Una Europa seca en tiempos de combustión

El Rin alcanzó mínimos históricos en varios puntos de Alemania y Países Bajos, mientras el Danubio descendió a sus niveles más bajos en 30 años en distintos sectores de Serbia y Rumanía.

A finales de julio, el 44% de las estaciones de medición del Rin y el 78% del Danubio registraban niveles de agua extremadamente bajos. El Po, el río más largo de Italia, llegó a un mínimo histórico cerca de Cremona y provocó que las autoridades elevaran a “alto” el nivel de alerta por sequía en todo el valle del mismo nombre. Esto se desarrolla mientras se mantienen temperaturas superiores a los 40 °C en numerosos países del centro y sur del continente, con previsiones de continuidad de la ola de calor.

Estos ríos constituyen arterias de la economía europea, en sus aguas se transportan mercancías y materias primas, se abastecen actividades agrícolas e industriales, participan en la generación eléctrica y proporcionan agua para numerosos usos. Cuando sus caudales se reducen hasta niveles extremos, las consecuencias comienzan a trasladarse hacia el funcionamiento de toda la economía.

El Rin llegó durante la última semana de julio a niveles nunca registrados en varios puntos de su recorrido. En Colonia y Lobith, localidad neerlandesa donde el río cruza desde Alemania hacia Países Bajos, las mediciones estuvieron por debajo de cualquier registro anterior. En Kaub, cerca de Coblenza y uno de los puntos fundamentales para determinar la navegabilidad del río, la profundidad alcanzó apenas 25 centímetros, igualando el mínimo histórico registrado en 2018.

Aunque las autoridades descartaron por el momento una paralización completa del transporte fluvial, los barcos tuvieron que reducir significativamente sus cargas para evitar encallar, lo que obliga a distribuir las mercancías entre un mayor número de embarcaciones. El problema tiene una dimensión continental, el Rin es una de las principales vías de navegación de Europa y conecta los grandes centros industriales de Alemania y otros países del centro del continente con el puerto de Róterdam y el mar del Norte.

La reducción de su caudal amenaza, por tanto, con transformar una crisis hidrológica en un problema de transporte, abastecimiento y circulación de mercancías. El impacto ya es visible en los precios, por ejemplo, transportar una tonelada de mercancías desde Róterdam hacia el sur de Alemania pasó de alrededor de 29 euros a cerca de 145 euros, un aumento de cinco veces.

Las industrias química y siderúrgica, junto con sectores de la producción manufacturera, dependen de esta red logística para recibir insumos y distribuir productos. Si las restricciones se prolongan, los mayores costos de transporte pueden trasladarse a los precios finales y provocar interrupciones en las cadenas de suministro. Una estimación del Instituto de Kiel calcula que las restricciones podrían llegar a restar hasta 0,2 puntos porcentuales al PIB alemán durante el trimestre.

Una situación igualmente preocupante se registra en el Danubio, que atraviesa diez países y constituye uno de los principales corredores fluviales del continente. A finales de julio, el río descendió hasta sus niveles más bajos en aproximadamente 30 años en varios sectores de Serbia y Rumanía, mientras Hungría enfrenta condiciones críticas en torno a Budapest y a la central nuclear de Paks.

La anguila, al borde de la extinción por su escasez y por el deseo humano de exclusividad

Esta central genera aproximadamente la mitad de la electricidad del país, y ahora funciona con capacidad reducida debido a las dificultades para garantizar una refrigeración suficiente y enfrenta la posibilidad de tener que desconectar sus reactores si las condiciones empeoran.

En Serbia, la escasez de agua obligó a reducir la producción de centrales eléctricas de carbón debido a las dificultades para refrigerar sus instalaciones; en Rumanía, las autoridades realizaron una explosión controlada para retirar una gran roca del cauce y aumentar el flujo de agua hacia la central nuclear de Cernavoda.

El problema no se limita a las centrales térmicas y nucleares, la reducción de los caudales también disminuye la capacidad de generación hidroeléctrica, creando una presión adicional sobre los sistemas eléctricos en un momento de temperaturas extremas y elevada demanda de energía.

La crisis del agua alcanza directamente a la agricultura y a los ecosistemas, por ejemplo, en el valle del Po, donde no de los efectos más graves se produce en su desembocadura. La reducción del caudal permite que el agua salada del mar Adriático avance río arriba e invada el lecho del río. Esta salinización altera los ecosistemas de agua dulce y amenaza las tierras agrícolas que dependen del río para el riego, ya que el agua con una elevada concentración de sal deteriora los suelos y perjudica los cultivos.

Un estudio reciente de World Weather Attribution no encontró una tendencia clara a largo plazo hacia una reducción de las lluvias en buena parte de Europa. Sin embargo, los investigadores señalaron que el calentamiento provocado por la actividad humana está aumentando la evaporación de la humedad debido al incremento de las temperaturas, haciendo más probables y severas las condiciones de sequía.

Aunque las precipitaciones no disminuyan necesariamente de forma constante, una atmósfera y unos suelos sometidos a temperaturas cada vez más elevadas pierden agua con mayor rapidez. A esto se suma el incremento de la demanda para consumo doméstico, agricultura e industria durante los períodos de calor.

La crisis hídrica debe entenderse, por tanto, como el resultado de una alteración del equilibrio entre el agua que llega a los territorios y la velocidad con que esta vuelve a evaporarse, circula o queda disponible para los ecosistemas y las actividades humanas.

La escasez de agua introduce necesariamente una disputa por su utilización. Cuando los caudales de los ríos caen a mínimos históricos, el agua que necesitan las ciudades para el consumo cotidiano entra en competencia con la utilizada por la agricultura, la industria, la generación eléctrica y la conservación de los ecosistemas.

El caso del Po muestra esta tensión con claridad, en cuanto, la reducción del caudal afecta simultáneamente a los agricultores que dependen del río para el riego, a los ecosistemas amenazados por la salinización y a la preocupación por garantizar el abastecimiento de agua potable. Algo similar ocurre en el Danubio, donde la disponibilidad de agua debe garantizar al mismo tiempo la navegación, la producción eléctrica y la refrigeración de instalaciones industriales y nucleares.

En esta disputa las grandes empresas y los sectores industriales disponen de mayores recursos financieros y capacidad tecnológica para garantizar suministros, trasladar los costos a los precios o invertir en infraestructura que les permita reducir su vulnerabilidad. Los pequeños agricultores, en cambio, enfrentan directamente la pérdida de cultivos, mientras que los sectores trabajadores y hogares con menores ingresos tienen menos posibilidades de absorber el encarecimiento de los alimentos, la energía y otros bienes provocados por las interrupciones productivas y logísticas.

Por eso, reducir la respuesta a llamados individuales para “consumir menos agua” oculta una parte fundamental del problema. El consumo doméstico importa, pero no puede equipararse al uso intensivo de agua de determinadas actividades productivas ni a las decisiones sobre cómo se distribuyen los recursos hídricos entre sectores. La pregunta pasa a ser quién decide qué usos tienen prioridad cuando el recurso escasea, qué intereses económicos son protegidos y quién termina pagando los costos.

De esta forma, la reducción de los caudales encarece el transporte y genera interrupciones en las cadenas industriales; la falta de agua limita la generación eléctrica y aumenta la presión sobre otras fuentes de energía; las pérdidas agrícolas repercuten sobre los precios de los alimentos; y el conjunto de estos efectos incrementa el costo de la vida.

Al mismo tiempo, Europa destina recursos crecientes al rearme y busca fortalecer su capacidad industrial y energética en un contexto de competencia interimperialista, mientras las condiciones ecológicas sobre las cuales funciona esa economía se vuelven más inestables.

De esta manera, la policrisis europea tiene una dimensión adicional, es decir, las crisis ambiental, energética, económica y social dejan de desarrollarse en compartimentos separados y comienzan a reforzarse mutuamente. El esquema puede resumirse como una cadena en expansión: calor, mayor evaporación, sequía, incendios, daños agrícolas, presión sobre los alimentos, problemas energéticos, encarecimiento del transporte y la producción y, finalmente, nuevas tensiones sociales.

La cuestión de fondo, por tanto, no consiste solamente en recuperar los niveles de los ríos o desarrollar nuevas tecnologías para administrar la escasez. El problema es la contradicción entre una economía capitalista que necesita expandir permanentemente la producción, el transporte y el consumo y unas condiciones ecológicas que imponen límites cada vez más visibles.

El calentamiento global está alterando la disponibilidad del agua al aumentar la evaporación, intensificar las olas de calor y favorecer períodos de sequía que repercuten simultáneamente sobre la agricultura, la energía, la industria y los ecosistemas. Frente a ello, las respuestas centradas exclusivamente en la adaptación o en la responsabilidad individual trasladan la responsabilidad y los costos hacia quienes tienen menor capacidad para asumirlos, mientras permanecen intactas las estructuras económicas que causan la crisis climática.

Los ríos secos de Europa no son solamente una señal de que falta agua. Son una señal de que están cambiando las condiciones materiales sobre las cuales se construyó la sociedad y el modelo económico actual. Y cuando la naturaleza comienza a dejar de garantizar aquello que la economía daba por descontado, la crisis deja de ser solamente ambiental, se convierte en económica, social y, finalmente, política.

Frente a esta realidad, hace falta una perspectiva anticapitalista y ecologista que coloque las necesidades sociales y los límites de los ecosistemas por encima de la rentabilidad privada. Esto supone cuestionar no solamente cómo se distribuye el agua, sino también qué se produce, para quién y bajo qué criterios. La crisis hídrica europea muestra que la defensa del ambiente no puede separarse de la lucha contra la desigualdad y la explotación. Enfrentar la crisis climática exige disputar el control sobre las decisiones económicas y construir una organización social en la que la producción esté subordinada a las necesidades de la mayoría y a las posibilidades naturales del planeta.

izqweb