La vivienda no obedece a la ley de oferta y demanda.

Por más que algunos economistas, y supuestos expertos en economía, insistan en aplicar la ley de la oferta y la demanda como si fuera una fórmula universal, hay bienes que resisten esa lógica. La vivienda es uno de ellos. No porque esté fuera del mercado, sino porque su naturaleza como bien necesario y su creciente acaparamiento por grandes fondos y propietarios (grandes) la convierten en una excepción que revela las grietas del modelo.

La ley de la oferta y la demanda establece que el precio de un bien se ajusta según la cantidad disponible (oferta) y el interés de los consumidores (demanda). Si hay mucha oferta y poca demanda, el precio baja. Si hay poca oferta y mucha demanda, el precio sube.

Esto puede servir a grandes rasgos con bienes normales: productos que la gente consume según su poder adquisitivo y preferencias. Por ejemplo, si sube el precio de la ropa, muchos consumidores compran menos o buscan alternativas. La demanda es elástica, es decir, sensible al precio.

Pero cuando hablamos de bienes necesarios, como la vivienda, la elasticidad de la demanda se desploma. Nadie puede “dejar de consumir vivienda” porque sube el precio. No es un capricho, es una necesidad vital. Y ahí es donde la teoría empieza a fallar.

La elasticidad de la demanda mide cuánto varía la cantidad demandada de un bien cuando cambia su precio. En bienes normales, la elasticidad suele ser alta: si el precio sube, la demanda baja. Pero en bienes necesarios, la elasticidad es baja o casi nula. La gente sigue necesitando el bien, aunque el precio se dispare.

En el caso de la vivienda, esto significa que los precios pueden subir sin que la demanda caiga significativamente. ¿Por qué? Porque no hay alternativa. Porque nadie puede vivir sin techo. Porque el mercado no ofrece sustitutos reales. Y porque los consumidores no tienen poder de negociación frente a fondos que compran miles de viviendas para especular.

La teoría clásica supone, simplificando, que los mercados son competitivos y que los precios reflejan un equilibrio entre oferta y demanda. Pero cuando grandes fondos de inversión o grandes propietarios acaparan vivienda, ese equilibrio se rompe. La oferta se restringe artificialmente, no por escasez física, sino por decisión estratégica. Se retienen viviendas vacías, se suben los alquileres, se expulsan inquilinos. Todo para maximizar rentabilidad. Y es natural en un mercado sin reglas, en una ley de la jungla el egoísmo humano es inevitable, debe existir leyes y medidas que lo frenen.

En ese contexto, hablar de “ley de oferta y demanda” es casi una burla. No hay competencia real. No hay transparencia. Y no hay elasticidad. El consumidor está atrapado: paga lo que le pidan o se queda sin casa.

La vivienda como bien necesario exige otra lógica. Una que reconozca su función social, su impacto en la salud, en la educación, en la estabilidad emocional. No se puede tratar como si fuera un coche o un teléfono móvil. No se puede dejar en manos de algoritmos financieros.

La solución no pasa por construir más sin control, ni por liberalizar aún más el suelo. Pasa por reconocer que la vivienda no es un bien normal, y por diseñar un conjunto de políticas (no existe una sola solución mágica) que limiten el poder de los grandes fondos, protejan al pequeño propietario y garanticen el acceso a techo digno como derecho, no como mercancía.