Defensor ante la desinformación.

TeleMadrid, a la que cada vez llaman más ‘TeleAyuso’ -no hace falta explicar por qué- picó días pasados y coló en sus informativos -¡cómo serán!- la falsa noticia de que Pablo Iglesias e Irene Montero habían matriculado a sus tres hijos en un centro escolar privado de Madrid. Los prejuicios tan elevados que tienen en algunos medios sobre quienes eran considerados los antisistema, propiciaron lanzarse sobre la golosina de una incongruencia flagrante, de una contradicción cuando menos ideológica, de esas que el derecho se apresura a destacar. Hala, sin verificar ni nada. Pero no, los redactores y editores de la tele matritense pincharon en hueso. El anzuelo parecía goloso pero era falso. ¿Se habrán dicho en TeleMadrid aquello de una para ver y otra para aprender? Es el último ejemplo de la desinformación.

El veterano periodista José María Izquierdo confesaba días pasados, todavía sin desatarse el episodio aludido, una pregunta que, según él, “nos atormenta”. ¿Qué se puede hacer desde las instituciones del Estado -era la cuestión-, desde los medios serios, junto a unos ciudadanos constantemente agredidos desde la impunidad más absoluta, frente a este gigantesco tsunami de las redes sociales, sus algoritmos deleznables y sus bots terroristas?”. Por no añadir la ‘telebasura’ o las ediciones digitales de los que ya se conocen por pseudomedios, plagados en generosa extensión de sesgos, mentiras y tergiversaciones hasta alcanzar el dislate. Izquierdo deslizaba su alternativa: “Siempre se puede hacer algo y siempre se pueden elaborar propuestas para la lucha contra tan perversos enemigos”.

En su opinión, no solo hay que arriesgar en las propuestas sino que es preciso encontrar alguna que combine una defensa eficaz con una política de prevención que pueda adelantarse a los agresores.

Por eso, aboga por perfilar algo con la solidez necesaria para afrontar una lucha que seguro es exigente.

Su idea consiste en crear una figura similar a la del Defensor del Pueblo, “bajo el titular provisional y meramente indicativo de Defensor ante la Desinformación. Aún partiendo de la base de que la puesta en marcha de una iniciativa como esta, o como muchas otras, está condenada al fracaso -en el actual ambiente de polarización es prácticamente imposible-, Izquierdo explica que este Defensor, al igual que el del Pueblo, dependería de las Cortes Generales por lo que su presupuesto estaría garantizado. Y sugiere que recordemos el artículo 54 de la vigente Constitución de 1978: “Una Ley orgánica regulará la institución del Defensor del Pueblo como alto comisionado de las Cortes Generales, designado por éstas para la defensa de los derechos comprendidos en este Título”. ¿Cómo se elige a su responsable? El periodista también apunta la solución: “Por la Comisión Mixta Congreso-Senado de Relaciones con el Defensor del Pueblo, la cual propone al candidato o candidatos a los plenos de las cámaras para su elección (…). El pleno del Congreso realizará su votación y será elegido el candidato que obtenga el apoyo mínimo de las tres quintas partes de éste”. Es sólo un ejemplo de sistema de elección posible. ¿Qué partido se opondría a esta propuesta con razonamientos creíbles? Se pregunta seguidamente cuál sería base de su actuación. Respuesta: “Cualquiera de los códigos éticos del periodismo, desde el europeo hasta el elaborado por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE). Porque la nueva Oficina no debe ser ocupada únicamente por periodistas, pero nada se podrá hacer sin el concurso de los profesionales y el concepto de aurorregulación”.

Por supuesto, los verificadores de noticias serían vitales en esta propuesta y saben ya de la necesidad de contar con mecanismos bien articulados para redes sociales, audiovisuales y prensa así como con capacidad sancionadora. A ver si prospera la idea, ya lanzada.