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Una mujer en La Habana utiliza un fogón a carbón durante uno de los recurrentes cortes del servicio eléctrico. La privación de combustible y de energía eléctrica en la isla conduce a una situación humanitaria que equivale a una destrucción semejante a la de "una Gaza silenciosa", según críticos en el Congreso de Estados Unidos y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Imagen: Jorge Luis Baños / IPS
“Los alimentos nunca deben utilizarse como instrumento de presión política. Las medidas que, a sabiendas, privan a una población de los medios para sobrevivir, atentan contra las garantías más básicas del derecho a la vida y menoscaban la esencia misma de la dignidad humana”, afirmaron los expertos.
La denuncia se acompaña se un llamado a la comunidad internacional y a la sociedad civil a actuar con rapidez para evitar que se instaure en la isla una “Gaza silenciosa”, como la que mencionaron recientemente cuatro miembros del Congreso de Estados Unidos durante su visita a Cuba.
El pasado julio, los congresistas Mark Pocan, Teresa Leger-Fernández, Maxine Dexter y Delia Catalina Ramírez, del opositor Partido Demócrata, visitaron Cuba, se reunieron con el presidente Miguel Díaz-Canel y otras autoridades, y condenaron el bloqueo energético impuesto por Washington a la isla.
Pocan dijo entonces que consideraba “una descripción acertada” la evaluación de uno de sus interlocutores cubanos, según la cual la situación de la isla podría describirse como “una Gaza silenciosa”.
En la isla “puede que no haya atentados con bomba, pero sin duda existen condiciones que impiden a la gente llevar una vida normal. No pueden ir a trabajar, no pueden conservar sus alimentos, no pueden acceder a suministros médicos ni vivir como antes”, afirmó Pocan.
La población en la palestina Franja de Gaza sufrió una destrucción de la mayor parte de su infraestructura y se bloqueó su acceso a alimentos, agua, albergue, higiene, salud y demás servicios esenciales durante los dos años de guerra (2023-2025) entre Israel y la milicia Hamas, con saldo de más de 73 000 muertes.
La declaración de los expertos, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, recordó que Estados Unidos ha ampliado las sanciones unilaterales dirigidas a sectores clave de la economía cubana desde junio de 2026.
Las últimas sanciones, anunciadas el 23 de julio, incluyen a las empresas energéticas, lo que ha bloqueado aún más la adquisición de combustible, incluso por razones humanitarias, en un momento en que Cuba enfrenta una grave escasez de carburante y recientemente sufrió su tercer gran apagón a nivel nacional.
La energía, el transporte, el riego y los servicios básicos están fallando simultáneamente, afectando de manera desproporcionada a mujeres, niños, personas mayores y otros grupos vulnerables, incluidos los campesinos y la economía rural, indicó la declaración de los expertos.
Expusieron que “las consecuencias humanitarias ya se están convirtiendo en una crisis en toda regla, que amenaza los derechos a la salud, a la vida, a la alimentación y al desarrollo”.
Señalaron los informes de que se están acumulando residuos sin recoger en algunas zonas de La Habana, lo que agrava el grave riesgo de propagación de enfermedades.
Organismos de la ONU en Cuba han advertido sobre los crecientes riesgos de inseguridad alimentaria y escasez de medicamentos y productos de primera necesidad en la isla.
Ello debido a los repetidos colapsos de la red eléctrica nacional y los apagones prolongados, que interrumpen los servicios de atención médica y provocan una grave escasez de medicamentos y de capacidad para el tratamiento del cáncer.
La escasez de combustible limita el transporte y la producción, menos financiamiento externo reduce las importaciones, las dificultades en pagos internacionales encarecen las operaciones comerciales, y los ciudadanos sienten cada día el impacto de la inflación.
Por ejemplo, el precio del arroz, producto básico en la dieta de los cubanos, subió 50 % en apenas tres meses, el aceite comestible duplicó su precio y el cilindro con gas para cocinar es un 60 % más caro que a comienzos de año.
La declaración recordó que el pasado 20 de julio el Departamento de Estado de Estados Unidos publicó un informe titulado “Cuba: la capital del comunismo del siglo XXI” en el que describe a Cuba como “una amenaza multifacética para la seguridad nacional de Estados Unidos y la estabilidad hemisférica”.
Al respecto, la declaración lamentó “la falta de pruebas concretas de que Cuba apoye el terrorismo o las actividades subversivas”.
Los expertos recalcaron que las medidas coercitivas unilaterales e ilegales de Estados Unidos contra Cuba contravienen el Artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas y forman parte de una estrategia más amplia de cambio de régimen que abarca el embargo impuesto a Cuba durante décadas.
Plantearon que “el gobierno de Estados Unidos debe cesar todas las amenazas y actos hostiles contra la soberanía de Cuba y revocar todas las medidas que ha impuesto al país que contravienen el derecho internacional”.
“El Consejo de Seguridad y la Asamblea General (dos instancias conductoras de la ONU) deberían abordar con urgencia estas amenazas como una cuestión de paz y seguridad internacionales”, añadieron los expertos.
Los firmantes de la declaración son George Katrougalos, experto en la promoción de un orden internacional democrático y equitativo; Zaina Jallad, relatora sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales en el disfrute de los derechos humanos, y Sofía Monsalve Suárez, relatora sobre el derecho a la alimentación.
Asimismo, Surya Deva, relator obre el derecho al desarrollo, y el Grupo de Trabajo sobre Campesinos y otras personas que trabajan en zonas rurales, integrado por Shalmali Guttal (presidenta), Carlos Duarte, Davit Hakobyan, Uche Ofodile y Geneviève Savigny.
