CCOO Canarias considera que las ayudas frente a la crisis energética no están evitando la pérdida de poder adquisitivo en las islas

Imagen: Meizhi Lang - unsplash

La crisis energética derivada del conflicto en Oriente Medio continúa impactando con especial 
intensidad en Canarias y las medidas adoptadas hasta ahora no están siendo capaces de proteger 
adecuadamente a la población trabajadora frente al encarecimiento del coste de la vida. Esta es una de 
las principales conclusiones del informe elaborado por CCOO Canarias sobre el impacto de la crisis 
energética y la efectividad de las medidas de compensación impulsadas por las administraciones 
públicas. 
El sindicato considera que las ayudas aprobadas por el Gobierno de Canarias a través del Decreto-ley 
3/2026 han resultado insuficientes para contener la inflación y evitar que continúe deteriorándose el 
poder adquisitivo de los salarios en el Archipiélago. 
El estudio pone de manifiesto que Canarias afronta esta situación desde una posición de especial 
vulnerabilidad debido a su dependencia energética, la insularidad y el peso de actividades económicas 
especialmente expuestas al aumento de los costes, como el transporte, el turismo, el comercio, la 
agricultura, la ganadería y la pesca. 
Asimismo, CCOO cuestiona uno de los argumentos esgrimidos por el Ejecutivo autonómico para 
justificar la necesidad de medidas específicas. El informe concluye que la mayor parte de las 
actuaciones incluidas en el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio aprobado por el 
Gobierno de España tienen aplicación directa en Canarias, si bien algunas medidas fiscales requieren 
adaptaciones derivadas del Régimen Económico y Fiscal del Archipiélago. 
La organización sindical advierte de que las actuaciones impulsadas por el Gobierno autonómico 
presentan un alcance limitado y una vigencia demasiado reducida. Buena parte de estas medidas 
expiran el próximo 30 de junio y, según el análisis realizado, no existen evidencias que permitan afirmar 
que hayan tenido un efecto significativo en la contención de los precios que soportan los hogares 
canarios. 
Los datos recopilados por el Gabinete Técnico de CCOO reflejan que la pérdida de poder adquisitivo 
sigue agravándose. El salario medio bruto en Canarias se situó en 1.746 euros mensuales al cierre de 
2025 y la pérdida acumulada de capacidad de compra respecto a 2019 alcanza ya el 2,21 %. En 
sectores como la construcción, este deterioro supera el 10 %. 
1 
Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI] 
A ello se añade que la inflación interanual se situó en abril de 2026 en el 3 %, por encima del incremento 
salarial medio pactado en convenio, provocando una nueva reducción de los ingresos reales de 
trabajadores y trabajadoras. 
El informe destaca además que las mayores subidas de precios se concentran en bienes de primera 
necesidad, como la carne, las frutas y hortalizas, el pescado o el transporte personal, lo que afecta con 
mayor intensidad a las familias con menores ingresos. 
CCOO Canarias también denuncia la ausencia de mecanismos de seguimiento y evaluación que 
permitan conocer si las rebajas fiscales y las ayudas públicas están repercutiendo realmente en los 
consumidores o si, por el contrario, una parte de estos beneficios está siendo absorbida por los 
márgenes empresariales. 
La organización reclama igualmente una revisión de instrumentos como el Régimen Específico de 
Abastecimiento (REA) y el Arbitrio sobre las Importaciones y Entregas de Mercancías (AIEM), cuya 
incidencia sobre la evolución de los precios continúa siendo objeto de debate. 
Ante esta situación, CCOO Canarias insta al Gobierno autonómico a abrir un proceso de diálogo con los 
agentes sociales para diseñar nuevas medidas adaptadas a la realidad económica y social de las islas. 
Entre las propuestas planteadas figuran ayudas directas para los hogares con menores rentas, la 
ampliación de las rebajas fiscales sobre productos esenciales y actuaciones específicas para 
compensar la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. 
“La población canaria percibe cada vez con más intensidad que su salario alcanza para menos. La 
respuesta institucional debe ser más ambiciosa, más estable en el tiempo y estar sometida a 
mecanismos de evaluación y transparencia”, concluye el informe.