Ernesto Vega Haller

La aprobación de la Ley Sutar en Eslovenia no es un episodio aislado, sino un síntoma de una tendencia europea: la instrumentalización del miedo para justificar políticas que erosionan derechos fundamentales. La norma, bautizada en honor a Ales Sutar, víctima de un crimen cometido por un joven romaní, fue aprobada con urgencia y otorga a la policía poderes excepcionales, como la posibilidad de allanar domicilios sin orden judicial en zonas “de alto riesgo”.

A lo largo de la historia, varios pensadores y líderes han soñado con una unidad política entre los pueblos de habla hispana. Simón Bolívar, en su célebre Carta de Jamaica (1815), ya advertía sobre la necesidad de una confederación latinoamericana para resistir las presiones de las potencias extranjeras. Su proyecto más ambicioso fue el Congreso Anfictiónico de Panamá en 1826, que buscaba crear una alianza continental entre las nuevas repúblicas americanas. Sin embargo, las rivalidades entre élites criollas, los intereses comerciales británicos y la falta de voluntad política hicieron fracasar el intento.

Por más que algunos economistas, y supuestos expertos en economía, insistan en aplicar la ley de la oferta y la demanda como si fuera una fórmula universal, hay bienes que resisten esa lógica. La vivienda es uno de ellos. No porque esté fuera del mercado, sino porque su naturaleza como bien necesario y su creciente acaparamiento por grandes fondos y propietarios (grandes) la convierten en una excepción que revela las grietas del modelo.

Frente a un mundo que parece estar fomentando el fragmentamiento, sea por intereses geopolíticos, bloques económicos o narrativas identitarias, imaginar una federación de estados hispanohablantes parece un ejercicio en vano. Un Estado federado hispano, compuesto por los países de habla española, con soberanía compartida, instituciones comunes y una vocación de integración cultural, económica y política puede parecer una utopía. Sin embargo, como toda ficción política, esta idea no solo sirve para provocar reflexión, sino para revelar las tensiones, posibilidades y contradicciones del presente. ¿Qué implicaría la unión de los países hispanohablantes bajo una estructura federada? ¿Qué peso tendría esta entidad en el escenario global? ¿Y por qué, pese a sus evidentes ventajas, parece tan improbable?

Durante décadas, políticos y economistas han invocado la “mano invisible” de Adam Smith como si fuera una fórmula mágica que justifica dejar el mercado sin reglas. Pero esa interpretación es tan superficial como interesada. Smith no era un defensor del caos económico ni del abandono estatal. Era un pensador complejo, preocupado por la moral, la equidad y el bienestar colectivo.

Japón ha roto una barrera simbólica: por primera vez en su historia, una mujer ocupa el cargo de Primera Ministra. Sanae Takaichi, figura conservadora del Partido Liberal Democrático (PLD), ha sido elegida para liderar el gobierno en un país donde el poder ha sido, durante décadas, un club de hombres. Pero más allá del gesto histórico, ¿qué implica realmente este nombramiento para la política japonesa y para el papel de la mujer en el poder?

Desde su entrada en vigor, el MEI ha sido percibido por muchos como un “nuevo impuesto encubierto” que reduce el salario neto de los trabajadores sin ofrecer una contraprestación directa. En realidad, se trata de una cotización finalista, es decir, lo recaudado se destina exclusivamente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la “hucha de las pensiones”. Su propósito es claro: compensar el desequilibrio demográfico que amenaza el sistema de pensiones, donde cada vez hay más jubilados y menos cotizantes.

El Partido Popular está viviendo en su batalla particular, centra su estrategia y sus movimientos, pero esa batalla no es gobernar este país, son dos batallas una por el poder interno de su partido y otra contra Vox por conservar la parte más conservadora del voto de derechas de este país.