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Las barreras físicas siguen siendo parte del paisaje cotidiano: aceras imposibles, pasos de peatones sin rebajes, rampas que no cumplen ningún criterio técnico y obras públicas que se eternizan sin alternativas accesibles. Esto no es casualidad. Es el resultado de no situar la accesibilidad como prioridad en el diseño, la ejecución y el control de las políticas públicas; hablamos de personas con movilidad reducida, personas mayores, carritos de bebé, embarazadas... no estamos hablando de una minoría.
Pero el problema es aún más profundo. En Canarias se sigue confundiendo accesibilidad con poner una rampa. Las personas con discapacidad visual se enfrentan cada día a semáforos sin señalización sonora, ausencia de pavimento guía y aceras invadidas por terrazas, patinetes o cartelería. No es solo una molestia: es una amenaza directa a su seguridad.
La accesibilidad cognitiva es, directamente, inexistente en demasiados ámbitos de la administración. Trámites incomprensibles, lenguaje administrativo opaco, páginas web confusas y oficinas donde no se explica, sino que se complica. Quien no entiende, no accede. Y quien no accede, queda fuera del sistema.
Resulta especialmente grave que una comunidad autónoma que vive del turismo siga sin garantizar una accesibilidad universal real en playas, museos y espacios culturales. La accesibilidad no se improvisa ni se resuelve con gestos simbólicos. Exige planificación, presupuesto, formación y mantenimiento. Todo lo demás es propaganda.
No es cierto que falten soluciones. Las medidas están identificadas, la normativa existe y el conocimiento técnico es sobrado. Lo que falta es voluntad política y responsabilidad institucional. Cuando se decide actuar, se actúa. Cuando no, se tolera la exclusión.
La accesibilidad no es un favor ni un privilegio. Es un derecho ligado a la dignidad, la igualdad y la participación social. Cada barrera que se mantiene es una renuncia consciente a esos principios.
Como recuerda la arquitecta especializada en accesibilidad universal Marta Bordas: "Hay que diseñar para todas las personas y para todas las etapas de la vida". Canarias debe decidir si quiere ser una tierra que presume de modernidad o una que la practica.
La accesibilidad es una cuestión de derechos humanos y de calidad democrática. Y mientras no se actúe con contundencia, la exclusión seguirá siendo una decisión política.
(*) Inma Vega Dos Santos es secretaria de Accesibilidad del PSOE Canarias
