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Unos trabajadores patrullan un parque eólico situado en la playa de Tan Thanh, en la ciudad vietnamita de Go Cong. Los países de Asia y el Pacífico están avanzando hacia una transición ecológica a raíz del aumento de los precios del petróleo. Imagen: Thompson Le / Unsplash
BANGKOK – La inacción y el mantenimiento del statu quo de dependencia de los combustibles fósiles acarrean costes significativos. El cierre del estrecho de Ormuz, por ejemplo, provocó enormes pérdidas a la economía mundial, y muchos países de Asia-Pacífico sufrieron repercusiones negativas desproporcionadamente mayores.
Si estas economías hubieran contado con una combinación energética más diversificada, se habrían beneficiado de esa resiliencia en las circunstancias actuales.
La transición verde, sin embargo, conlleva un coste significativo: la inversión en sostenibilidad medioambiental. Esta inversión aporta beneficios y rendimientos tangibles, como un aire más limpio, una mejor salud, un entorno natural dinámico o la reducción de los impactos climáticos negativos. ¿Cuál es el balance general entre estos costes y beneficios, las oportunidades aprovechadas o perdidas, la innovación o el mantenimiento del statu quo?
Este balance global se traduce en decisiones que determinan una transición más rápida o más lenta hacia la sostenibilidad medioambiental y la transición verde. Cada una de ellas conlleva consecuencias fiscales, de inversión y de financiación con resultados socioeconómicos diferentes.
En general, debido a estas innumerables dimensiones, la toma de decisiones para la transición verde es intrínsecamente compleja. En principio, la humanidad nunca ha emprendido antes una transición verde y carece de modelos establecidos.
El Estudio Económico y Social de Asia y el Pacífico 2026 de la Comisión Económica y Social para Asia y el Pacífico (Cespap) arroja luz sobre este reto. El informe identifica vías de descarbonización que ofrecen menores costes y mayores beneficios, destaca los cuellos de botella que inflan los gastos, aclara las prioridades actuales y examina los impactos socioeconómicos. En resumen, el Estudio 2026 identifica opciones más económicas con mayor impacto.
Por ejemplo, en algunos países de Asia y el Pacífico, las opciones en materia de descarbonización son relativamente sencillas. Con una dependencia limitada de los combustibles fósiles, bajos riesgos de activos varados y intereses creados mínimos en las industrias del carbón, el petróleo y el gas, estas economías están impulsando la expansión de las energías renovables. Están superando los obstáculos de la descarbonización y obteniendo beneficios constantes de la energía libre de carbono.
Sin embargo, las economías que dependen en gran medida de los combustibles fósiles se enfrentan a dilemas más difíciles. Una reducción más rápida de las emisiones de carbono conlleva mayores costes inmediatos, que solo se ven compensados por beneficios a más largo plazo. Los mercados laborales se enfrentan a una mayor presión derivada de la recualificación prevista y del desarrollo del sector verde.
Estas economías se enfrentan a riesgos elevados y deben actuar con cautela. En última instancia, la transición verde exige economías fuertes y prósperas, capaces de suministrar bienes y servicios para construir un mundo libre de carbono.
En cuanto a los mercados laborales, los efectos netos de la transición verde sobre el empleo pueden ser positivos en general, aunque desiguales entre países y sectores. Las pérdidas de empleo en el sector de los combustibles fósiles, que pueden ser bruscas, suelen concentrarse en zonas ricas en minerales, con repercusiones en las industrias relacionadas.
Las eliminaciones progresivas del carbón registradas históricamente sin un apoyo gubernamental inmediato han dado lugar a un desempleo prolongado, la emigración de los jóvenes y el declive de las comunidades. Los trabajadores de más edad corren un riesgo especial de abandonar la población activa de forma permanente.
Por el contrario, los empleos verdes surgen de forma más gradual, a menudo en otros lugares, y requieren competencias diferentes. Este desajuste pone de relieve la necesidad de una planificación gubernamental proactiva —que incluya la recualificación subvencionada y la diversificación económica— para reorientar las competencias de los sectores en declive.
La inflación ofrece otro ejemplo de los dilemas a los que se enfrentan los responsables políticos que están llevando a cabo, o desean llevar a cabo, la transición verde. Una mayor inflación socava la actividad económica y complica la formulación de políticas orientadas a la transición.
Por ejemplo, las políticas de transición verde, como la tarificación del carbono, pueden aumentar gradualmente los precios y, por lo tanto, la inflación. Esto puede elevar los tipos de interés, obstaculizar las inversiones verdes intensivas en capital y plantear retos de estabilidad financiera para los bancos centrales. Las economías pueden tolerar una inflación moderada y estable, pero una inflación elevada y volátil socavará los esfuerzos de transición verde.
El Estudio 2026 también destaca que las intervenciones gubernamentales, como las subvenciones, pueden ser beneficiosas, pero también pueden fijar tecnologías subóptimas.
Todo en exceso puede resultar perjudicial. Las políticas gubernamentales deben orientar los objetivos y las prioridades —por ejemplo, la necesidad de un almacenamiento de energía mejor y más barato— y permitir que las personas y las empresas descubran las soluciones más eficaces.
Las herramientas políticas favorables al mercado, como los límites de emisiones tecnológicamente neutros, los planes claros a largo plazo y la simplificación de los trámites de autorización, son ajustes políticos importantes.
«Tomar las decisiones correctas, permitir que los mercados funcionen de manera justa» fue un mensaje sobre la acción climática del secretario general de la ONU, António Guterres, en 2025. El Estudio 2026 se basa en esto y hace hincapié en que los mecanismos de mercado pueden impulsar la descarbonización al identificar las mejores oportunidades. El informe también refuerza el llamamiento a tomar «decisiones correctas» para garantizar una transición justa e inclusiva.
A menudo hay caminos más fáciles y otros más difíciles para alcanzar un mismo objetivo. Teniendo debidamente en cuenta las diversas circunstancias nacionales, las economías de Asia-Pacífico deben avanzar progresivamente hacia un futuro con bajas emisiones de carbono, al tiempo que protegen el bienestar socioeconómico de sus ciudadanos.
No existe un conjunto universal de políticas, pero sí hay una dirección clara. Aunque algunos costes puedan parecer elevados hoy en día, la inacción resultaría mucho más costosa. En definitiva, las vías óptimas requieren un juicio pragmático y basado en datos: gradual cuando sea necesario, ambicioso cuando sea factible y siempre teniendo en cuenta quién asume los costes de hoy frente a los beneficios de mañana.
