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Drago La Palma denuncia el recorte en los presupuestos del Cabildo insular destinados a la transición energética, en particular a la Oficina de Energías Renovables de SODEPAL y a la iniciativa La Palma Renovable, dos herramientas clave para avanzar hacia un modelo energético más justo, sostenible y autónomo.
Según los datos presupuestarios, la aportación al Centro de Gestión de Energías Renovables de SODEPAL se reduce en torno a un 60 %, mientras que la financiación de La Palma Renovable cae aproximadamente un 40 % respecto al ejercicio anterior.
“Estamos en un momento en el que deberíamos reforzar todas las herramientas públicas y comunitarias que nos permitan avanzar hacia la soberanía energética, no debilitarlas”, señala Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma.
La Palma es un territorio especialmente vulnerable desde el punto de vista energético, con una fuerte dependencia del exterior y una infraestructura que ha demostrado su fragilidad en los últimos años. A esto se suma un contexto internacional marcado por la inestabilidad geopolítica y el encarecimiento de la energía, así como un escenario estructural de emergencia climática que exige acelerar la transición hacia energías renovables.
El propio Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC 2024-2030) sitúa la transición energética como una prioridad para reducir la dependencia y aumentar la resiliencia, y la evidencia académica es clara: en territorios insulares, solo funciona si implica a la ciudadanía y al tejido local.
El papel de La Palma Renovable
Drago La Palma pone el foco, especialmente, en La Palma Renovable, una iniciativa nacida desde la sociedad civil que lleva años impulsando un modelo energético más democrático en la isla, combatiendo la pobreza energética, generando espacios de formación y promoviendo proyectos como la comunidad energética Energía Bonita, consolidada como referente de modelo energético justo, sostenible y al servicio de la ciudadanía.
“Hablar de transición energética en La Palma sin reconocer el papel de La Palma Renovable es no entender lo que ha pasado en esta Isla en la última década”, afirma Hernández, y añade que "debilitar esta iniciativa supone perder una herramienta estratégica para construir un modelo energético con beneficios sociales y económicos para la población local, y no solo un cambio tecnológico dependiente del exterior".
El compromiso incumplido de la asamblea ciudadana
La situación de la Asamblea Ciudadana por la Energía resulta especialmente significativa. Antes de las elecciones de 2023, la mayoría de partidos que optaban al Cabildo se comprometieron a impulsarla, sin embargo, pese a contar con 150.000 euros en el presupuesto de 2024, nunca se llegó a ejecutar.
Ahora, lejos de reforzar ese compromiso, el presupuesto reduce su dotación a 50.000 euros, una cantidad claramente insuficiente para desarrollar un proceso que, según la propuesta técnica trasladada a los partidos, requería en torno a 227.000 euros para garantizar su calidad y representatividad.
“Primero no se ejecuta una asamblea ya presupuestada y ahora se reduce a una cifra simbólica que la hace inviable", lamenta la portavoz de Drago La Palma, y sostiene que "resulta complicado mostrar un desinterés más claro”.
En este sentido, las asambleas ciudadanas no son una herramienta simbólica, sino un instrumento avalado por la literatura académica y por experiencias internacionales para mejorar la calidad democrática y abordar decisiones complejas como la transición energética; permiten incorporar conocimiento social, generar consenso y legitimar las políticas públicas, algo especialmente necesario en un territorio como La Palma.
Por ello, Hernández asegura que “la transición energética no puede hacerse de espaldas a la ciudadanía" y añade que "necesitamos espacios donde la población entienda, participe y decida sobre el modelo energético de la Isla”.
Sara Hernández, portavoz de Drago La Palma
La propuesta de Drago La Palma
Para Drago La Palma, avanzar hacia la soberanía energética requiere planificación pública, participación real y fortalecimiento del tejido social. Desde la Organización se propone revertir estos recortes y reforzar de forma decidida las políticas de transición energética, apostando por el fortalecimiento de la Oficina de Energías Renovables, el apoyo estable a La Palma Renovable y el impulso real de la Asamblea Ciudadana por la Energía con los recursos necesarios para que sea una herramienta útil y efectiva.
“En un contexto de creciente inestabilidad internacional, la soberanía no es una consigna, es una necesidad. Por eso, los esfuerzos de quienes nos gobiernan deberían estar centrados en reforzarla —energética, alimentaria y económica— como una de las formas más directas de proteger a la ciudadanía palmera”, concluye Hernández.
