Drago Canarias presentó reclamaciones por el robo de siglas y por su exclusión de los espacios de difusión en medios públicos

Imagen Héctor Morán, candidato al Congreso de los Diputados por Las Palmas, en los exteriores de los juzgados de Las Palmas de Gran Canaria.

Drago Canarias registró en la tarde de ayer, jueves 6 de noviembre, dos acciones jurídicas y electorales de cara a las Elecciones Generales del próximo 29 de noviembre, relativas al uso indebido de siglas y a la exclusión de los espacios de difusión en medios de comunicación públicos.

Por un lado, la organización interpuso un recurso contencioso-electoral ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y de Santa Cruz de Tenerife contra el acuerdo de proclamación de la coalición "Unidad del Pueblo Canario (UPC)" por inducir a confusión al electorado y usurpar las siglas vigentes e históricas de la política soberanista en Canarias.

Por otro lado, Drago Canarias elevó una impugnación ante la Junta Electoral Central (JEC) para exigir el reconocimiento de sus derechos electorales y la asignación proporcional de espacios gratuitos de propaganda y cobertura informativa en los medios de comunicación públicos autonómicos y estatales.

 Héctor Morán, candidato al Congreso de los Diputados por Las Palmas.

El robo de siglas

El recurso contencioso-electoral, presentado al amparo del artículo 49.1 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), discrepa, como así hizo el partido con siglas Movimiento UPC, el original, de la proclamación de la candidatura impulsada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar bajo la denominación y siglas de "Unidad del Pueblo Canario (UPC)".

Drago Canarias sostiene que la utilización de esta marca vulnera de forma flagrante el artículo 46.4 de la LOREG al evocar deliberadamente dos realidades políticas ajenas.

• La coalición electoral "Union del Pueblo Canario (UPC)" referencia de la izquierda nacionalista que obtuvo representación en las Cortes Generales y la alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979.
• El partido "Movimiento UPC" es una formación política inscrita en el Registro de Partidos con sede en San Cristóbal de La Laguna.

Por su parte, la acción legal no busca la exclusión de los candidatos de la lista, sino la inmediata activación del trámite de subsanación previsto en el artículo 47.2 de la LOREG para que la coalición modifique su denominación o retire las siglas "UPC" del instrumento de votación, garantizando así el derecho de la ciudadanía a emitir un voto libre e informado sin distorsiones.

Exclusión de los medios de comunicación públicos 

Drago Canarias formalizó un recurso de reconsideración frente al Acuerdo 322/2026 de la Junta Electoral Central, el cual atribuye los derechos electorales de las pasadas elecciones de 23 de julio de 2023 excluyendo a la formación Drago Canarias.

Drago Canarias subraya que en 2023 obtuvo 107.999 votos en el Archipiélago, un 10,55 % de los sufragios válidos emitiéndose en el territorio, concurriendo en la coalición SUMAR y encabezando la candidatura al Congreso de los Diputados por Santa Cruz de Tenerife. 

Asimismo, la cláusula 8.ª del pacto constitutivo registrado formalmente ante la Junta Electoral Central le otorgaba de manera explícita un 20 % de representación territorial. Por ello, la formación rechaza que los derechos acumulados en 2023 sean absorbidos indebidamente por una nueva confluencia, UPC, integrada por partidos como Nueva Canarias y cuatro partidos madrileños, cuando Nueva Canarias en aquellas elecciones compitió de forma independiente.

En este sentido, con amparo en los artículos 64 y 66 de la LOREG y en la Instrucción 4/2011 de la JEC, Drago Canarias requiere:

• La asignación del tramo de 30 minutos de emisión de propaganda gratuita que le corresponde legalmente por los resultados de 2023 en Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española.
• La integración formal en la Comisión de Radio y Televisión encargada de supervisar el periodo electoral.
• La inclusión en los planes de cobertura, entrevistas y debates, derecho que se ve reforzado por el reconocimiento de la trayectoria de su dirigente, Alberto Rodríguez, cuyos derechos políticos y parlamentarios fueron restituidos por el Tribunal Constitucional en sus Sentencias 8/2024 y 18/2024.

Una cuestión de pluralidad y democracia

En aras de la pluralidad democrática en Canarias, no se puede permitir que se distorsione la decisión del electorado en las urnas mediante la apropiación de siglas históricas y registradas, ni que se pretenda invisibilizar en los medios públicos a la única fuerza canaria que de forma indiscutible participó en el resultado de una coalición electoral en las Elecciones Generales de 2023. 

Acudimos a la justicia y a los órganos electorales para garantizar, en primer lugar, los legítimos derechos de la trayectoria del soberanismo canario, y en segundo lugar, para exigir el juego limpio y defender los derechos de los más de 100.000 canarios y canarias que respaldaron las candidaturas de las que formamos parte como organización política en las Elecciones Generales de 2023.