Un informe aporta evidencia científica para que la futura PAC refuerce la resiliencia del sector agrario español

El informe aporta evidencia científica para diseñar la futura PAC. / Pixabay

La Política Agraria Común (PAC) sigue siendo la principal política común de la Unión Europea (UE) en cuanto a presupuesto, y es uno de los principales factores de cambio del sistema agroalimentario español. Con un presupuesto de cerca de 10.000 millones de euros por año, es una herramienta central para estabilizar los ingresos de alrededor de 630.000 explotaciones agrarias españolas. Por tanto, tiene una importancia central en aspectos clave de nuestras sociedades, como la economía, el clima, la biodiversidad, la salud o la cultura, entre otros. El informe elaborado desde el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC) destaca que reorientar este sistema de ayudas hacia explotaciones con mejor desempeño social y ambiental, incluso incorporar a aquellas de tamaño mediano o pequeño, puede reforzar la equidad en el sector agrario y el desarrollo rural.

Desde la presentación en 2025 de la ‘Visión de la Agricultura y la Alimentación en Europa’, centrada en el concepto de resiliencia, y de las primeras propuestas para la PAC (2028-2032), se ha producido un intenso debate acerca de los objetivos y el enfoque de la próxima política comunitaria. Este debate derivará en los próximos meses en propuestas detalladas para su aplicación en la UE y en España. Estas se han de regir por criterios de resiliencia de los sistemas alimentarios y de eficiencia en el uso del presupuesto europeo en la generación de bienes públicos, tales como una agricultura económicamente viable y justa y una alimentación saludable y sostenible. Con estos objetivos en mente, el presente informe analiza el reparto de ayudas de la PAC entre distintos tipos de explotaciones agrarias y aporta evidencia científica, basada en los datos de la Red Contable Agraria Nacional, para el debate público acerca de quién necesita y quién merece estas ayudas.

En este estudio, la resiliencia del sector agrario se define como la capacidad de las explotaciones para mantener su actividad y adaptarse a cambios económicos, sociales y ambientales, garantizando su viabilidad económica, su contribución al desarrollo rural y la sostenibilidad de los recursos naturales. Según esta definición, el informe revela una paradoja en la distribución de las ayudas: las explotaciones de mayor tamaño —con una producción anual de unos 500.000 euros— concentran más ayudas en promedio por explotación que el resto, llegando a percibir cerca del 6% de las ayudas de la PAC, a pesar de representar el 2,2% del total de explotaciones. Sin embargo, cerca del 90% de estas explotaciones muestran una aportación socioambiental reducida y una elevada resiliencia económica, con independencia de las ayudas recibidas.

El estudio busca identificar aquellas explotaciones que cumplen con los criterios prioritarios de la propia PAC para avanzar hacia un sistema alimentario europeo más resiliente. Hemos considerado que las que aportan una mayor resiliencia social son aquellas lideradas por mujeres y jóvenes, que generan empleo rural o que se ubican en zonas despobladas. A su vez, el estudio considera que las explotaciones que aportan resiliencia ambiental son aquellas de cultivos más diversificados, con un mayor cuidado por el bienestar animal, que apuestan por la ganadería extensiva, por un menor uso de pesticidas de síntesis, o que realizan producción ecológica.

Las explotaciones con mayor resiliencia social y ambiental, clasificadas en el informe con los tipos 4 y 5, se sitúan a menudo en rangos intermedios de dimensión económica, con una producción estándar anual de alrededor de 100.000 euros. Su resiliencia económica depende estrechamente de las ayudas de la PAC, atendiendo a criterios como la viabilidad a corto y largo plazo, la productividad y el endeudamiento. Sin embargo, en promedio por explotación, reciben un menor apoyo que otros tipos de menor resiliencia social y ambiental.

Las explotaciones con menor resiliencia social y ambiental y con una producción inferior a 500.000 euros anuales han sido agrupadas en los tipos 2 y 3. Se trata de casi 360.000 explotaciones que, en promedio, son de menor tamaño —en torno a 60.000 euros de producción estándar al año—. Sin embargo, las explotaciones de los grupos 2 y 3 concentran la mayor proporción de las ayudas, a pesar de mostrar valores de resiliencia económica similares a las de los tipos 4 y 5. Un rediseño de estas ayudas puede incidir en la mejora del desempeño económico, social y ambiental de estos tipos de explotaciones, de gran relevancia para el equilibrio territorial.

El análisis sugiere que las ayudas de la PAC tienen un elevado potencial para impulsar transiciones hacia una mayor resiliencia social y ambiental del sector agrario español. Se observan oportunidades para redirigir fondos que prioricen explotaciones de mayor desempeño socioambiental y de mayor dependencia de las ayudas, enfocando éstas hacia una mejora de su estabilidad económica, tanto en el corto como en el largo plazo.

El informe también analiza el desempeño de los distintos instrumentos de la PAC. Las ayudas del Pilar I, centradas en ayudas directas independientes de la producción y en medidas de regulación de precios, tienden a favorecer a explotaciones de mayor dimensión económica, que aportan menos a la sostenibilidad agraria. Por otro lado, las ayudas del Pilar II, destinadas al desarrollo rural y a guiar la evolución del sector a través del fomento de la producción ecológica, el apoyo a las inversiones productivas o la incorporación de nuevos agricultores, benefician en mayor medida a explotaciones con un perfil más resiliente desde el punto de vista ambiental y social.

Claves para la futura PAC

El estudio no es exhaustivo, sino exploratorio, y complementa otros enfoques como los de competitividad o rentabilidad. A partir de los resultados, plantea preguntas clave para la futura PAC (2028-2032):

¿Cómo reforzar explotaciones que aportan mayores bienes socioambientales a la sociedad? El estudio sugiere reorientar el sistema actual, basado en la superficie, para reconocer económicamente la contribución a la sociedad por parte de modelos agrarios de mejor desempeño socioambiental, pero viables económicamente.

¿Qué medidas pueden impulsar la transición hacia modelos productivos más resilientes? El aumento de la inversión en modernización sostenible y en producción ecológica permitiría reducir la dependencia económica respecto a las ayudas de la PAC de las explotaciones que generan mayor resiliencia.

¿Cómo apoyar a explotaciones lideradas por mujeres y jóvenes agricultores, y favorecer el equilibrio territorial? Las ayudas podrían considerar en mayor medida modelos de explotación más resilientes, pero económicamente más frágiles, que apuestan por la diversificación de actividades y por la calidad y la sostenibilidad en sus productos. En base a los patrones observados, un mayor apoyo a la producción familiar ecológica y a la ganadería extensiva puede ser la manera más eficaz de contribuir al relevo generacional y a la igualdad de género en el campo.

En resumen, el informe subraya la importancia de las explotaciones de tamaño medio y pequeño en la resiliencia del sector y el gran potencial de políticas específicas que refuercen su estabilidad frente a los retos económicos y ambientales del futuro.

Idoia Urrutia Larrachea, Soledad Cuevas García-Dorado y Daniel López-García son personal investigador en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía (IEGD-CSIC)

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