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La Ley se proyectó y aprobó en la época del New Deal con Roosevelt, y está en la línea de su política social. Algunas de sus partes ya se habían determinado en la National Industrial Recovery Act, que había dado origen a la National Revovery Administration, pero esa Ley había sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema en 1935, por lo que no lo había sido pasaría a la Ley que es el motivo de este artículo.
La NLRA o Ley Wagner supuso el reconocimiento y garantía legal para la sindicación de los trabajadores. En primer lugar, prohibía a los empresarios que pudieran interferir en la libertad de los trabajadores para asociarse y organizarse. Los empleadores no podían coartar, impedir o restringir la libertad de los trabajadores para crear o apoyar a un sindicato, para exigir y pactar colectivamente los salarios y condiciones de trabajo, así como para designar a sus representantes en las negociaciones y convenios. Además, los empresarios no podían asistir ni dirigir un sindicato. Los trabajadores que presentasen quejas, reclamaciones o testimonios contra sus empleadores no podrían ser discriminados en las empresas y puestos de trabajo, así como tampoco los que promoviesen o desalentasen el apoyo de un sindicato determinado. Por fin, esta Ley obligaba a los empresarios a estar en la negociación colectiva de salarios o condiciones laborales con los trabajadores y/o sus representantes.
Esta nueva legislación en favor de los sindicatos, que garantizaba plenamente su existencia y desarrollo, como hemos comprobado, promovió que se creasen nuevas organizaciones sindicales.
En los inicios de la Guerra Fría la Ley fue reformada con la Ley Taft Hartley, que limitó la posibilidad de las huelgas en las industrias consideradas de seguridad nacional por el Gobierno Federal, porque se interpretó que la Ley Wagner había promovido que se dieran huelgas en plena Segunda Guerra Mundial.
