DECLARACIÓN DE SANTIAGO DE COMPOSTELA DE LA FAPE

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha aprobado en la Asamblea General celebrada recientemente en Santiago de Compostela el apoyo a la decisión de la Mesa del Congreso de los Diputados de suspender cautelarmente la acreditación de periodistas a dos agitadores sociales por transgredir el reglamento de la Cámara con actuaciones que nada tienen que ver con el periodismo y que perturban la convivencia democrática. Por esa razón, el Congreso aprobó el pasado año la actualización de esta normativa interna con el fin de preservar el ejercicio de los periodistas parlamentarios y acabar con prácticas impropias de un país democrático.

Se trata de una medida que la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP), vinculada a la Federación, y la propia FAPE reivindicaban desde hace tiempo, al considerar que estas actuaciones respondían a intereses más próximos a la confrontación partidista que al ejercicio del periodismo. Desde la FAPE entendemos que la actualización del reglamento de la Cámara, y su aprobación, es una victoria para la profesión. No obstante, lamentamos que la resolución parlamentaria no haya sido respaldada por todos los grupos políticos representados en el Congreso y, más aún, que defiendan las actuaciones y el comportamiento de estos agitadores, habiendo llevado incluso a uno de ellos como protagonista destacado del cierre de una campaña electoral.

La FAPE reitera, en este sentido, el grave perjuicio que las actuaciones de las personas sancionadas ocasionan al ecosistema mediático. Amparándose en una mal entendida libertad de expresión, ocupan nuestro espacio, torpedean las ruedas de prensa y boicotean comparecencias faltando al respeto a los compañeros y, sobre todo, a los ciudadanos, a los que tratan de engañar. Sus comportamientos no cumplen con los mínimos estándares de conducta y confunden deliberadamente los papeles de militante e informador.

Esos comportamientos vulneran los principios básicos de la libertad de expresión y el derecho a la información en los que precisamente se escudan para justificarlos. El libre ejercicio del periodismo por el que luchamos no es eso. Nuestra arma es la información veraz, comprendida, contrastada y contextualizada; rigurosa y ajustada a los códigos deontológicos y refractaria a los bulos y la posverdad que circulan por las redes sociales y que, en su mayor parte, responden a estrategias premeditadas.

La Federación desea subrayar que no cuestiona en modo alguno la formulación de preguntas incómodas. La labor periodística exige indagar, fiscalizar a los responsables de la vida pública y plantear cuantas cuestiones resulten necesarias para garantizar el derecho de la ciudadanía a recibir una información veraz. Ahora bien, ese ejercicio debe desarrollarse siempre dentro de los márgenes del respeto, la convivencia y las normas que rigen los espacios institucionales.

No controlar estos abusos es insultar a la profesión y a sus profesionales, algunos de los cuales han recurrido a la FAPE para pedir amparo ante el acoso recibido por parte de estos instigadores. La última solicitud de estas características la ha hecho la propia APP por sentirse atacada por las personas sancionadas y sus jefes. Esta circunstancia confiere mayor gravedad a la situación, ya que es una asociación, que representa a periodistas de distintas sensibilidades, pero que ejercen bajo estándares éticos, la que hace la petición, y no un solo individuo.

Desde hace tiempo, la FAPE viene advirtiendo del riesgo que la polarización política y la creciente crispación en el espacio público y mediático entrañan para el ejercicio del periodismo, al erosionar la confianza de la ciudadanía en la información y, por tanto, en la credibilidad de sus profesionales. Frente a ello, resulta imprescindible reivindicar el valor de un periodismo honesto, veraz, riguroso, comprometido con el contraste de los hechos, el respeto a los principios deontológicos y el servicio al interés general. En una sociedad democrática, el periodismo es un pilar esencial para la formación de una opinión pública libre, crítica e informada.