Desde su entrada en vigor, el MEI ha sido percibido por muchos como un “nuevo impuesto encubierto” que reduce el salario neto de los trabajadores sin ofrecer una contraprestación directa. En realidad, se trata de una cotización finalista, es decir, lo recaudado se destina exclusivamente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la “hucha de las pensiones”. Su propósito es claro: compensar el desequilibrio demográfico que amenaza el sistema de pensiones, donde cada vez hay más jubilados y menos cotizantes.
Actualidad20 de octubre de 2025
Ernesto Vega Haller
Desde su entrada en vigor, el MEI ha sido percibido por muchos como un “nuevo impuesto encubierto” que reduce el salario neto de los trabajadores sin ofrecer una contraprestación directa. En realidad, se trata de una cotización finalista, es decir, lo recaudado se destina exclusivamente a nutrir el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, también conocido como la “hucha de las pensiones”. Su propósito es claro: compensar el desequilibrio demográfico que amenaza el sistema de pensiones, donde cada vez hay más jubilados y menos cotizantes.
La lógica del MEI parte de una premisa razonable: si queremos que las generaciones futuras puedan jubilarse con dignidad, debemos reforzar hoy los mecanismos de financiación. Sin embargo, la forma en que se ha implementado —con descuentos automáticos en nómina y escasa pedagogía institucional— ha generado malestar. Muchos trabajadores descubren el MEI al revisar sus nóminas, sin haber recibido una explicación clara de su función ni de su impacto a largo plazo.
En 2025, el MEI representa un 0,7 % adicional sobre la base de cotización, y está previsto que aumente progresivamente hasta 1,2 % en 2029. Para un salario medio, esto supone entre 60 y 95 € anuales, aunque en sueldos altos puede superar los 100 euros. Las empresas también aportan su parte, lo que ha generado críticas desde sectores empresariales que lo consideran una carga adicional en un contexto de inflación y desaceleración económica.
Más allá de lo económico, el MEI plantea una cuestión ética: ¿cómo equilibrar los derechos de quienes trabajan hoy con las necesidades de quienes se jubilarán mañana? La equidad intergeneracional no es solo una fórmula contable, sino una apuesta por la solidaridad estructural. En este sentido, el MEI podría ser una herramienta útil si se acompaña de transparencia, pedagogía y reformas estructurales que garanticen su eficacia.
Para un trabajador medio en España, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) supone una deducción mensual de entre 5 y 8 euros en su nómina en 2025, dependiendo de su base de cotización. Aunque la cantidad pueda parecer pequeña, representa una contribución constante que se acumula mes a mes sin que el trabajador reciba una prestación directa a cambio, lo que ha generado cierta incomodidad entre quienes ya lidian con salarios ajustados.
Por ejemplo, un empleado con un salario bruto de 1.500 € mensuales verá una deducción aproximada de 6,75 € al mes, lo que equivale a unos 81 € al año. En el caso de un trabajador con un sueldo de 2.200 € brutos, el descuento puede rondar los 9,9 € mensuales, es decir, cerca de 120 € anuales.
En términos de recaudación, el MEI podría aportar más de 2.700 millones de euros anuales al Fondo de Reserva de la Seguridad Social si se mantiene el ritmo de cotización actual y se amplía progresivamente hasta 2029. Esta cifra, aunque significativa, no resuelve por sí sola el desequilibrio estructural del sistema de pensiones, pero sí representa un colchón financiero que puede ayudar a suavizar el impacto del envejecimiento poblacional y la jubilación masiva de la generación del baby boom.
El Fondo de Reserva de la Seguridad Social fue vaciado principalmente durante los gobiernos del Partido Popular entre 2012 y 2016, presididos por Mariano Rajoy, para cubrir el pago de pensiones en un contexto de crisis económica y déficit estructural.
Este fondo, conocido como la “hucha de las pensiones”, fue creado en el año 2000 con el objetivo de garantizar el pago de prestaciones contributivas en momentos de dificultad. Durante los años de bonanza, especialmente entre 2004 y 2011, llegó a acumular más de 66.000 millones de euros. Sin embargo, a partir de 2012, el Estado comenzó a utilizarlo de forma intensiva para cubrir las pagas extraordinarias de los pensionistas, ante la falta de ingresos suficientes por cotizaciones.
Entre 2012 y 2016, se retiraron más de 50.000 millones de euros del fondo. En 2017, apenas quedaban 8.000 millones, y en 2019, la cifra descendió a menos de 2.000 millones. Aunque el uso del fondo estaba legalmente permitido para cubrir déficits, muchos expertos criticaron la falta de reformas estructurales que evitaran su agotamiento. El gobierno de Pedro Sánchez, desde 2020, ha optado por no recurrir al fondo y ha comenzado a reponerlo, alcanzando más de 14.000 millones de euros en 2025 gracias a medidas como el Mecanismo de Equidad Intergeneracional.
Hay que preguntarse si este mecanismo es suficiente. El vaciado del fondo fue una falta de previsión a largo plazo. Su recuperación actual depende de reformas sostenibles y de una mejora en la calidad del empleo y las cotizaciones. ¿Puede un pequeño porcentaje compensar décadas de desequilibrio demográfico y precariedad laboral? ¿No sería más justo revisar el modelo fiscal completo, incluyendo impuestos a grandes patrimonios o beneficios empresariales extraordinarios? El MEI, por sí solo, parece una tirita sobre una herida profunda., pero por ahora parece al menos un paso en el camino adecuado.
En definitiva, el Mecanismo de Equidad Intergeneracional es una medida necesaria pero insuficiente. Su éxito dependerá no solo de su recaudación, sino de la capacidad del Estado para generar confianza, explicar su función y acompañarlo de reformas más ambiciosas. Porque la equidad entre generaciones no se construye con descuentos invisibles, sino con decisiones visibles y valientes, pero sobre todo con mentalizar sobre la importancia de la solidaridad en una sociedad cada vez más individualista y egoísta
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