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Mujeres lesbianas y bisexuales durante una Marcha del Orgullo en Budapest. Un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas denuncia que en todas las regiones del mundo se mantiene la discriminación contra las mujeres lestianas, bisexuales y queer, incluidos los vitales espacios de salud y de trabajo, bajo el peso del patriarcado. Imagen: Nagy Szabolcs / AI
A pesar de la gran diversidad en las experiencias regionales “existen patrones estructurales comunes que impulsan su marginación», declaró el antropólogo sudafricano Graeme Reid, experto sobre la protección contra la violencia y la discriminación basadas en la orientación sexual y la identidad de género.
En su último informe ante el Consejo, en esta ciudad suiza, Reid expuso que las mujeres LBQ se enfrentan a violaciones sistémicas de sus derechos a la salud,
a la propiedad, a la herencia, a la libertad de circulación, al acceso a la justicia y a la vida familiar.
“Estos abusos reflejan la misoginia arraigada en las diversas instituciones y, con carácter más general, la subordinación estructural de las mujeres”, dijo Reid, aunque su informe no detalla de modo comparativo la situación entre países.
Sin embargo, apuntó que menos de cinco por ciento de las mujeres viven en países en los que existe algo que se asemeje a la plena igualdad jurídica, no hay ninguna economía en la que las mujeres tengan las mismas oportunidades económicas, y en un tercio de ellas se restringe la libertad de circulación de las mujeres.
Dos quintas partes de los países restringen los derechos de propiedad de las mujeres, y en más de 40 países hay disparidades entre los derechos de sucesión de los hombres y los de las mujeres.
En 19 países la ley obliga a las mujeres a obedecer a sus maridos, y en 65 persisten las desigualdades en cuanto al derecho a volver a contraer matrimonio. En 14 países, las mujeres no pueden abandonar el domicilio conyugal ni viajar por el país en las mismas condiciones que los hombres.
La primacía otorgada a los modelos de familia heterosexuales sigue tan generalizada que la igualdad de las mujeres solteras rara vez es objeto de estudio y no está ni mucho menos garantizada.
En ese contexto, Reid planteó que los responsables políticos deben abordar la invisibilidad política y estadística de las mujeres LBQ.
El informe documentó la discriminación interseccional a la que se enfrentan las mujeres transgénero que se identifican como lesbiana, bisexual o queer, especialmente a la hora de acceder a la asistencia sanitaria y otros servicios públicos.
Muchas se topan con la denegación de la atención, un trato invasivo y degradante, y obstáculos para acceder a la atención de reafirmación de género, y Reid señaló que la visibilidad y la autonomía conllevan riesgos significativos para las mujeres LBQ.
“Aquellas que viven abiertamente y tratan de hacer valer sus derechos sin la mediación de los hombres pueden enfrentarse a violencia destinada a imponer el cumplimiento de las normas patriarcales”, advirtió Reid.
Esa imposición se ejerce por parte de familiares, en espacios públicos, entornos médicos, de trabajo y a manos de las fuerzas de seguridad, señaló.
Las mujeres LBQ sufren discriminación en la contratación, los ascensos y la permanencia en el empleo.
Aunque a las mujeres se las suele orientar hacia profesiones vinculadas a los cuidados, como la enfermería o la docencia, las mujeres LBQ empleadas en estos sectores afirman que son objeto de un mayor escrutinio y en algunos casos llegan a ser despedidas por comportamientos caracterizados como “inmorales”.
Las mujeres LBQ con apariencia masculina, transgénero y de género no normativo suelen tener menos oportunidades de desarrollo profesional y se enfrentan a una mayor precariedad laboral, debido en parte a las rígidas expectativas en torno a la feminidad, los códigos de vestimenta y la expresión de género.
El informe también destacó la ausencia de mujeres lesbianas, bisexuales y queer en los datos oficiales debido a preocupaciones infundadas sobre la privacidad, a métodos estadísticos que separan el género de la orientación sexual y a la falta de notificación o la clasificación errónea.
“Esa brecha conduce a su invisibilidad en las políticas públicas, lo que refuerza un ciclo de exclusión”, advirtió Reid.
El experto instó a los Estados a adoptar leyes y políticas que amplíen la capacidad de las mujeres para ejercer sus derechos sin condiciones, aborden la violencia contra las mujeres vinculada a su orientación sexual o identidad de género, prohíban la discriminación en la atención sanitaria y otros servicios públicos.
Asimismo, pidió que se proteja a las defensoras de los derechos humanos lesbianas, bisexuales y queer, y llamó a las organizaciones multilaterales, las instituciones nacionales de derechos humanos y la sociedad civil, para que colaboren en apoyo de esos esfuerzos y para cerrar la brecha de datos.
