Abengochea: “Exigir transparencia y legalidad no es atacar al Real Zaragoza, sino proteger el interés general frente a intereses privados financiados con dinero público”

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Zaragoza,  julio de 2026.- El informe de fiscalización de La Nueva Romareda que se ha tratado hoy en la ponencia de relaciones con la Cámara de Cuentas de las Cortes de Aragón confirma muchas de las advertencias que Izquierda Unida ha denunciado desde el inicio del proyecto. “Una operación donde los riesgos, los sobrecostes y las posibles pérdidas recaen sobre las administraciones públicas, mientras los beneficios de la explotación del estadio acabarán en manos privadas”. La Cámara de Cuentas ha señalado que la viabilidad de la sociedad depende del apoyo económico del Ayuntamiento de Zaragoza y del Gobierno de Aragón, además de constatar que el Real Zaragoza incumplió inicialmente su compromiso de aportación económica.

La portavoz parlamentaria y Coordinadora General de Izquierda Unida de Aragón, Marta Abengochea, ha apuntado que el informe también pone de manifiesto deficiencias en la gestión, con falta de transparencia, irregularidades en contratación, carencias en la organización del personal y un preocupante margen de mejora en el control contable. “Todo ello en un proyecto que se presentó como una iniciativa que no costaría dinero público y que, sin embargo, está trasladando cada vez más cargas a las instituciones”, ha denunciado durante su intervención en las Cortes.

Para la diputada, se confirma que esta responde a un modelo en el que lo público pone el patrimonio, el dinero y asume los riesgos, mientras lo privado aspira a quedarse con los beneficios. Además, ha criticado la “opacidad” de la sociedad gestora, que llegó a no facilitar documentación requerida por la Cámara de Cuentas, no publica las retribuciones de su gerente y carece de una relación de puestos de trabajo accesible.

Ante estas evidencias, Izquierda Unida de Aragón considera imprescindible que se arroje luz sobre un proyecto financiado con importantes recursos públicos. Exigir transparencia y cumplimiento de la legalidad no es atacar al Real Zaragoza, sino defender el interés general frente a quienes pretenden convertir las emociones de la ciudadanía en un negocio privado sostenido con dinero público.