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La normativa educativa canaria, adaptada a la estatal, recoge estos principios para nuestra comunidad, principios que se tornan aún más necesarios, debido a los desafíos estructurales vinculados a la insularidad y a las brechas territoriales. Para afrontarlos no bastan las palabras: se requieren recursos y compromisos claros. La Ley Canaria de Educación establece un mínimo del 5 % del PIB de financiación educativa que no puede ser incumplido. Garantizar ese umbral no es un lujo, sino una obligación legal y política hacia nuestros y nuestras estudiantes, nuestras familias y nuestros equipos docentes.
Invertir en educación es invertir en justicia social, en igualdad de oportunidades y en convivencia pacífica. Es reconocer que la juventud de Canarias tiene tanto derecho como cualquier otra a participar activamente en la cocreación de una educación de calidad, inclusiva y relevante para su presente y su futuro. Es cumplir con la ley y con nuestra propia vocación democrática, porque aún queda mucho por hacer.
La educación no es un acto pasivo de recepción, sino un proceso activo de construcción colectiva, como así lo establece el artículo 27 de la Constitución Española y las sucesivas leyes que desarrollan este derecho. La juventud —los y las estudiantes y jóvenes de nuestras islas y del mundo— son el presente y el futuro y, por tanto, agentes necesarios de cambio, innovación y transformación social.
La historia educativa de España demuestra que los avances más significativos han llegado cuando la educación se ha situado en el centro del proyecto democrático. Desde la LODE hasta la LOGSE, la LOE o la actual LOMLOE, las leyes impulsadas por gobiernos socialistas han ampliado derechos, fortalecido la educación pública y profundizado en la igualdad de oportunidades. No es casualidad: detrás de cada una de estas normas hay una visión política que entiende la educación como pilar de la democracia, la cohesión y la paz social.
Este 24 de enero, día que la comunidad internacional dedica a la educación y que pone a la juventud en el centro de la escena educativa, hacemos un llamamiento firme: Canarias debe comprometerse con los recursos que la Ley Canaria de Educación exige. Solo así garantizaremos un sistema educativo que escuche, incluya y empodere a la juventud; solo así construiremos una sociedad más justa. El nuevo sistema de financiación autonómica presentado por el Gobierno de España, con más de 1.000 millones de euros adicionales cada año para el Archipiélago, nos ofrece una nueva oportunidad para cumplir lo mandatado por la ley y desarrollar con garantías todos sus principios básicos.
¿Antepondrá el actual Gobierno de Canarias los intereses partidistas a los derechos de la juventud canaria? La pregunta no es técnica, sino política. De elegir la primera opción, perderían nuestros niños y niñas, nuestra juventud y, en definitiva, perdería Canarias.
Escuchar a la juventud no es una opción. Es una responsabilidad democrática.
* María Esther Suárez Marrero es secretaria de Educación de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Canarias y concejala del Ayuntamiento de Arucas.
