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El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad en la Cámara regional al Proyecto de Ley de Ordenación del servicio público de comunicación audiovisual de la Comunidad Autónoma de Canarias, la nueva Ley de Comunicación Audiovisual de Canarias, para pedir su devolución al considerar que el texto impulsado por el Gobierno de Canarias supone "dinamitar" todos los contrapesos institucionales, profesionales y parlamentarios que garantizaban hasta ahora el pluralismo social y político en los medios públicos canarios como Radiotelevisión Canaria (RTVC).
Para el Grupo Socialista, el Proyecto de Ley no nace para mejorar la operatividad del ente público Radiotelevisión Canaria (RTVC), sino que utiliza como excusa la parálisis derivada de la aplicación incompleta de la Ley 13/2014 para imponer un modelo de control gubernamental ya superado, debilitando de forma grave la independencia editorial y la función de servicio público de los medios de comunicación autonómicos.
La enmienda a la totalidad de devolución subraya que el marco normativo de la radio y la televisión pública, tanto en el ámbito estatal como autonómico, se ha construido históricamente sobre un principio esencial: el pluralismo político y social, consagrado en el Artículo 20.3 de la Constitución Española. Este principio se ha materializado durante décadas mediante mayorías parlamentarias reforzadas, mandatos desacoplados del ciclo político, órganos de control profesional y una fuerte rendición de cuentas ante el Parlamento autonómico.
Supresión de los consejos informativos
Sin embargo, los socialistas consideran que el Proyecto de Ley del Gobierno de Canarias rompe "de forma deliberada" ese equilibrio, y entre las medidas más graves, destaca la supresión de los consejos informativos, órganos llamados a velar por la independencia, la veracidad y las buenas prácticas periodísticas desde dentro de la propia redacción. "
En este sentido, la enmienda socialista denuncia que lejos de reforzarlos o garantizar su constitución, como ocurre en RTVE y en otros entes públicos europeos, la nueva ley los elimina y deja su eventual creación al arbitrio de los órganos de gobierno, vaciándolos además de contenido real.
A ello se suma la vinculación directa de los mandatos de la Junta de Control y de la Dirección General al mandato parlamentario, lo que rompe con el modelo de estabilidad institucional implantado en 2014 y contradice de forma clara el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación.
Desde el Grupo Socialista recuerdan que el Consejo Consultivo de Canarias ya ha advertido que esta regulación puede ser incompatible con el derecho europeo y comprometer la independencia funcional del ente público.
Concentración excesiva de poder de la Dirección General
La enmienda también denuncia la "concentración excesiva de poder" en la figura de la Dirección General, que podrá designar libremente al personal directivo sin procedimientos de concurrencia pública, autorizar la práctica totalidad del gasto del Ente y recibir delegaciones permanentes y sin límites de funciones esenciales. "Todo ello reduce de manera drástica el control parlamentario y favorece un modelo de gobernanza opaco y vulnerable a injerencias políticas".
Asimismo, el Grupo Socialista alerta que el proyecto deja abiertas las puertas a una externalización encubierta de los servicios informativos, al no definir con claridad qué se entiende por producción y edición de informativos, pese a la experiencia jurisprudencial existente y a los riesgos que esta indefinición entraña para la prestación directa del servicio público.
Falta de consenso político y social
Para el Grupo Socialista, la falta de consenso político y social agrava aún más la situación. "El Gobierno no ha dialogado con los grupos parlamentarios, ha ignorado a los profesionales y a las organizaciones sindicales y ha reducido al mínimo legal el trámite de información pública, sin una verdadera participación del sector".
Por todo ello, la enmienda a la totalidad solicita la devolución del Proyecto de Ley al Gobierno, "no para mantener el statu quo, sino para abrir un proceso real de diálogo y consenso que permita actualizar la normativa audiovisual sin sacrificar los principios democráticos que deben regir los medios públicos".
El Grupo Socialista reitera su disposición a trabajar en una nueva ley que garantice eficiencia, "pero también independencia, pluralismo y respeto escrupuloso a los estándares constitucionales y europeos".
