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El informe de la ONU destaca que el agua es la víctima más inmediata y grave de esta transición global. Las operaciones mineras requieren enormes cantidades de agua y, a menudo, contaminan las fuentes locales. Imagen: UNU-INWEH
El informe, Minerales críticos, inseguridad hídrica e injusticia, elaborado por el Instituto de Agua, Medio Ambiente y Salud de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-INWEH, en inglés), advierte que la carrera por los minerales esenciales para los vehículos eléctricos, la energía renovable y la inteligencia artificial podría reproducir las injusticias de la era de los combustibles fósiles.
Se espera que la demanda de estos minerales aumente drásticamente en las próximas décadas. Según el informe, la demanda global podría cuadruplicarse para 2050, con incrementos de hasta 500 % en el caso del litio, el cobalto y el grafito. Estos materiales son indispensables para baterías, paneles solares e infraestructura digital.
El profesor Kaveh Madani, director de UNU-INWEH y líder del equipo de investigación, dijo a IPS en una entrevista que el mundo carece de un modelo de gobernanza aplicable para los minerales críticos.
Señaló que, sin acuerdos internacionales vinculantes, leyes y políticas, los costos ambientales y de salud, especialmente el agotamiento y la contaminación del agua, se trasladan a las regiones mineras, dejando a las comunidades afectadas sin mecanismos efectivos de rendición de cuentas ni reparación.
“Las políticas climáticas, energéticas, de sostenibilidad y las llamadas ‘verdes’ están centradas casi exclusivamente en el carbono. Las proyecciones de demanda se basan en objetivos de descarbonización, pero la seguridad hídrica, la salud y los impactos en agua, saneamiento e higiene no se consideran restricciones estrictas en la planificación de la transición. Como resultado, la extracción de minerales se expande incluso en regiones con alto estrés hídrico”, afirmó Madani.
Agregó que las políticas comerciales e industriales refuerzan asimetrías estructurales: las economías de altos ingresos mantienen el control del refinado, la manufactura, las finanzas y la propiedad intelectual, mientras que los países ricos en minerales quedan limitados a la extracción de materias primas con escasa distribución de beneficios.
“En conjunto, estas fallas reproducen la desigualdad en lugar de generar una transición justa”, señaló
Las comunidades en zonas mineras son cada vez más descritas como “zonas de sacrificio”, áreas donde la degradación ambiental y el sufrimiento humano se aceptan como el costo del progreso global. Imagen: UNU-INWEH
El informe también destaca que el agua es la víctima más inmediata y grave de esta transición global. Las operaciones mineras requieren enormes cantidades de agua y, con frecuencia, contaminan las fuentes locales.
Producir apenas una tonelada de litio requiere cerca de 1,9 millones de litros de agua. Solo en 2024, la producción mundial de litio consumió aproximadamente 456 mil millones de litros, una cantidad equivalente a las necesidades anuales de agua doméstica de unos 62 millones de personas en África subsahariana.
En el Salar de Atacama, en Chile, una de las mayores reservas de litio del mundo, la minería representa hasta 65 % del uso de agua en la región, intensificando la escasez para comunidades locales y agricultores.
En el llamado “Triángulo del Litio”, que abarca Argentina, Bolivia y Chile, los niveles de agua subterránea están descendiendo. El informe cita evidencias de la caída de las napas y de la alteración de ecosistemas, a medida que la extracción de salmuera modifica los sistemas hídricos subterráneos.
“Todos necesitan dinero. Pero todos también necesitan lo básico, como el agua”, cita el informe el punto de vista de un habitante de la región de Uyuni, en Bolivia.
Los químicos tóxicos y los metales pesados liberados durante la extracción suelen filtrarse en ríos, suelos y aguas subterráneas.
El informe documenta una contaminación generalizada en regiones mineras como la República Democrática del Congo, donde se concentra la extracción de cobalto. En algunas zonas, los ríos se han vuelto altamente ácidos, con niveles de pH por debajo de 4,5, lo que hace que el agua no sea apta para el consumo ni la agricultura.
Los impactos en la salud son graves. En comunidades cercanas a zonas mineras, 72 % de las personas encuestadas reportó enfermedades cutáneas, mientras que más de la mitad de las mujeres informó problemas ginecológicos. La exposición prolongada al agua contaminada también se ha vinculado con malformaciones congénitas, abortos espontáneos y enfermedades crónicas.
Los niños son especialmente vulnerables. Estudios citados en el informe muestran mayores tasas de anomalías congénitas en áreas cercanas a la actividad minera, así como un mayor riesgo de trastornos del desarrollo.
“No se trata de casos aislados. Reflejan desigualdades estructurales en salud impulsadas por la exposición ambiental”, señala el informe.
Más allá de la salud, la escasez y la contaminación del agua están socavando los medios de vida tradicionales. La agricultura, la pesca y la ganadería se vuelven cada vez más difíciles en regiones mineras.
En Bolivia, la extracción de litio ha reducido la disponibilidad de agua para el cultivo de quinoa, un alimento básico. En partes de África, la disminución de las poblaciones de peces debido a la contaminación de los ríos ha eliminado una fuente clave de alimento e ingresos.
En algunos casos, las operaciones mineras desplazan comunidades enteras. Las poblaciones indígenas, cuyos territorios suelen contener reservas minerales, están entre las más afectadas.
El informe estima que más de la mitad de los proyectos de minerales críticos se ubican en o cerca de territorios indígenas.
Uno de los principales hallazgos es el desequilibrio entre quiénes se benefician y quiénes asumen los costos.
Mientras que la extracción ocurre principalmente en el Sur global, los beneficios económicos y tecnológicos se concentran en los países más ricos. Las naciones con abundantes recursos minerales suelen carecer de la infraestructura necesaria para procesarlos, lo que limita su papel a la extracción de bajo valor.
En la República Democrática del Congo, que produce más de 60 % del cobalto mundial, más de 70 % de la población vive con menos de 2,15 dólares al día.
Mientras tanto, las ganancias fluyen hacia corporaciones multinacionales y economías industrializadas que dominan el refinado y la manufactura.
El informe describe esta dinámica como una “paradoja estructural de la sostenibilidad”, donde los beneficios ambientales en los países desarrollados se sostienen, en la práctica, sobre daños ecológicos y sociales en regiones más pobres.
Expertos advierten que la trayectoria actual podría repetir patrones de la industria de los combustibles fósiles.
“La transición hacia energías limpias no es automática. Sin intervención política deliberada, puede reproducir el colonialismo extractivo bajo una nueva etiqueta”, señala el informe.
Las comunidades en zonas mineras son cada vez más descritas como “zonas de sacrificio”, áreas donde la degradación ambiental y el sufrimiento humano se aceptan como el costo del progreso global.
El informe recomienda regulaciones internacionales más estrictas, estándares ambientales obligatorios y mayor transparencia en las cadenas de suministro. También insta a invertir en reciclaje y modelos de economía circular para reducir la dependencia de nueva minería, así como adoptar tecnologías que utilicen menos agua.
De manera crucial, subraya la necesidad de incluir a las comunidades locales en la toma de decisiones y garantizar que se beneficien de la extracción de recursos. “Alcanzar los objetivos climáticos no debe hacerse a expensas de quienes están menos preparados para soportar los costos”, señala.
Abraham Nunbogu, científico de UNU-INWEH y autor principal del informe, dijo a IPS que un paso práctico para avanzar en la cadena de valor y retener más beneficios económicos es aplicar una política industrial estratégica: utilizar condiciones de exportación, licencias o requisitos de empresas conjuntas para promover el refinado, procesamiento y manufactura a nivel local.
“En segundo lugar, mecanismos de distribución de beneficios y reinversión: asignar legalmente una parte de los ingresos minerales a infraestructura hídrica, sistemas de salud, capacitación y capacidad industrial en etapas posteriores de la cadena de valor. En tercer lugar, cooperación regional en cadenas de valor: unir recursos entre países vecinos para lograr economías de escala en procesamiento y manufactura que los países individuales no pueden alcanzar por sí solos”, explicó Nunbogu.
Agregó que el paso final sería abordar los desequilibrios de poder vinculando el acceso a minerales con estándares de abastecimiento ético y obligaciones de transferencia tecnológica en acuerdos comerciales.
