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Imagen: Meizhi Lang - unsplash
La crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio continúa impactando con especial
intensidad en Canarias y las medidas adoptadas hasta ahora no están siendo capaces de proteger
adecuadamente a la población trabajadora frente al encarecimiento del coste de la vida. Esta es una de
las principales conclusiones del informe elaborado por CCOO Canarias sobre el impacto de la crisis
energética y la efectividad de las medidas de compensación impulsadas por las administraciones
públicas.
El sindicato considera que las ayudas aprobadas por el Gobierno de Canarias a través del Decreto-ley
3/2026 han resultado insuficientes para contener la inflación y evitar que continúe deteriorándose el
poder adquisitivo de los salarios en el Archipiélago.
El estudio pone de manifiesto que Canarias afronta esta situación desde una posición de especial
vulnerabilidad debido a su dependencia energética, la insularidad y el peso de actividades económicas
especialmente expuestas al aumento de los costes, como el transporte, el turismo, el comercio, la
agricultura, la ganadería y la pesca.
Asimismo, CCOO cuestiona uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico para
justificar la necesidad de medidas específicas. El informe concluye que la mayor parte de las
actuaciones incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado por el
Gobierno de España tienen aplicación directa en Canarias, si bien algunas medidas fiscales requieren
adaptaciones derivadas del Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago.
La organización sindical advierte de que las actuaciones impulsadas por el Gobierno autonómico
presentan un alcance limitado y una vigencia demasiado reducida. Buena parte de estas medidas
expiran el próximo 30 de junio y, según el análisis realizado, no existen evidencias que permitan afirmar
que hayan tenido un efecto significativo en la contención de los precios que soportan los hogares
canarios.
Los datos recopilados por el Gabinete Técnico de CCOO reflejan que la pérdida de poder adquisitivo
sigue agravándose. El salario medio bruto en Canarias se situó en 1.746 euros mensuales al cierre de
2025 y la pérdida acumulada de capacidad de compra respecto a 2019 alcanza ya el 2,21 %. En
sectores como la construcción, este deterioro supera el 10 %.
1
Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI]
A ello se añade que la inflación interanual se situó en abril de 2026 en el 3 %, por encima del incremento
salarial medio pactado en convenio, provocando una nueva reducción de los ingresos reales de
trabajadores y trabajadoras.
El informe destaca además que las mayores subidas de precios se concentran en bienes de primera
necesidad, como la carne, las frutas y hortalizas, el pescado o el transporte personal, lo que afecta con
mayor intensidad a las familias con menores ingresos.
CCOO Canarias también denuncia la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación que
permitan conocer si las rebajas fiscales y las ayudas públicas están repercutiendo realmente en los
consumidores o si, por el contrario, una parte de estos beneficios está siendo absorbida por los
márgenes empresariales.
La organización reclama igualmente una revisión de instrumentos como el Régimen Específico de
Abastecimiento (REA) y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), cuya
incidencia sobre la evolución de los precios continúa siendo objeto de debate.
Ante esta situación, CCOO Canarias insta al Gobierno autonómico a abrir un proceso de diálogo con los
agentes sociales para diseñar nuevas medidas adaptadas a la realidad económica y social de las islas.
Entre las propuestas planteadas figuran ayudas directas para los hogares con menores rentas, la
ampliación de las rebajas fiscales sobre productos esenciales y actuaciones específicas para
compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.
“La población canaria percibe cada vez con más intensidad que su salario alcanza para menos. La
respuesta institucional debe ser más ambiciosa, más estable en el tiempo y estar sometida a
mecanismos de evaluación y transparencia”, concluye el informe.
