Ernesto Vega Haller

A lo largo de la historia, varios pensadores y líderes han soñado con una unidad política entre los pueblos de habla hispana. Simón Bolívar, en su célebre Carta de Jamaica (1815), ya advertía sobre la necesidad de una confederación latinoamericana para resistir las presiones de las potencias extranjeras. Su proyecto más ambicioso fue el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, que buscaba crear una alianza continental entre las nuevas repúblicas americanas. Sin embargo, las rivalidades entre élites criollas, los intereses comerciales británicos y la falta de voluntad política hicieron fracasar el intento.

Frente a un mundo que parece estar fomentando el fragmentamiento, sea por intereses geopolíticos, bloques económicos o narrativas identitarias, imaginar una federación de estados hispanohablantes parece un ejercicio en vano. Un Estado federado hispano, compuesto por los países de habla española, con soberanía compartida, instituciones comunes y una vocación de integración cultural, económica y política puede parecer una utopía. Sin embargo, como toda ficción política, esta idea no solo sirve para provocar reflexión, sino para revelar las tensiones, posibilidades y contradicciones del presente. ¿Qué implicaría la unión de los países hispanohablantes bajo una estructura federada? ¿Qué peso tendría esta entidad en el escenario global? ¿Y por qué, pese a sus evidentes ventajas, parece tan improbable?

Por más que algunos economistas, y supuestos expertos en economía, insistan en aplicar la ley de la oferta y la demanda como si fuera una fórmula universal, hay bienes que resisten esa lógica. La vivienda es uno de ellos. No porque esté fuera del mercado, sino porque su naturaleza como bien necesario y su creciente acaparamiento por grandes fondos y propietarios (grandes) la convierten en una excepción que revela las grietas del modelo.