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La Segunda República y la democracia actual reconocieron y legislaron este derecho frente al franquismo que lo derogó y combatió en su presente y hasta en el pasado.
La primera vez que se reconoció legalmente el divorcio fue con la Segunda República. El artículo 43 de la Constitución de 1931 permitía que el matrimonio, fundado, por otro lado, en la igualdad de derechos para los contrayentes, podía disolverse a petición de cualquier de los cónyuges. Este precepto constitucional se desarrolló en la Ley del Divorcio de 1932.
En el bando sublevado se decretó la suspensión de las actuaciones judiciales en los pleitos de separaciones de cónyuges y divorcios con arreglo a la mencionada Ley, frente a la vigencia de la misma en la España republicana. Al terminar la Guerra civil se derogó la Ley del Divorcio de 1932, según una Ley de septiembre de 1939, justificando tal hecho porque el nuevo Estado español había anunciado desde un principio la derogación de toda la legislación considerada laica, devolviendo a las leyes españolas el sentido tradicional, que era el católico. Por eso, se derogó el matrimonio civil y también la legislación sobre el divorcio. Pero, además, la derogación tenía efectos retroactivos porque aquellas personas que se habían divorciado hasta entonces volvían a estar casadas, generando graves problemas personales y familiares, siendo la mujer la parte siempre más perjudicada.
Restaurada la democracia, se aprobó en junio de 1981 una nueva Ley del Divorcio, obra del ministro de Justicia de la UCD, Francisco Fernández Ordóñez, y que concitó el rechazo frontal de la Iglesia Católica, y de los sectores más conservadores políticos y sociales del país, en una intensa polémica. Se aprobó por mayoría, pero no absoluta, ya que gran parte del partido de centro no apoyó al ministro en la reforma, siendo necesario el voto favorable de las izquierdas y las minorías nacionalistas para sacarlo adelante.
En el año 2005, el Gobierno socialista de Rodríguez Zapatero sacó adelante una ley que agilizaba los trámites del divorcio, además de preocuparse especialmente de los hijos e hijas menores a través de la creación de un fondo de ámbito estatal para el pago de las pensiones alimenticias. Por fin, en 2015, el ministro Ruiz-Gallardón en el Gobierno de Mariano Rajoy impulsó la posibilidad del divorcio notarial, es decir, de que los notarios pudieran tramitar divorcios en determinadas circunstancias, especialmente si no existiesen hijos.
