CGT DENUNCIA EL AVANCE DEL PLAN DE DESMANTELAMIENTO DE LAS OFICINAS DE ATENCIÓN AL PÚBLICO EN CORREOS

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Desde CGT denuncian que el único argumento para acometer la clausura de estas 
oficinas de atención al público tiene su origen en la generación de ingresos 
económicos, cuando hablamos de una entidad pública con la tarea de prestar 
servicios a la ciudadanía. 
El sindicato ya se opuso públicamente a la oleada de cierres iniciada en 2025, que en 
la Comunidad de Madrid ya ha supuesto la pérdida de una treintena de oficinas y 
estafetas: “Consideramos que dichos cierres acarrean, como mínimo, tres graves 
perjuicios: Desvirtúan el rol de Correos como cohesionador social, debilitando el 
nexo entre las instituciones y la ciudadanía, conllevan el desplazamiento forzoso de 
trabajadoras/es, y la sobrecarga de las sucursales cercanas”. 

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En un comunicado reciente lo sitúan así: “¿De qué sirve la aprobación de los Servicios 
de Interés Económico General (SIEG), si cada vez existen menos puntos desde los 
que prestarlos? Se llenan la boca sobre el papel de Correos como vertebrador social 
y cohesionador territorial, pero la realidad es que el número de empleada/os y 
centros de trabajo disminuye a un ritmo galopante, degradando el servicio”. 
También critican que, si la empresa está procediendo de esta manera, es gracias al 
aval político que recibió a través de la reforma del Régimen Económico y Fiscal de 
Canarias (Ley 6/2025, de 28 de julio), mediante la cual se otorgó a Correos la potestad 
de cerrar oficinas en base a la cantidad de ingresos generada.  
Tanto el bipartidismo (PP y PSOE) como grupos nacionalistas (PNV o Coalición 
Canaria) votaron a favor de esta reforma que resultó muy aplaudida por la mayoría 
sindical de Correos. Por el contrario, CGT desde el primer momento señaló que dicho 
acuerdo parlamentario “contenía claroscuros e introducía aún más mecanismos 
neoliberales que atentan contra el carácter social de Correos”.