
Más salario, más empleo: la ecuación que funciona.
Ernesto Vega Haller
Durante años, una parte del debate económico español ha repetido un mantra casi religioso: subir el salario mínimo destruye empleo. Se ha dicho en tertulias, en columnas, en informes de consultoras y en discursos parlamentarios. Se ha repetido tanto que muchos lo asumieron como una verdad natural, como si la economía fuera una ley física inmutable. Pero 2025 ha llegado para poner las cosas en su sitio.
Los datos de empleo de este año muestran un país que crece, crea trabajo y reduce desigualdades, justo después de una nueva subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) hasta los 1.184 euros mensuales. Y no, no ha habido una hecatombe laboral. No se han cerrado miles de empresas. No se ha desplomado la contratación. Ha ocurrido exactamente lo contrario.
España ha demostrado algo que se defiende desde hace décadas: cuando se mejora la vida de quienes menos ganan, la economía se fortalece desde abajo.
Un país que funciona mejor cuando su gente vive mejor.
El aumento del SMI ha tenido un efecto inmediato y visible: más dinero en los bolsillos de millones de trabajadores. Y cuando la gente tiene más capacidad de gasto, la economía respira. El comercio local vende más. La hostelería se estabiliza. Los servicios personales —limpieza, cuidados, transporte— dejan de depender de salarios indignos para sobrevivir.
Los datos de afiliación de 2025 muestran incrementos especialmente fuertes en estos sectores. No por arte de magia, sino porque la demanda interna ha crecido. El salario mínimo no ha sido un coste insoportable: ha sido un motor.
Además, la subida ha reducido la rotación laboral en sectores donde cambiar de trabajo cada pocos meses era la norma. Menos rotación significa más productividad, más estabilidad y menos gasto para las empresas en formación y sustituciones constantes. Además, esa estabilidad anima a la ciudadanía a invertir, a hacer planes de futuro y a vivir más que a sobrevivir.
Una comparación europea que incomoda a los agoreros.
España no está sola en este camino. La mayoría de economías europeas han incrementado sus salarios mínimos en los últimos años, aunque pocas con la intensidad española. Desde 2018, el SMI ha crecido más de un 60 %, situando a España entre los países que más han apostado por dignificar los salarios bajos.
Mientras tanto:
Alemania ha optado por subidas más moderadas, vinculadas a productividad y negociación sectorial.
Francia actualiza su SMIC automáticamente con la inflación, pero sin grandes saltos.
La diferencia es que España ha demostrado que una subida ambiciosa del SMI no solo no frena el empleo, sino que puede impulsarlo. Y lo ha hecho en un contexto europeo donde muchos países luchan por contener la precariedad.
Los datos hablan: el empleo crece cuando se reparte la riqueza.
Los informes laborales de 2025 muestran un panorama que contradice frontalmente los discursos catastrofistas:
La afiliación a la Seguridad Social ha crecido de forma sostenida.
El paro juvenil ha descendido, un indicador especialmente sensible a los salarios bajos.
La contratación indefinida se mantiene en niveles altos.
Los sectores más precarizados —hostelería, cuidados, comercio— son precisamente los que más empleo han creado.
Nada de esto encaja con el relato de que subir el SMI “ahuyenta” la contratación. Más bien al contrario: cuando el trabajo se paga mejor, el país funciona mejor.
Un país que avanza cuando deja de tener miedo.
La subida del salario mínimo no es un capricho ideológico. Es una herramienta económica que redistribuye riqueza, reduce desigualdades y fortalece el tejido productivo. España ha demostrado en 2025 que apostar por salarios dignos no es un lujo, sino una estrategia de crecimiento.
La pregunta ahora no es si subir el SMI destruye empleo —esa batalla está ganada por los datos—, sino si tendremos el valor político de seguir avanzando en la misma dirección.
Porque lo que ha quedado claro es que cuando la gente vive mejor, el país también lo hace.



Periodista, abogado y analista político



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PorMartín Camacho

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Periodista, abogado y analista político




