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Sergio Santana Santana
En los últimos años, España ha experimentado un proceso de concentración bancaria que ha dejado a muchos municipios, especialmente en zonas rurales, sin acceso a servicios financieros básicos. Ante este escenario, las cooperativas de crédito surgieron históricamente como una alternativa para cubrir estas necesidades. Sin embargo, desde la última reforma legal, no se ha constituido ninguna nueva cooperativa de crédito en el país, exactamente desde los años 70 ¿Qué hay detrás de este estancamiento?
Una ley que eleva las barreras de entrada.
El texto analizado revela un cambio drástico en la legislación que regula las cooperativas de crédito. Mientras que la ley anterior permitía la creación de estas entidades con un capital mínimo de 300.500 euros (50 millones de pesetas) en municipios de menos de 100.000 habitantes y unos años para llegar a dicho capital, la normativa actual exige un desembolso inicial de 901.500 euros (150 millones de pesetas), sin posibilidad de fraccionamiento, hacemos referencia a la peseta pues era la moneda en el momento de la creación de ambas leyes
Este incremento, según el documento, ha tenido un efecto disuasorio: "Después de dicha Ley, no se ha constituido ninguna cooperativa de crédito". La reforma, impulsada durante el gobierno del Partido Popular en los años 90, habría sido diseñada, en palabras del autor, "contra los pobres", beneficiando a la gran banca y dificultando que las comunidades locales puedan organizar sus propias herramientas financieras.
Consecuencias para los municipios.
La concentración bancaria y la desaparición de sucursales han dejado a muchas localidades, especialmente en áreas rurales, sin servicios financieros. Algunas cooperativas de crédito, que antes operaban con un modelo cercano y adaptado a las necesidades locales, han sido absorbidas o fusionadas con otras cooperativas resultando entidades más grandes, perdiendo su carácter comunitario, todo ello al albur del pensamiento liberal imperante, eso por no pensar mal...”Es mas barato comprar al administrador que el bien administrado”
La realidad es que "los gobiernos siguientes, que se decían progresistas, no han movido ficha", manteniendo una normativa que, en la práctica, impide a los ciudadanos crear alternativas financieras en sus territorios eliminando las posibilidades de progreso de las pequeñas comunidades.
¿Legislación al servicio de los grandes bancos?
El texto plantea una pregunta incómoda: ¿Se legisla para proteger a los ciudadanos o para favorecer los intereses de la banca tradicional? La exigencia de un capital tan elevado contrasta con la flexibilidad de la normativa anterior, que permitía desembolsar solo el 50% inicial (150.000 euros) y completar el resto en dos años.
"Realmente se legisló en beneficio de los ciudadanos o de los intereses de los ricos…", es una cuestión que nos deberíamos hacer, señalando que ni siquiera gobiernos que se denominan progresistas han modificado esta ley.
La conclusión es que el cooperativismo de crédito en España parece estar en un callejón sin salida. Mientras los grandes grupos financieros consolidan su dominio, los pequeños municipios pagan el precio de la exclusión financiera. La pregunta que queda en el aire es si habrá voluntad política para revertir esta situación y devolver a las comunidades la capacidad de gestionar sus propios recursos.
Llamada a la reflexión.
El lector tiene la última palabra: ¿Es hora de reformar una ley que, según sus críticos, perpetúa la desigualdad y el abandono de las zonas rurales?
