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Imagen unsplash
Desde CGT denuncian que el único argumento para acometer la clausura de estas
oficinas de atención al público tiene su origen en la generación de ingresos
económicos, cuando hablamos de una entidad pública con la tarea de prestar
servicios a la ciudadanía.
El sindicato ya se opuso públicamente a la oleada de cierres iniciada en 2025, que en
la Comunidad de Madrid ya ha supuesto la pérdida de una treintena de oficinas y
estafetas: “Consideramos que dichos cierres acarrean, como mínimo, tres graves
perjuicios: Desvirtúan el rol de Correos como cohesionador social, debilitando el
nexo entre las instituciones y la ciudadanía, conllevan el desplazamiento forzoso de
trabajadoras/es, y la sobrecarga de las sucursales cercanas”.
En un comunicado reciente lo sitúan así: “¿De qué sirve la aprobación de los Servicios
de Interés Económico General (SIEG), si cada vez existen menos puntos desde los
que prestarlos? Se llenan la boca sobre el papel de Correos como vertebrador social
y cohesionador territorial, pero la realidad es que el número de empleada/os y
centros de trabajo disminuye a un ritmo galopante, degradando el servicio”.
También critican que, si la empresa está procediendo de esta manera, es gracias al
aval político que recibió a través de la reforma del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias (Ley 6/2025, de 28 de julio), mediante la cual se otorgó a Correos la potestad
de cerrar oficinas en base a la cantidad de ingresos generada.
Tanto el bipartidismo (PP y PSOE) como grupos nacionalistas (PNV o Coalición
Canaria) votaron a favor de esta reforma que resultó muy aplaudida por la mayoría
sindical de Correos. Por el contrario, CGT desde el primer momento señaló que dicho
acuerdo parlamentario “contenía claroscuros e introducía aún más mecanismos
neoliberales que atentan contra el carácter social de Correos”.
