"No puede haber retroceso en la protección de los derechos humanos"

El Pleno de la Cámara regional ha aprobado este martes [7] una Proposición No de Ley (PNL) del Grupo Socialista en la que se insta al Gobierno de Canarias a manifestar su rechazo al nuevo Reglamento Europeo de Retornos aprobado recientemente por el Parlamento Europeo, al considerar que supone "un retroceso en la protección de los derechos fundamentales de las personas migrantes y solicitantes de protección internacional".

La iniciativa ha sido defendida por el diputado socialista Gustavo Matos, quien advirtió de que la nueva normativa europea endurece los procedimientos de expulsión de personas en situación administrativa irregular y abre la puerta a la creación de centros de retorno o deportación en terceros países fuera de la Unión Europea, una medida que ha suscitado la preocupación de organizaciones defensoras de los derechos humanos, expertos jurídicos y numerosas instituciones por las posibles vulneraciones de derechos fundamentales que podría conllevar.

Matos recordó que Canarias ocupa una posición singular como frontera exterior de la Unión Europea y subrayó que esta realidad obliga a las Islas a participar activamente en el debate sobre el futuro de la política migratoria europea.

En este sentido, defendió que el Archipiélago ha demostrado durante años que es posible gestionar los flujos migratorios desde la responsabilidad institucional sin renunciar a la defensa de la dignidad humana, la solidaridad y el respeto al derecho internacional.

El diputado socialista afirmó que Canarias "no puede permanecer ajena" a unas decisiones que afectan directamente a su realidad geográfica, social y humanitaria, y sostuvo que las respuestas al fenómeno migratorio no pueden fundamentarse en la externalización de responsabilidades ni en el endurecimiento de las políticas de retorno, sino en una estrategia europea compartida que sitúe los derechos humanos en el centro de la acción política.

La iniciativa socialista plantea que el Parlamento de Canarias inste al Gobierno autonómico a expresar formalmente su rechazo al Reglamento Europeo de Retornos por entender que supone un paso atrás en las garantías reconocidas por el Derecho de la Unión Europea y el Derecho Internacional.

Asimismo, propone rechazar de forma expresa la creación de centros de retorno en terceros países al considerar que generan serias dudas sobre el cumplimiento efectivo de las garantías jurídicas, el respeto de los derechos humanos y el principio de no devolución que protege a las personas refugiadas y solicitantes de asilo.

La PNL también reclama a las instituciones de la Unión Europea el desarrollo de una política migratoria común basada en la solidaridad entre los Estados miembros, la cooperación con los países de origen y tránsito y la protección internacional de las personas que se ven obligadas a abandonar sus hogares por conflictos, persecuciones o situaciones de extrema vulnerabilidad.

Además, el Grupo Socialista solicita que el Gobierno de Canarias continúe reforzando la colaboración con el Gobierno de España y con las instituciones europeas para garantizar una respuesta humanitaria, coordinada y respetuosa con los derechos humanos ante los desafíos migratorios que afectan al Archipiélago.

Matos defendió que la gestión de la migración constituye uno de los grandes retos europeos y que las soluciones solo serán eficaces si se construyen desde la cooperación y el respeto a los valores fundacionales de la Unión Europea.

En esta línea, reivindicó una política migratoria que combine una gestión ordenada de los flujos con la protección efectiva de los derechos fundamentales, la justicia, la solidaridad y la dignidad de las personas.

La iniciativa también expresa el respaldo del Parlamento de Canarias a la posición mantenida por el Gobierno de España en defensa de una política migratoria europea compatible con los principios recogidos en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.

Asimismo, prevé trasladar el acuerdo al Gobierno de España, al Congreso de los Diputados, al Senado, a la Comisión Europea, al Parlamento Europeo y al Comité Europeo de las Regiones, con el objetivo de hacer llegar la posición de la Cámara regional a las principales instituciones implicadas en el diseño de la política migratoria europea.