El doctor Ortega y la política sanitaria sobre las viviendas

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En 1909 ingresó en el Cuerpo Médico de Prisiones y allí comenzó su vocación ante los grandes problemas higiénicos que padecían las cárceles españolas. En 1911 se preocuparía de la higiene escolar de Madrid hasta 1918, en el que, como subdelegado-inspector municipal de Sanidad se dedicó a la concienciación de esta fundamental cuestión en el ámbito municipal, además de realizar una intensa campaña sanitaria en la capital de España. En 1924 presidió la Junta Provincial de Sanidad, para ser después nombrado jefe técnico de la Oficina de Sanidad del Ayuntamiento madrileño. Su gran preocupación fue atender a los graves problemas que padecían las viviendas de la capital. Para ello realizó un estudio de las viviendas insalubres, logrando que se construyera la primera colonia de viviendas baratas municipales. Ideó un sistema para empadronar todas las fincas dedicadas a vivienda, que imitaron otras ciudades. Pero, además, presidió la sección de Legislación de la Sociedad Española de Higiene, siendo, además secretario de la misma. En 1931 se le concedió la Cruz de Beneficencia, y fue nombrado consejero de Sanidad y vocal del Patronato de Política Social inmobiliaria del Estado. Representó al Ayuntamiento de Madrid en los Congresos de Higiene de Lyon y Brighton. Por otro lado, desarrolló una intensa labor divulgativa en comunicaciones, folletos, artículos periodísticos y conferencias.

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Precisamente, una de esas conferencias, sobre la higiene del hogar en la lucha contra la tuberculosis, dada a fines de 1932 en el Instituto Municipal Antituberculoso, y luego publicada en Cultura Integral y Femenina, en su primer número de enero de 1933, nos sirve de fuente para acercarnos a los inicios de la política sanitaria de las viviendas, dada la autoridad del doctor Ortega. Pero, además, nos parece sugerente su opinión sobre cómo debería ser una adecuada política sanitaria de viviendas. Ortega consideraba que como antecedentes del interés por construir de forma higiénica se encontrarían las iniciativas de 1873 y 1875, cuando se fundaron, respectivamente en Madrid “El Porvenir del Artesano”, sociedad cooperativa, y “La Constructora Benéfica”, de las que subsistían en los años treinta, al parecer, bastantes edificaciones. Ortega también aludía a la importancia urbanística de la Ciudad Lineal, cuya trazado comenzó a construirse en 1881 por la Compañía Madrileña de Urbanización.

Ortega afirmaba que en muchos países a la acción del Estado, de los municipios y las entidades particulares se había sumado con frecuencia el interés de filántropos individuales. Pero en España no existían esos ejemplos. El altruismo de los capitalistas españoles no se había prodigado, y cuando lo había hecho se había dedicado a la caridad, levantando conventos, iglesias, hospitales religiosos y asilos.

En 1921 se aprobaría la Ley de Casas Baratas, y con ella se iniciaría en España una primera política de vivienda, facilitando su construcción y apoyándola con primas, préstamos o con el aval del Estado (en todo caso, existe una Ley anterior de 1911). Al calor de la misma habían aflorado numerosas cooperativas (sabemos, por nuestra parte, el esfuerzo que, en este sentido hicieron los socialistas), y sociedades constructoras. Para Ortega se había construido mucho en los diez años largos que iban desde la aprobación de esa legislación hasta la conferencia, pero también era cierto, siempre según su opinión, que mucho de lo levantado no se había hecho adecuadamente, levantando colonias de casas baratas mal emplazadas e impidiendo el desarrollo urbanístico de algunas ciudades, además de que se había producido un fenómeno de especulación en torno a esas colonias. Además, consideraba que los Ayuntamientos españoles apenas habían prestado atención a este asunto de la construcción de viviendas baratas, a pesar de los estímulos y facilidades que otorgaba la ley, y las imperiosas necesidades sociales de vivienda.

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Ortega pensaba que no bastaba con edificar mucho y bien desde el punto de vista económico e higiénico, sino que también era preciso destruir y reformar. De lo contrario, por mucho que se edificase los hogares insalubres continuarían generando graves problemas sanitarios. Además, al ser más reducidos los alquileres de estas viviendas que los de las nuevas casas se fomentaba la corriente migratoria del campo a la ciudad, aumentado la presión demográfica sobre la última.

Era cierto que se había demolido mucho, pero como consecuencia de planes de reforma urbana llevados más por el deseo de embellecer las ciudades que por higiene, sin olvidar que algunos habían sido planes muy costosos y poco meditados. En España no se había seguido un método para luchar adecuadamente contra la vivienda insalubre. En su opinión, primero había que conocer la situación, a través de un empadronamiento o registro sanitario de las viviendas para conocer las que eran insalubres y por qué lo eran. Después habría que suprimir las trabas legales que persistían. Y, por fin, había que convertir en precepto, con todas sus radicales consecuencias, que el valor de las viviendas insalubres y el derecho de indemnización al ser destruidas eran nulos.

Ortega había insistido siempre en que era absurdo que los municipios prohibiesen la utilización de locales sin condiciones para cuadras, establos, almacenes o industrias, y sancionasen duramente el fraude o adulteración de alimentos, si al mismo tiempo se permitía el alquiler de viviendas en tugurios húmedos, sin luz ni ventilación, verdaderas “casas de tuberculosis”, y donde asombraba que no germinase en ellas el odio a la sociedad que las toleraba y cuya explotación amparaba, en una suerte de comentario de crítica social.

No se había divulgado lo suficiente lo nocivo que era la vivienda insalubre.

Hemos consultado el número 1 de Cultura Integral y Femenina, y que podemos consultar en la Hemeroteca Digital de la Biblioteca Nacional.