y la permanente irrupción de las masas populares en la vida política nacional. El gobierno Rodrigo Paz creyó que podría administrar tecnocráticamente un país cuya estabilidad siempre dependió de delicados equilibrios entre Estado, movimientos sociales y la cuestión territorial. El resultado fue que, en pocos meses, el conflicto agrario se transformó nuevamente en una crisis política nacional.

El desafío de la organización revolucionaria

Lo que queda como cuestión central es qué salida puede ser dada a una situación como la que se vive hoy en Bolivia. En parte, eso pasa por la construcción de un partido revolucionario capaz de sintetizar políticamente todo lo que fuimos contando. Sin comprender los diferentes aspectos históricos, nacionales, indígenas, comunales y de clase que atraviesan la sociedad boliviana, se vuelve imposible construir inserción popular duradera entre amplios sectores de la población.

Existieron algunos ejemplos históricos de organizaciones que intentaron cumplir ese papel. Pero muchas veces debido al sectarismo y a la incapacidad de comprender la complejidad de la formación social boliviana, no pasaron de algunas decenas o, como máximo, centenas de militantes, con poca inserción real en el movimiento de masas y entre los trabajadores. El desafío para los revolucionarios es justamente comprender esa realidad y lanzar los cimientos de un partido político capaz de señalar una perspectiva para una Bolivia socialista, originaria y popular.

Las masas demuestran repetidamente disposición para superar los límites del Estado, como revela el actual conflicto. Sin embargo, el desafío estratégico está en avanzar hacia un estadio superior de organización y poder popular. Eso significaría impulsar formas de autoorganización capaces de discutir los destinos del país a partir de los propios trabajadores, indígenas, campesinos y sectores populares movilizados. La necesidad de una asamblea popular que centralice esas demandas y construya un órgano político propio de las masas reaparece como una posibilidad histórica frente a la crisis permanente del Estado boliviano.

Nuevas crisis surgirán más temprano o más tarde. Retomando nuevamente a René Zavaleta Mercado: “Las crisis bolivianas son momentos de condensación histórica en los cuales reaparecen simultáneamente la memoria colonial, la revolución inconclusa de 1952 y las contradicciones contemporáneas del capitalismo dependiente.” Es justamente en esa condensación histórica que Bolivia continúa revelando, de forma dramática y explosiva, los límites de su Estado, las permanencias coloniales de su formación social y la permanente irrupción de las masas como sujeto político de la historia. Bolivia continúa siendo uno de los pocos lugares del continente donde las masas populares siguen demostrando que la historia todavía puede ser abierta por la irrupción directa de los explotados y oprimidos.

Bibliografia

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Silvia Rivera Cusicanqui. Oprimidos pero no vencidos: luchas del campesinado aymara y qhechwa, 1900-1980. La Paz: HISBOL-CSUTCB, 1984.

René Zavaleta Mercado. Lo nacional-popular en Bolivia. México: Siglo XXI, 1986.

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MARTÍN CAMACHO. “Bolívia: fortes mobilizações desafiam o governo de Rodrigo Paz”. Esquerda Web. Acesso em: 22 maio 2026.