Ingratitud y rey emérito

Juan Carlos alcanzó la sucesión a la jefatura del Estado de una forma harto singular, sin precedentes en nuestra Historia y creo que en ningún país del mundo. Y fue singular porque fue nombrado sucesor por un dictador en un régimen político que se definía como Reino, pero sin rey, aunque el sucesor lo sería, y con una serie de facultades que sin llegar a ser las del dictador eran muy grandes, mucho más allá de las que se habían establecido hasta el momento en el modelo de Monarquía constitucional, ya de por sí muchas si se comparan con las de la Monarquía parlamentaria. Tampoco se tuvo en cuenta el derecho dinástico porque Franco se saltó la línea sucesoria, otra prueba más del poder omnímodo que siempre tuvo, dejando fuera al padre de Juan Carlos, con el que nunca tuvo sintonía. En este proceso el dictador nombró a Juan Carlos como príncipe de España, un título nuevo, porque, a pesar de las veleidades “monárquicas” de Franco, como demostró en el asunto del nombramiento de los obispos y en la concesión de títulos nobiliarios, no se atrevió a nombrarle como príncipe de Asturias porque eso hubiera generado un escándalo mayúsculo con los monárquicos, y porque Franco se consideraba una suerte de monarca sin corona.

Pues bien, fallecido el dictador, Juan Carlos alcanzó la jefatura del Estado con amplios poderes, monarca del Movimiento Nacional, y comenzó a ponerse en marcha un proceso de transición no rupturista que, al final, la izquierda tuvo que aceptar. En ese proceso se diseñó un sistema político de Monarquía, y la izquierda accedió, aunque los socialistas se abstuvieran para intentar un complicado equilibrio entre su republicanismo y un ejercicio de posibilismo. Eso sí, la Monarquía ya no sería del Movimiento Nacional, sino parlamentaria. Aprobada la Constitución por las Cortes Constituyentes, y luego por el pueblo español en diciembre de 1978, Juan Carlos adquirió la legitimidad que no tenía, ya que, ninguna democracia podría aceptar que el origen de la titularidad de la jefatura del Estado surgiera de la decisión personalísima de un dictador.

Esa legitimidad democrática se alcanzó por un ejercicio de generosidad política como pocas veces se ha visto en nuestra Historia. Y esa generosidad no procedió del ámbito político de la derecha ni del centro-derecha, sino de las fuerzas que siendo tradicionalmente republicanas aceptaron la solución monárquica, es decir, de los socialistas y de los comunistas. Es importante que en el estudio de la Transición tengamos en cuenta este hecho, y que demostraría que tan importante como fue el proceso de cambio, más protagonizado por Adolfo Suárez que por el propio monarca, fue el ejercicio de sacrificio de la izquierda, sin olvidar que los ciudadanos y ciudadanas de este país decidieron ser moderados y aceptar el modelo de Transición que se formuló.

La legitimidad se reforzó con el tiempo y el sistema adquirió estabilidad. Parecía que este país podía funcionar con una Monarquía parlamentaria con un titular que asumía un papel nuevo en la Historia española.

Pero en un momento dado los españoles y españolas amanecieron con noticias diversas y constantes sobre un comportamiento nada ortodoxo, y que parece que continua por parte de quien había ocupado la jefatura del Estado. Descubrimos que no todo era oro lo que relucía, que bajo el pacto de silencio de unos y otros había otras cosas que han desmontado un mito de la nuestra moderna democracia, demostrando, una vez más, que construir mitos en política es un craso error.

Entonces, ¿no estamos ante un ejercicio de ingratitud, tanto hacia la izquierda en su ejercicio de posibilismo en la Transición, como a la ciudadanía, en general, independientemente de su color político, por parte de alguien al que este país le otorgó una legitimidad institucional un mes de diciembre de hace ya unos cuantos años?