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Drago Canarias rechaza la construcción de un resort con hotel, villas y apartamentos turísticos —del grupo empresarial MUR Hotels— en el municipio grancanario de La Aldea de San Nicolás, con alrededor de 1500 camas de uso turístico y 170 hectáreas entre el entorno del Parque Natural de Tamadaba y el pueblo.
Este proyecto va a tener lugar en uno de los últimos tramos de litoral de la Isla a los que aún no ha llegado la masificación turística. La Aldea de San Nicolás cuenta actualmente con unos 7400 habitantes, por lo que 1500 nuevas camas equivaldrían a un 20,3 % de la población.
En este sentido, el portavoz de Drago Gran Canaria, Luis de la Barrera, en una visita reciente al municipio, defendió que “resulta imprescindible garantizar el máximo control institucional sobre cualquier operación urbanística o económica” y añadió que “desde Drago Gran Canaria rechazamos tanto el actual Planeamiento Insular de Ordenación de Gran Canaria (PIOGC) como la depredación territorial y social que se pretende causar en La Aldea de San Nicolás”.
Para Drago Gran Canaria, la dimensión de este tipo de proyectos no está contando con el debido rigor institucional y una fiscalización pública especialmente sólida, ya que las decisiones que se adopten en los próximos años van a marcar de forma irreversible el futuro territorial, ambiental y social del municipio.
Polémica con la nueva interventora
Drago Gran Canaria expresa a su vez su preocupación ante el nombramiento como interventora del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás de una funcionaria que fue condenada por el Tribunal de Cuentas por causar un perjuicio económico superior a 725.000 euros a las arcas públicas del consistorio de Noja, en Cantabria.
Esta contratación genera una preocupación lógica, ya que la intervención municipal es el órgano encargado de fiscalizar la legalidad de los expedientes económicos, presupuestarios y contractuales del Ayuntamiento, garantizando la transparencia y el control del gasto público.
De la Barrera, recordó que “este nombramiento se produce en un momento especialmente sensible para el futuro territorial del municipio, uno de los pocos espacios costeros de Gran Canaria que aún conserva amplias zonas sin urbanizar ni sometidas a procesos intensivos de turistificación”.
Por ello, desde Drago Gran Canaria se considera que el nombramiento de una interventora con antecedentes de responsabilidad contable tampoco contribuye a reforzar la confianza de la ciudadanía en las instituciones, en un momento clave para el futuro del municipio.
Luis de la Barrera, portavoz de Drago Gran Canaria
Responsabilidad política en la ordenación del territorio
En este contexto, desde Drago Gran Canaria se recuerda que las modificaciones del Plan Insular de Ordenación de Gran Canaria, impulsadas desde el Cabildo y aprobadas con los votos de Nueva Canarias, PSOE, Sí Podemos Canarias —Podemos, Sí Se Puede, etc.—, Coalición Canaria y Ciudadanos contribuyeron a abrir nuevas expectativas de desarrollo turístico en distintos puntos de la isla, incluyendo territorios que hasta ahora habían permanecido relativamente al margen de la presión urbanística.
Posteriormente, fue el Pleno de La Aldea de San Nicolás, gobernado por Nueva Canarias con el PP, quien aprobó la modificación del planeamiento municipal para que se procediese a la validación de la construcción del complejo hotelero proyectado.
