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Imagen Greg Rakozy - unsplash
La legitimidad hace referencia a la cualidad del poder político cuya autoridad emana de un amplio consenso social que se traduciría en un compromiso entre quien gobierno o manda y quien es gobernado o mandado. La ruptura de este pacto deslegitimaría el poder, obligándole a emplear la violencia para ser obedecido.
La primera vez que se empleó este concepto fue en la Europa de la Restauración, en el Congreso de Viena, cuando se estableció el principio de legitimidad para justificar la devolución del trono a los monarcas que habían sido destronados por Napoleón, como en el caso español con Fernando VII, ya que su soberanía emanaba de la denominada “gracia de Dios”.
Pero el concepto evolucionó en el tiempo y en las democracias se establece que un sistema político es legítimo cuando el poder procede del pueblo, el cual, a través de sus representantes, crea y aprueba las leyes. La legitimidad quedaría reforzada con los otros principios propios de una democracia: la división de poderes, el reconocimiento y garantía de derechos, y la pluralidad política. Por eso, en España se ha considerado por una parte importante de la misma como ilegítimas las dictaduras existentes en la época contemporánea, especialmente la de Franco porque su régimen procedería de un golpe de Estado y de una guerra, y no del pueblo, además de no cumplirse las otras características de las democracias.
