Milei es atraso y oscurantismo

La advertencia volvió a expresarse con fuerza el 1 de julio en el Polo Científico, donde investigadores, becarios, técnicos y trabajadores se movilizaron contra el ajuste oficial al CONICET. El fuerte operativo policial desplegado alrededor de la protesta ofreció una imagen elocuente del clima actual. Frente a reclamos por financiamiento y continuidad laboral, la respuesta estatal es la violencia. La consigna que atravesó la jornada condensó el diagnóstico de buena parte de la comunidad científica: la Argentina atraviesa un verdadero “cientificidio”.

Los 379 profesionales afectados pertenecen al Colectivo de Becarias y Becarios Posdoctorales (cohorte 2023-2026) y al grupo de postulantes a la Carrera del Investigador Científico y Tecnológico (CICyT) 2025. Son investigadores que atravesaron años de formación, evaluaciones y especialización; muchos acumulan más de una década de estudio entre carrera de grado, doctorado y posdoctorado.

Hoy enfrentan un limbo laboral cada vez más asfixiante. Las becas concluyen mientras los concursos continúan demorados, quedando así interrumpido el tránsito entre la formación y la incorporación formal al sistema científico. El dato sintetiza buena parte del problema: el propio Estado financió durante años la formación de esos profesionales para dejarlos fuera justo antes de su ingreso a carrera. Es un despilfarro de la inversión social que se hizo para el futuro y el desarrollo científico.

La amenaza de despidos se inserta en un proceso más amplio de vaciamiento de la investigación estatal. El recorte presupuestario funciona, además, como un mecanismo de disciplinamiento y como una vía de subordinación de la producción científica a la lógica del mercado, de las ganancias a corto plazo.

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023, el sector perdió casi ocho puestos de trabajo por día. Al mismo tiempo, la inversión en ciencia y tecnología cayó hasta apenas el 0,14% del Producto Bruto Interno, un nivel que obliga a remontarse al colapso económico y social de 2001 para encontrar antecedentes comparables.

Ese derrumbe presupuestario expresa algo más profundo que una simple política de ajuste. Delinea un proceso de desguace selectivo en el que el Estado preserva o prioriza áreas funcionales a su programa económico mientras relega la investigación científica a la categoría de gasto prescindible. Las consecuencias ya son visibles en institutos y laboratorios de todo el país. Equipos enteros trabajan con recursos mínimos, proyectos quedan suspendidos y líneas de investigación se paralizan. También se deterioran capacidades estratégicas de desarrollo tecnológico construidas durante décadas.

Uno de los cuellos de botella más evidentes aparece en los concursos de ingreso a carrera. Siguen sin efectivizarse 585 cargos correspondientes a la convocatoria CICyT 2022. A eso se suman cerca de 400 cargos concursados en 2023 que tampoco fueron incorporados, mientras continúan demoradas las altas de la Carrera de Personal de Apoyo.

El sistema dejó así de ofrecer una trayectoria previsible incluso para quienes ya atravesaron evaluaciones y concursos. Durante 2024 ocurrió un hecho especialmente grave: por primera vez en años ni siquiera se abrió la convocatoria anual de ingreso.

Según estimaciones del sector, los resultados del CICyT 2025 recién podrían conocerse en agosto de 2027 y los ingresos efectivos llegarían en 2028. Para cientos de profesionales, eso implica años de precarización, desempleo o expulsión del sistema científico. El congelamiento de becas, subsidios y carreras excede el impacto sobre trayectorias individuales. También redefine qué investigaciones continúan, cuáles se interrumpen y qué áreas conservan financiamiento. En ese terreno también se disputa quién conserva capacidad efectiva para decidir qué saberes se sostienen y cuáles quedan relegados.

A ese deterioro se suma un empeoramiento sostenido de las condiciones sanitarias de becarios y trabajadores. Distintos sectores denuncian recortes en cobertura médica, prestaciones suspendidas, coseguros más costosos y un retiro progresivo de garantías básicas de protección sanitaria.

IA: solo una gran apuesta

La autonomía científica tampoco constituye un asunto meramente corporativo. Un organismo de investigación robusto puede producir conocimiento capaz de incomodar a gobiernos y grandes intereses económicos. Estudios sobre contaminación ambiental, agrotóxicos, desigualdad, pobreza o impactos sanitarios del modelo productivo pueden cuestionar discursos oficiales y afectar intereses empresariales concretos.

Nada de esto surgió de manera improvisada. Durante la campaña presidencial, Milei prometió cerrar el CONICET y contribuyó a instalar una narrativa que presenta la investigación científica como privilegio improductivo, burocracia innecesaria o gasto superfluo. El conflicto actual remite, en el fondo, a una disputa más profunda sobre el lugar social del conocimiento. Bajo mayor presión queda la producción científica que no responde de manera inmediata a criterios de rentabilidad privada. La investigación —capaz de producir conocimiento estratégico y, al mismo tiempo, evidencia potencialmente incómoda para el poder político o económico— aparece entre las áreas más vulnerables frente al ajuste.

Si 379 investigadores quedan fuera del CONICET, la pérdida excederá los puestos de trabajo comprometidos. También se erosionará capacidad científica acumulada, se debilitarán instituciones estratégicas y se profundizará una dependencia tecnológica difícil de revertir.

Para buena parte de la comunidad científica, “cientificidio” dejó de ser una consigna exagerada. La palabra nombra con creciente precisión un proceso de desmantelamiento silencioso, hecho de presupuestos vaciados, concursos congelados y laboratorios que se apagan lentamente, hasta volver casi imperceptible la pérdida de capacidades cuya construcción demandó décadas.

IZQWEB