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En el año 1901 apareció el primer modelo de seguro de desempleo. Eso ocurrió en Gante. Se creó una Caja de Fondos del Paro municipales que subvencionaba a sociedades mutualistas y sindicatos que eran los que ofrecían el seguro de desempleo a sus asociados o militantes. Se calcula que la subvención oscilaba entre el 50 y el 75% del total de la prestación. Este modelo se denomina de seguro voluntario de desempleo. Comenzó a extenderse por Europa, ya que lo vemos adoptarse en Francia en 1905, Noruega en 1906 y en Dinamarca al año siguiente. En estos casos de escala nacional era el Estado el que aportaba las subvenciones a los sindicatos y mutualidades.
La atención al desempleo comenzó en el reinado de Alfonso XIII, pero fue con la Segunda República cuando se abordó de una forma más ambiciosa en nuestro país. En el propio mes de mayo de 1931 el Gobierno Provisional aprobó un Decreto para crear un Servicio para el Fomento de Previsión contra el Paro involuntario del Trabajo. Este sería el origen del verdadero primer seguro de desempleo en España. El modelo a seguir sería el de Gante. Se creó una Caja de subvenciones, denominada Caja Nacional contra el Paro Forzoso, el organismo encargado de suministrar las subvenciones públicas a los sindicatos y mutuas que ofreciesen el seguro de paro a sus militantes y asociados. La subvención no podía ser superior al 50% de lo que recibían los parados, aunque el Gobierno se reservaba la posibilidad de variar este porcentaje si lo estimaba necesario. También se creó un Fondo de Solidaridad para atender los sectores laborales donde el riesgo de paro era mayor. Los fondos para esta Caja procedían de los Presupuestos del Estado, aunque también se aceptaban aportaciones de entidades públicas y privadas, así como de lo que producían los activos que administraba la Caja. El modelo era voluntario cuando ya comenzaban a imponerse los sistemas obligatorios en el resto de Europa, el segundo modelo. Los beneficiarios serían parados mayores de 16 años y menores de 65 años, y de todos los sectores productivos, incluido el agrario, menos los trabajadores y trabajadoras del servicio doméstico. Había que estar afiliado a un sindicato o pertenecer a una mutua. El parado estaba obligado a apuntarse a la bolsa de trabajo correspondiente, pudiendo perderse la prestación si se rechazaba un trabajo ofrecido en la oficina de colocación, aunque se fue algo permisivo en esta cuestión porque se aprobaron determinadas excepciones, como el cambio de residencia o de profesión, o si el salario ofrecido era menor que el que se había percibido anteriormente, o que los empleos fueran por vacantes producidas por huelga o cierre patronal.
El primer sistema español de seguro de desempleo no cubrió las expectativas por distintas razones. Este tipo de sistemas voluntarios necesitan que el nivel de asociacionismo sea alto, como ocurría en muchos países occidentales, así como de una cultura de colaboración de sindicatos y asociaciones con el Estado, algo casi inexistente en España por el enconado enfrentamiento entre los sindicatos y las autoridades desde comienzos del siglo. No olvidemos el poder de la CNT, que no se caracterizó, precisamente, por entenderse con el Estado por razones obvias. Otra cuestión sería la UGT, más proclive a buscar compromiso y negociaciones, algo que explicaría, en parte, que este sistema fuese promovido por Largo Caballero. Pero, además, no había muchas asociaciones y mutuas en los años treinta que ofreciesen seguros de desempleo y, por tanto, susceptibles de ser subvencionados.
