Túnez: la sociedad civil criminalizada

Un manifestante sostiene una pancarta en la que se lee en árabe “Resistir, no ceder” durante una marcha masiva celebrada bajo el lema “El pueblo tiene hambre, las cárceles están llenas” por los barrios populares de Túnez, la capital tunecina, el 16 de mayo de 2026. Imagen: Chedly Ben Ibrahim / NurPhoto vía AFP

LONDRES – En mayo, la abogada y periodista tunecina Sonia Dahmani fue condenada por segunda vez este año. Su última sentencia, de dos años de cárcel, se produjo como reacción a sus críticas a las malas condiciones carcelarias. Anteriormente había sido condenada a 18 meses de cárcel por denunciar las políticas antimigratorias del gobierno. Dahmani se enfrenta a otros cinco cargos en virtud de una ley de delitos informáticos de 2022 que tipifica como delito la difusión de lo que denomina «información falsa».

Dahmani es una de las muchas víctimas del presidente Kais Saied, que sigue llevando a Túnez por un camino cada vez más represivo. Saied ganó unas elecciones libres y justas en 2019, pero en 2021 destituyó al primer ministro y al Parlamento, pasando a gobernar por decreto.

Al año siguiente, reescribió la Constitución para otorgarse un poder casi absoluto, lo cual se aprobó en un referéndum con baja participación celebrado después de que las principales voces de la oposición hubieran sido encarceladas.

Cuando ganó su segundo mandato en 2024, los opositores creíbles ya habían sido criminalizados y se les había prohibido presentarse a las elecciones. Todo esto dista mucho de la democracia que surgió tras la Revolución de los Jazmines de 2011.

Creciente criminalización

La represión de Saied opera tras una fachada de legalidad, con el sistema de justicia penal actuando como herramienta de control presidencial.

En 2022, Saied destituyó a los jueces que no estaban de acuerdo con él y se otorgó a sí mismo el poder de controlar los nombramientos judiciales. Los tribunales ahora cumplen sus órdenes y encarcelan a los opositores.

Al menos nueve miembros del personal de organizaciones de la sociedad civil han sido condenados a penas de prisión en lo que va de año.

Los periodistas Borhen Bssais y Mourad Zeghidi fueron condenados en enero a tres años y medio de prisión por cargos falsos de blanqueo de capitales y evasión fiscal.

En el año pasado, 37 periodistas, abogados, políticos de la oposición y otros disidentes fueron declarados culpables de terrorismo y de conspirar para desestabilizar Túnez.

Tras un juicio masivo, a algunos se les impusieron penas de prisión de varias décadas. En noviembre de 2025, un tribunal de apelación —al que no se permitió asistir a los acusados— confirmó casi todas las condenas y agravó algunas penas.

La última fase de la represión se centra en los activistas antirracistas.

Desde 2023, Saied ha desplegado la estrategia populista de atacar a los migrantes africanos negros para desviar la atención de los problemas económicos que no ha sabido abordar. Ha acusado repetidamente a los migrantes de ser responsables de la delincuencia y el desorden, lo que ha avivado la violencia contra ellos por parte de las fuerzas de seguridad y la ciudadanía.

Saied ha tildado de traidores y agentes extranjeros a las organizaciones que defienden los derechos de los migrantes. La difamación allana el terreno para el encarcelamiento.

En marzo, Saadia Mosbah, presidenta de Mnemty, una asociación tunecina que lucha contra el racismo, recibió una impactante condena de ocho años por falsos cargos de enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales. Cinco de sus compañeros fueron condenados junto a ella.

Mnemty se enfrenta a la amenaza de cierre, como parte de un ataque a las libertades de asociación que ha provocado la suspensión de docenas de otras organizaciones de la sociedad civil. Cientos más podrían sufrir el mismo trato.

En 2024, los tribunales ordenaron el cierre del Consejo Tunecino para los Refugiados. El pasado noviembre, dos de sus líderes, Mustapha Djemali y Abderrazek Krimi, fueron condenados a dos años de prisión por delitos tipificados en una ley de 1975 sobre pasaportes y documentos de viaje.

Nadie parece estar fuera del alcance del Estado. En marzo, un juez ordenó la prisión preventiva de siete personas acusadas de blanqueo de capitales por su participación en la primera Flotilla Global Sumud, que el pasado octubre intentó llevar ayuda humanitaria a la población sitiada de Gaza.

Por su parte, el hecho de ser una de las organizaciones galardonadas con el Premio Nobel de la Paz de 2015 no sirvió de protección para la Liga Tunecina de Derechos Humanos.

El grupo fue sancionado con una suspensión de un mes en abril.

Para las organizaciones de la sociedad civil, la suspensión marca el inicio de un proceso que puede conducir a la disolución. Estas organizaciones también se enfrentan a la congelación de activos, a demandas judiciales y a investigaciones fiscales. La combinación de criminalización, acoso judicial y difamación impuesta desde arriba da lugar a un efecto disuasorio generalizado.

Los jueces que no siguen las órdenes de Saied también corren peligro. Anas Hmedi, presidente de la Asociación de Magistrados Tunecinos, es objeto de un proceso penal desde 2022, y en enero se le notificó una citación por nuevos cargos.

Europa apenas se pronuncia

Los tunecinos siguen protestando. Cientos de personas se manifestaron en la capital, Túnez, el 6 de junio para exigir libertad de prensa y la liberación de los presos políticos. En mayo, los manifestantes también denunciaron la incapacidad de Saied para hacer frente a la crisis económica. Pero necesitan apoyo internacional.

El pasado mes de octubre, Saber ben Chouchane fue condenado a muerte por criticar a Saied en Facebook. Las autoridades interpretaron sus publicaciones como delitos de intento de cambiar la forma de gobierno, injurias al presidente y difusión de información falsa.

Pero esta vez la represión salió por la culata. La severidad de la sentencia provocó tal indignación internacional que Saied se vio obligado a indultarlo y ponerlo en libertad. Esto demuestra que las críticas internacionales pueden marcar la diferencia.

El Parlamento Europeo alzó la voz el pasado mes de noviembre, aprobando una resolución en la que se pedía la liberación de los presos políticos y la derogación de las disposiciones sobre información falsa. Pero estos gestos tienen sus límites, como demuestra el hecho de que Saied haya tachado la resolución de «injerencia flagrante».

La resistencia a la autocratización requiere algo más que palabras, pero la Unión Europea (UE) no está actuando. Se encuentra en una posición débil frente a Saied porque paga al Gobierno tunecino para que ayude a impedir que los migrantes crucen a Europa y, en abril de 2025, clasificó a Túnez como país de origen seguro.

Esto significa que considera que los migrantes pueden ser deportados allí partiendo de la base de que no correrán riesgo de persecución, una afirmación que suena a falso para las numerosas personas de la sociedad civil que se encuentran ahora en la cárcel.

Las políticas de la UE han contribuido al aumento del número de migrantes en Túnez, ya que las personas pueden llegar hasta allí, pero no más allá. Esto las convierte en un blanco fácil para que Saied las utilice como chivos expiatorios.

La UE debe asumir su responsabilidad y cambiar de rumbo. Debe reconocer que los derechos de los migrantes en Túnez no están protegidos y que, en la situación actual, solo la sociedad civil puede hacerlo.

En sus relaciones con Túnez, debe insistir en que se respeten las libertades de la sociedad civil y en que las personas sean libres tanto de defender los derechos de los migrantes como de criticar las decisiones del gobierno. Si sigue guardando silencio, se convertirá en cómplice de la consolidación de una dictadura.

Andrew Firmin es redactor jefe de Civicus, codirector y redactor de Civicus Lens y coautor del Informe sobre el Estado de la Sociedad Civil de la organización.

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