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En el BOA del pasado 26 de enero se consumaba un nuevo episodio de esta deriva: el proyecto Turbuleta pasaba a convertirse en PIGA por decisión del Gobierno de Aragón. Un Plan de Interés General de Aragón, al menos en lo nominal. Porque la pregunta es inevitable: ¿interés general para quién?
La figura del PIGA, lejos de servir para ordenar y regular —que es lo que realmente necesita Aragón— se ha convertido, a juicio de CHA, en un instrumento que prioriza los intereses de grandes empresas frente a los del territorio. Un atajo administrativo que debilita los controles, acelera los trámites y reduce la capacidad de defensa de los municipios y de la ciudadanía.
La implantación de macroproyectos de renovables, plantas de biogás, centros de datos o explotaciones mineras se está haciendo de forma irracional, sin planificación territorial ni evaluación real de los impactos acumulativos. No responde a un modelo equilibrado de desarrollo, sino a un esquema extractivo que recuerda demasiado a una lógica colonial: los recursos se extraen aquí, los beneficios se marchan fuera y los impactos se quedan.
Este modelo genera agravios evidentes. Mientras a las grandes empresas se les conceden privilegios en forma de expropiaciones, ventajas fiscales o exenciones de tasas, las pequeñas iniciativas locales —ganaderas, agrícolas, turísticas o agroalimentarias— siguen enfrentándose a trabas, costes y una absoluta falta de apoyo. Ese supuesto interés general rara vez coincide con el interés del territorio.
Además, lejos de fijar población, estos proyectos ponen en riesgo la supervivencia de muchos municipios. En algunos casos, incluso la seguridad de sus habitantes, como ocurre con determinadas explotaciones mineras que multiplican el tráfico pesado por carreteras y travesías abandonadas durante décadas por las administraciones.
La destrucción del entorno natural amenaza directamente a un tejido económico mayoritariamente familiar, construido con esfuerzo durante generaciones. Turismo, agricultura y ganadería dependen de un territorio vivo, no de paisajes industrializados al servicio de decisiones tomadas a cientos de kilómetros.
Resulta especialmente preocupante la proliferación repentina de centros de datos en Aragón, gigantescos consumidores de energía y agua para los que no existe planificación alguna. Proyectos como Turbuleta, que prevé producir 87.000 toneladas anuales de combustible “verde” a apenas cinco kilómetros de Teruel, ponen en cuestión la disponibilidad real de recursos hídricos en la ciudad y en el Alto Jiloca. ¿Hay agua suficiente? ¿Se está evaluando con rigor o se mira hacia otro lado?
Desde la experiencia de CHA en el Gobierno de Aragón, defendemos la necesidad urgente de cambiar la forma en que se tramitan las evaluaciones ambientales: acabar con la fragmentación artificial de proyectos, reforzar los controles técnicos, garantizar la transparencia total y evitar que los propios promotores elaboren o financien los estudios que deberían fiscalizarles.
El Consejo de Ordenación del Territorio de Aragón ya advirtió en la pasada legislatura de la falta de planificación y de la imposibilidad de valorar los impactos acumulativos. Sus advertencias fueron sistemáticamente ignoradas. Tampoco se atendieron las peticiones de establecer directrices claras sobre renovables y paisaje, reclamadas incluso desde las Cortes de Aragón.
Defendemos que estos proyectos deben excluirse de espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, zonas ZEPA, territorios de alto valor agrícola, paisajístico o cultural y comarcas ya saturadas. Y, por el contrario, apostamos por suelos degradados, infraestructuras existentes, proyectos de pequeña escala, autoconsumo y gestión local.
Porque el desarrollo no puede seguir escribiéndose en el BOA sin contar con quienes habitan el territorio. Aragón no necesita más planes de “interés general” que ignoren a su gente. Necesita planificación, justicia territorial y respeto.
Javier Carbó Cabañero, candidato número 1 de Chunta Aragonesista (CHA) a las Cortes de Aragón por la circunscripción electoral de Teruel
