El CES-CANARIAS, Tradición de consensos rotos y acaparación empresarial.

El Consejo Económico y Social de Canarias fue creado (siendo Consejero de Trabajo,  D. Blas Trujillo),  por la Ley 1/1992, de 27 de abril, para dar cumplimiento y desarrollo a los valores constitucionales de participación social y promoción económica indicados, y cuya finalidad viene recogida en el artículo 179 del Estatuto de Autonomía de Canarias, como “órgano de carácter consultivo en materia económica y social, cuya finalidad primordial es la de servir de cauce de participación y diálogo en los asuntos socioeconómicos”.

Con la creación del Consejo Económico y Social de Canarias se dio respuesta por el legislador autonómico a la aspiración legítima, de los agentes e interlocutores económicos y sociales a que sus opiniones, planteamientos, sugerencias y recomendaciones sean atendidas y consideradas en el proceso de definición de las políticas públicas.

El Consejo afianza la participación de los agentes económicos y sociales en los procesos de definición de las políticas económicas, sociales y laborales de la Comunidad Autónoma de Canarias y en su eventual expresión normativa mediante la formulación de dictámenes e informes sobre tales materias.

Asimismo, el Consejo contribuye con el ejercicio de sus funciones a dar coherencia a los contenidos de las políticas públicas en la medida en que, también, con sus opiniones expresa posiciones comunes e indica siempre con relevancia y solvencia técnica, los desencuentros y las divergencias.

El Pleno del CES esta integrado por 18 miembros que representan a sindicatos, empresarios, cámaras de comercio, asociaciones de consumidores y expertos de reconocido prestigio, según la siguiente distribución:  

·   Seis en representación de las centrales sindicales más representativas.

·   Seis en representación de las organizaciones empresariales más representativas.

·   Dos en representación de las cámaras oficiales de comercio, industria, servicios y navegación de Canarias.

·   Dos en representación de las asociaciones de consumidores y usuarios.

·  Dos expertos de reconocido prestigio en materias económicas, sociales o laborales. (designados por el Gobierno de Canarias)

 Entre otros, al CES le compete: 

·   Emitir informes previos sobre los anteproyectos de ley y los planes del Gobierno en materia económica, social y laboral, con excepción del anteproyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma.

·  Emitir informe previo sobre los anteproyectos de ley y proyecto de disposiciones administrativas que se refieran a la organización que se refieran a la organización, competencias y funcionamiento del propio Consejo.

·   Emitir informes y dictámenes en materia económica, social, laboral que le solicite el Gobierno de Canarias.

·   Emitir informes y dictámenes por propia iniciativa sobre materias consideradas de interés.

·   Elabora y hace público un informe anual sobre la situación económica, social y laboral de Canarias.

Los Órganos del Consejo Económico y Social de Canarias son:

a) El Pleno. 

b) Las Comisiones. 

c) La Presidencia. 

d) Las Vicepresidencias.  

e) La Secretaría General.

·    La Presidencia: es elegida de entre los miembros del pleno y por mayoría absoluta de éstos.  

·    Una Vicepresidencia: designada por las organizaciones empresariales.

·    Una Vicepresidencia:   designada por las organizaciones sindicales. 

·     El secretario: que tiene la condición de funcionario (Grupo A) de la Comunidad Autónoma. 

Con independencia que el Pleno acuerde cualquier otra para tratar asuntos o trabajos concretos, el CES tiene las siguiente Comisiones Permanentes:

a) Política Comercial y Fiscal y Relaciones con la Comunidad Europea. 

b) Desarrollo Regional y Planificación Económica.

c) Política de Empleo y Formación Profesional.

d) Política de Bienestar Social.

Desde su inicio, el CES ha estado marcado por la ruptura de los consensos y el control que la parte empresarial ejerce sobre el mismo. Para mí, empresarios y cámara representan los mismos intereses, por tanto, el equilibrio de la representación está roto. 

En los preliminares de la constitución del CES, las partes habían acordado buscar un/a candidato/a de consenso para ocupar la presidencia cuyo nombre se le ofrecía al consejero de Trabajo para que fuese nombrado en el cupo de los expertos que designa el gobierno. Propuesta aceptada por el consejero.  Con ello se pretendía una figura consensuada no representará a ninguna de las partes y que éstas no viesen mermada su propia representación. 

El primer consenso se realiza en torno a D. José Ángel Rodríguez Martín, catedrático de economía aplicada de la ULL, nombrándosele como experto del gobierno. 

En los días previos a la sesión constitutiva del CES salta la sorpresa porqué los empresarios con el apoyo de cámaras de comercio y consumidores promueven la candidatura de Alberto Cabré que estaba en representación de la Confederación Canaria de Empresarios y cuenta con la suficiente mayoría del pleno para ser elegido.  

Esa ruptura del consenso para elegir la presidencia ha sido la tónica de los 33 años de historia del CES, la patronal acaparándola como si fuese su propiedad. Quiero recordar que solo en dos mandatos se ha reconstruido el consenso inicial:  con José Luis Rivero (Bibi) y con Fernando Redondo.  El resto han sido empresarios o cámaras de Comercio entre otros: Paco Oramas (cámara comercio Tenerife), José Cristóbal García (CCE las Palmas) o el actual José Carlos Francisco (CEOE Tenerife) quienes han ejercido y ejercen la presidencia.     

En la práctica, los únicos consensos que se mantienen desde el principio son:

·   La vicepresidencia de los sindicatos qué, entre UGT y CC. OO, han acordado mandatos alternativos para cada uno.  

·   La vicepresidencia de los empresarios que se alternan entre la CCE de Las Palmas y la CEOE de Tenerife.  

Si a la ruptura de consensos le faltaba algo, en febrero-2025, la decisión del gobierno de canarias de destituir unilateralmente a sus dos expertos, no solo constituye un hecho insólito, sino que agranda la herida de la ruptura de consensos en el CES. 

Los sindicatos tampoco están exigiendo lo suficiente para mermar la influencia de los empresarios en la estructura del CES, nos dejamos llevar por la corriente y no le damos el sufriente valor al importante instrumento que tenemos a nuestro servicio para influir en sus decisiones y en sus informes. En contadas ocasiones como la época que por UGT estaba como consejero José Lorenzo López, se cumplió con el papel que se espera de los Sindicatos en este importante Institución. 

Además, los sindicatos no han sabido instrumentalizar los buenos recursos del CES: técnicos y humanos. Los sindicatos deben tener al CES permanentemente realizando informes, estudios, etc. Cuanto importante no sería un estudio sobre la evolución en los últimos 10 años de las rentas del trabajo y del capital; iniciativas sobre la problemática de la vivienda y su incidencia en el mundo laboral, estudios para vincular los recursos de la RIC a la creación de empleo y a la mejora de los salarios; Estudio de los convenios colectivos que se han quedado en el umbral o por debajo del SMI; Estudio sobre las condiciones de trabajo en el sector de la dependencia; estudio riguroso de los cambios en las condiciones de trabajo en las empresa durante los últimos 15 años; repercusión real en los precios de ayudas como el REA, POSEI y otros.   

Y que decir de la representación de los consumidores, siempre que les ha tocado jugar un papel decisivo se han escorado a los intereses de los empresarios, alguna razón tendrá para ello.