Cisjordania: El registro del despojo

Hay momentos en que el lenguaje técnico traiciona la verdad moral de los hechos. Hablar de “registro”, “catastro” o “regularización” cuando se trata de tierra bajo ocupación prolongada es una forma de anestesia. Lo que el gobierno israelí aprobó al reactivar el registro formal de tierras en el Área C de Cisjordania —paralizado desde 1967— no es un trámite administrativo. Es la formalización de un mecanismo de apropiación.

En mi opinión y análisis, la lectura es inequívoca. Cuando la autoridad que controla militarmente un territorio impone sus propios estándares probatorios a la población que vive bajo ocupación, sabiendo que décadas de guerra, desplazamientos y bloqueo documental dificultan la acreditación de títulos, el resultado no es neutral. Es previsible. Y lo previsible, en este caso, es que extensas superficies de tierra palestina pasen a ser declaradas “propiedad estatal” de Israel.

El derecho internacional humanitario es claro: la ocupación no transfiere soberanía. El territorio ocupado no pasa a ser propiedad del ocupante. El Cuarto Convenio de Ginebra prohíbe alterar permanentemente el estatuto jurídico del territorio y prohíbe la transferencia de población civil de la potencia ocupante hacia ese territorio. Sin embargo, durante años, los asentamientos se han expandido. Ahora, el registro sistemático de tierras introduce una capa adicional: convierte la realidad de control militar en estructura civil consolidada.

No estamos ante un episodio aislado. La nueva ley se suma a un patrón documentado de demoliciones de viviendas palestinas, destrucción de infraestructura agrícola, restricciones de construcción y negación sistemática de permisos en el Área C, que constituye cerca del 60 por ciento de Cisjordania. Las cifras de demoliciones en los últimos años muestran una tendencia persistente: casas reducidas a escombros, escuelas financiadas por la cooperación internacional desmontadas, sistemas de agua confiscados o inutilizados.

Cada demolición no es solo una infracción urbanística. Es la expulsión lenta. Es el mensaje de que la permanencia es provisional. Es la fragmentación del tejido social y económico. Cuando la vivienda es demolida, el agricultor pierde su tierra, el niño pierde su escuela y la comunidad pierde continuidad.

La ley de registro opera en ese mismo sentido. Si el propietario palestino no logra acreditar la titularidad ante la administración israelí, la parcela puede ser reclasificada como estatal. Históricamente, esa categoría ha sido utilizada para expandir asentamientos y consolidar control territorial. La operación es limpia en el papel. Devastadora en la realidad.

Humanamente Gaza

En mi análisis, insistir en que estas medidas no determinan el destino político del territorio es una ficción. La solución de dos Estados requiere continuidad territorial, acceso a recursos, seguridad jurídica sobre la tierra y capacidad de planificación. Si el suelo mismo puede ser absorbido progresivamente por el Estado que ocupa, esa solución deja de ser una posibilidad real y se convierte en una fórmula diplomática sin sustancia.

No se trata de un conflicto abstracto. Se trata del control sobre la tierra, el agua, el sustento. Se trata de la posibilidad de existir con dignidad en un territorio propio. Cuando las bases materiales de esa existencia se erosionan sistemáticamente, el resultado no es solo desigualdad. Es desposesión estructural.

Muchos gobiernos y organismos internacionales han condenado esta medida como un paso hacia la anexión de facto. Sin consecuencias efectivas, sin embargo, las condenas quedan suspendidas en el aire. El derecho internacional pierde fuerza no cuando se lo ataca frontalmente, sino cuando se lo vacía de contenido mediante decisiones administrativas acumulativas que transforman los hechos sobre el terreno hasta volverlos irreversibles.

En mi opinión, lo que se está ejecutando no es improvisación ni error. Es coherencia. Es una política que consolida control permanente y reduce, paso a paso, el espacio material de la autodeterminación palestina. Leer estos hechos como simples controversias administrativas equivale a ignorar su lógica estructural.

La tierra no es un trámite. Es identidad, arraigo, supervivencia. Cuando el registro se convierte en herramienta de despojo, el conflicto deja de ser negociable y se vuelve existencial. Y cuando la comunidad internacional acepta esa transformación como un hecho consumado, no está siendo neutral. Está asistiendo, en silencio, a la consolidación de una realidad que después dirá que lamenta.

Pressenza