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Pedro J. Suárez GarcíaEl escenario de la gestión migratoria en las fronteras exteriores de la Unión Europea ha cambiado de raíz. La progresiva sustitución del antiguo Reglamento de Dublín III —que condenaba casi en exclusiva al Estado de primera entrada a hacerse cargo de todo el proceso— ha dado paso al Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo (PEMA). Sin embargo, lo que en los despachos de Bruselas se dibuja como una solución coordinada, sobre el terreno insular amenaza con cronificar a Canarias como un espacio periférico de contención permanente.
El análisis técnico de la realidad normativa y operativa deja al descubierto las costuras de un sistema que choca frontalmente con las carencias logísticas del archipiélago.
1. LA "FICCIÓN JURÍDICA" Y LA REALIDAD DE LOS MUELLES
El nuevo marco normativo introduce conceptos complejos, como la "ficción jurídica de no entrada". Bajo este principio, durante un triaje inicial de máximo 7 días, se considera que el ciudadano extranjero no ha pisado legalmente territorio de la Unión Europea, limitando de forma transitoria ciertos derechos procesales para acelerar las inadmisiones.
Además, se activa el Procedimiento Acelerado de Frontera. Esto significa que cualquier migrante de una nacionalidad con una tasa de reconocimiento de asilo inferior al 20% en la UE será retenido de forma obligatoria en instalaciones fronterizas durante un máximo de 12 semanas mientras se tramita su resolución.
Aquí es donde la teoría choca con la geografía y la realidad local:
* Macrocentros obsoletos: Espacios como Las Raíces (Tenerife), El Matorral (Fuerteventura) o Canarias 50 (Gran Canaria) operan bajo un modelo de régimen abierto. Ninguno está adaptado arquitectónica ni jurídicamente para convertirse en un centro de retención y custodia estricta durante tres meses.
* Desequilibrio insular: Mientras las capitales provinciales concentran los mayores recursos, las islas que sufren con más intensidad la presión en sus muelles, como El Hierro o Lanzarote, carecen de infraestructuras permanentes para un triaje digitalizado avanzado que conecte en tiempo real con la base de datos europea Eurodac.
[NOTA: El peligro de la "solidaridad a la carta": El pacto incluye un mecanismo de solidaridad obligatoria, pero permite a los Estados miembros pagar 20.000 € por persona rechazada para eludir la acogida física. El temor es evidente: que Europa prefiera pagar antes que reubicar, convirtiendo a las islas en un tapón estructural.]
2. EL VACÍO LEGAL DE LOS MENORES: UNA CRISIS AUTONÓMICA
Si hay un punto crítico en el archipiélago es la situación de los menores no acompañados. El PEMA regula la solidaridad entre Estados soberanos, pero no interfiere en la distribución de competencias internas de España.
Como la tutela de los menores es competencia exclusiva de las comunidades autónomas y no existe un marco legislativo nacional que obligue a un reparto interautonómico, el Gobierno de Canarias soporta de forma indefinida y en solitario todo el peso financiero y logístico de miles de expedientes de menores desprotegidos.
3. LA BATALLA POR EL DINERO: ¿QUIÉN PAGA LA FACTURA?
El mapa de responsabilidades y financiación genera una enorme fricción política debido a la centralización de los recursos:
* Control Fronterizo, Triaje y Registro Biométrico (Eurodac)
- Administración: Ministerio del Interior (Policía Nacional / Guardia Civil) y apoyo de Frontex.
- Financiación: Fondos de Gestión de Fronteras y Visados (IGFV) de la UE y Presupuestos Generales del Estado (PGE).
* Instrucción y Resolución de Expedientes de Asilo
- Administración: Ministerio del Interior (Oficina de Asilo y Refugio - OAR) y Ministerio de Justicia.
- Financiación: PGE y partidas estructurales de desarrollo del PEMA.
* Acogida Humanitaria de Solicitantes Mayores de Edad
- Administración: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (Fase inicial de derivación).
- Financiación: Fondo de Asilo, Migración e Integración (FAMI) de la Unión Europea y gestión centralizada estatal.
* Tutela Legal, Alojamiento e Integración de Menores
- Administración: Gobierno de Canarias (Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud e Infancia).
- Financiación: Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Canarias, con demandas pendientes de fichas financieras estatales.
* Asistencia Sanitaria de Urgencia y Cobertura Educativa
- Administración: Gobierno de Canarias (Servicio Canario de la Salud y Consejería de Educación).
- Financiación: Fondos propios de la hacienda autonómica canaria.
Tanto los fondos FAMI como las compensaciones de 20.000 € de la "solidaridad a la carta" van a parar directamente a la tesorería del Estado central. Por ello, las instituciones canarias reclaman con urgencia un mecanismo jurídico de regionalización directa de estos fondos. El objetivo es blindar la solvencia de los servicios sanitarios y asistenciales del archipiélago frente a los picos de presión en la Ruta Atlántica.
4. CONCLUSIÓN: UN CAMBIO DE MODELO URGENTE
El Nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo busca imponer orden y control, pero si se aplica sobre la estructura actual, el riesgo de colapso en Canarias es inminente. El estricto cumplimiento de los plazos (7 días de triaje y 12 semanas de resolución) exige de manera improrrogable un aumento crítico en la dotación técnico-judicial: más instructores de la OAR, traductores homologados y magistrados de control de frontera.
Canarias no puede afrontar un desafío europeo con herramientas locales e insuficientes. Sin una reforma operativa profunda que incluya infraestructuras dignas para perfiles vulnerables, un control independiente de los derechos fundamentales y la transferencia directa de la financiación europea, el pacto nacerá muerto en la frontera más sensible del Atlántico.
