Ley pionera para mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector turístico de Canarias

Imagen: Dhiemas Afif Febriyan - unsplash

 El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles [15] la modificación de la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista que establece la obligatoriedad de incorporar camas elevables y carros motorizados en los alojamientos turísticos del Archipiélago, con el objetivo de mejorar las condiciones laborales de las personas trabajadoras del sector turístico de las islas, en especial de las camareras de piso.

El portavoz de Empleo del Grupo Socialista, Gustavo Santana, ha defendido la iniciativa y ha subrayado el carácter "histórico" de esta modificación legislativa, recordando que durante años hubo quienes dudaron de que una medida de este tipo pudiera llegar a aprobarse. "Hay quienes creyeron que nunca llegaríamos a este punto", afirmó, destacando los numerosos obstáculos encontrados en el camino, entre ellos la oposición de determinados sectores económicos que consideraban que la salud de las trabajadoras podía ser objeto de negociación.

En este sentido, advirtió que con la salud de las personas trabajadoras "no se negocia", y defendió que esta reforma responde a una cuestión de dignidad, justicia social y reconocimiento de derechos laborales básicos, especialmente en un sector clave para la economía canaria como es el turístico.

Santana puso en valor el papel fundamental de las camareras de piso, conocidas como "Las Kellys", así como el de los sindicatos y colectivos que han mantenido durante años una "lucha constante" para visibilizar las duras condiciones de trabajo en el sector.

Asimismo, agradeció la labor de organizaciones sindicales como UGT y CCOO, que han trasladado reiteradamente la necesidad de adoptar medidas concretas en materia de prevención de riesgos laborales.

El diputado socialista hizo referencia a datos preocupantes del sector hotelero canario: solo un 12% de los establecimientos dispone de camas elevables y únicamente seis hoteles cuentan con carros motorizados. Además, denunció carencias en materia de prevención, como la ausencia de comités de seguridad y salud en un porcentaje significativo de hoteles, así como la falta de planes adecuados de prevención de riesgos laborales.

Para Santana, estos datos evidencian la necesidad urgente de legislar. "La ley va a cambiar radicalmente esta tendencia", aseguró, defendiendo que la incorporación de estas herramientas no solo mejora la salud de las trabajadoras, sino que también incrementa la productividad del sector. "Es una inversión, no un gasto", insistió.

También destacó que esta Proposición de Ley, registrada por el PSOE, ha logrado un amplio consenso parlamentario, algo que calificó de hecho relevante. "Hoy se demuestra que en Canarias también se puede legislar en favor de la clase trabajadora", señaló, poniendo en valor el apoyo recibido tanto por los partidos del Gobierno como de la oposición.

 Responsabilidad empresarial

La norma contempla una implantación progresiva de las medidas, respetando la actividad empresarial y previendo líneas de subvenciones para facilitar su adopción. No obstante, Santana fue claro al exigir responsabilidad a aquellas empresas que han obtenido beneficios extraordinarios en los últimos años, instándolas a asumir la incorporación de estas mejoras con recursos propios.

Asimismo, la ley refuerza las obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales, incluyendo la medición de tiempos de trabajo y la adopción de medidas ergonómicas y psicosociales. El incumplimiento de estas disposiciones podrá ser sancionado, garantizando así su aplicación efectiva.

Santana destacó que esta ley no es un punto final, sino un primer paso hacia una mejora más amplia de las condiciones laborales y salariales en Canarias. "Esta lucha debe servir de ejemplo", afirmó, apelando a la responsabilidad colectiva para avanzar hacia una distribución más justa de la riqueza.

El diputado socialista reivindicó la importancia de la perseverancia en la consecución de derechos sociales.