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En una aldea del Pacífico, generaciones han utilizado una raíz para aliviar la ansiedad. En los valles del Atlas marroquí, mujeres extraen con esmero un aceite que nutre pieles y cabellos desde hace más de mil años. En el desierto australiano, un pasto silvestre se usa desde tiempos inmemoriales para fabricar herramientas. Sin embargo, lejos de estas comunidades, en laboratorios y oficinas de patentes, estos saberes milenarios se transforman en fórmulas comerciales, cosméticos de lujo y compuestos farmacéuticos con etiquetas que nada dicen sobre sus verdaderos orígenes.
Esta es la historia persistente de la biopiratería: la apropiación del conocimiento ancestral sin consentimiento ni compensación. A pesar de tres décadas de esfuerzos internacionales para frenar esta práctica, un artículo reciente publicado en The UNESCO Courier, la revista editorial de la UNESCO, advierte que la biopiratería sigue viva en múltiples sectores donde se desarrollan productos vinculados a la naturaleza, desde la cosmética hasta la farmacéutica, pasando por la biotecnología y los alimentos funcionales. El texto, firmado por Daniel F. Robinson —experto en gobernanza de recursos naturales de la Universidad de Nueva Gales del Sur (Australia) — y Ana María Hernández Salgar —presidenta de la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (IPBES)—, ofrece un repaso profundo sobre los desafíos y avances en torno al uso justo del conocimiento tradicional.
De la “herencia común” al recurso patentado
Durante buena parte de la historia, las plantas, animales y saberes asociados circularon libremente entre culturas, consideradas patrimonio común de la humanidad. Pero la irrupción de la ingeniería genética en el siglo XX cambió radicalmente esa lógica. A medida que la biología molecular permitió “leer” y manipular los códigos genéticos, la biodiversidad dejó de ser solo un bien natural y pasó a convertirse en un recurso codiciado, con valor comercial e interés geopolítico.
Este giro, según Robinson y Hernández. encontró respaldo institucional en 1992, cuando el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) colocó a los recursos genéticos bajo la soberanía de los Estados. Luego, en 2010, el Protocolo de Nagoya sobre Acceso y Participación en los Beneficios profundizó esa idea, creando un marco internacional para regular el uso del conocimiento tradicional asociado a esos recursos. Y más recientemente, el Tratado sobre Propiedad Intelectual, Recursos Genéticos y Conocimientos Tradicionales acordado en 2024 por la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) busca reforzar aún más la transparencia y el reparto equitativo de beneficios.
Saber ancestral, productos modernos
En teoría, estos instrumentos legales deberían garantizar que toda empresa, universidad o instituto que quiera utilizar conocimiento ancestral deba primero obtener consentimiento informado y acordar cómo compartir los beneficios. Pero en la práctica, las grietas del sistema permiten que muchos actores sigan evadiendo estas obligaciones.
Entre los múltiples ejemplos analizados por los autores, El caso del kava (Piper methysticum), planta tradicionalmente usada por los pueblos del Pacífico por sus propiedades ansiolíticas, es ilustrativo. Pese a que existen cientos de patentes vinculadas a sus efectos calmantes, no hay registros de acuerdos de reparto de beneficios con las comunidades que desarrollaron ese conocimiento.
Un patrón similar se observa en la comercialización del aceite de argán, extraído de los frutos del árbol Argania spinosa, originario de Marruecos. Aunque algunas empresas han establecido convenios con cooperativas de mujeres amazigh, muchas otras han patentado fórmulas y vendido productos a nivel global sin ningún tipo de restitución a las comunidades de origen.
Pero no todos los ejemplos son negativos. En Australia, el pueblo Indjalandji-Dhidhanu trabajó junto a la Universidad de Queensland para investigar nuevas aplicaciones del spinifex, una gramínea nativa. El proyecto incluyó un acuerdo de colaboración con cláusulas de reparto de beneficios y derivó en una empresa derivada que desarrolla geles médicos y materiales compuestos a partir de fibras de celulosa del spinifex. Además del reconocimiento, la alianza trajo empleos y oportunidades educativas para jóvenes indígenas.
Un caso similar se registró en Argentina, donde el laboratorio Garré Guevara logró en 2020 la primera certificación comercial de América del Sur bajo el Protocolo de Nagoya, al desarrollar una línea de productos cosméticos a partir de la jarilla (Larrea divaricata), una planta nativa del noroeste argentino con usos medicinales tradicionales. El proyecto, llevado adelante junto con científicos del CONICET, no solo respetó los principios de acceso legal y consentimiento informado, sino que también incluyó un sistema de reparto de beneficios que permitió generar empleo local y regalías para la provincia de La Rioja. Un modelo virtuoso de cómo la innovación puede construirse sobre las bases éticas, inclusivas y sostenibles que sostiene el paradigma de la bioeconomía.
Biopiratería: la delgada línea entre biodescubrimiento y apropiación
La recolección de conocimiento ancestral con fines científicos o comerciales no es ilegal per se. De hecho, el proceso conocido como biodescubrimiento —la búsqueda de propiedades útiles en organismos vivos— puede ser una herramienta legítima y valiosa para la innovación sostenible. El problema aparece cuando se omite el origen del conocimiento o se evita deliberadamente compartir los frutos de esa exploración.
En sectores como la farmacéutica, donde el desarrollo de productos es costoso y lleva años, el conocimiento tradicional puede acelerar los tiempos y reducir riesgos. Pero si ese atajo se basa en “viajar liviano”, sin cargar con obligaciones éticas, legales ni económicas hacia los pueblos que brindan esa sabiduría, entonces se convierte en biopiratería.
Robinson y Hernández Salgar también advierten que muchas empresas argumentan que obtienen los recursos de colecciones históricas, o que el país de origen no cuenta con leyes restrictivas. En otros casos, se utilizan formas menos visibles de propiedad intelectual, como los derechos de obtentor vegetal o marcas comerciales, que no exigen declarar la fuente del conocimiento. Así, la omisión se vuelve estrategia.
Las normas avanzan, pero los vacíos persisten
Para los autores, los marcos legales actuales han generado avances. Muchos países ahora exigen consentimiento previo y revelación del origen del conocimiento al tramitar patentes. Pero mientras existan atajos legales, jurisdicciones laxas y falta de monitoreo internacional, la biopiratería seguirá horadando los principios de equidad que deberían guiar a quienes promueven una nueva forma de pensar el desarrollo basada en el uso sustentable de la biodiversidad.
Porque no se trata solo de reconocer a quienes primero usaron una planta medicinal o identificaron una propiedad útil. Se trata de reconfigurar una lógica histórica que privilegió la extracción sin devolver nada a cambio. Una lógica que, en nombre de la innovación, invisibiliza a quienes han sido innovadores durante siglos.
En un mundo que busca transitar hacia modelos de vida más justos, regenerativos y colaborativos, dejar atrás la biopiratería no es solo un imperativo legal. Es una condición ética para hacer de los conocimientos ancestrales un verdadero puente entre saberes, territorios y futuros compartidos
