Prisión tras el 'time sharing'

En reiteradas ocasiones, hemos explicado el daño tan grande que representó para Tenerife la introducción de una fórmula de explotación turística, conocida por ‘time sharing’, una suerte de propiedad a tiempo compartido que, en realidad, toma su nombre del lenguaje informático consistente en el intercambio simultáneo de un recurso informático entre muchas tareas o usuarios al dar a cada tarea o usuario una pequeña porción de tiempo de procesamiento. Este cambio rápido entre tareas o usuarios da la ilusión de una ejecución simultánea. Permite la multitarea por parte de un solo usuario o permite sesiones de varios usuarios.

Aplicado al negocio turístico, el tiempo compartido es un sistema de propiedad vacacional que posibilita a los compradores el derecho de uso de una propiedad durante un período específico cada año, ofreciendo así una alternativa económica para disfrutar de vacaciones. En otras palabras, en vez de alojarse en un hotel, podrías hacerlo en un apartamento de cierto nivel que, además, supuestamente, era de tu propiedad por unas semanas o por un tiempo más prolongado. Se hacía la reserva con la debida antelación… y a disfrutar. Supuestamente.

 Que había un vacío legal era evidente. Y de ello se aprovecharon los promotores que se apresuraron a hacer reformas y adaptaciones. Había terreno y medios para hacerlo. Los empresarios se vieron sorprendidos y desbordados, mientras los beneficiarios avanzaban en sus beneficios, pese a que el primer gran freno (un muy agresivo sistema de promoción y venta directa en la vía pública principalmente las de gran con concentración o circulación peatonal, merecedor de impedimentos policiales) fue cobrando fuerza. En el Puerto de la Cruz, en los años ochenta del pasado siglo, el sistema tuvo su auge. Hicimos, desde los medios en que trabajábamos entonces, una evolución de su seguimiento, sin mucho respaldo del sector y hasta recibiendo alguna amenaza de algunos irresponsables que se aprovechaban del vacío y del desorden  

 El tiempo compartido, según los relatos y las experiencias que provenían de otros destinos turísticos, se convertía de facto, y a la espera de una regulación normativa consistente en  una opción atractiva para quienes deseaban disfrutar de vacaciones regulares en un lugar específico sin los costos y responsabilidades de poseer una propiedad completa. Sin embargo, era fundamental investigar y entender todos los aspectos de la modalidad antes de realizar una inversión.

La fórmula terminó evaporándose por estos lares. Hace nueve años, unos periodistas de la BBC, con cámaras de televisión ocultas, se hicieron pasar por compradores de apartamentos en régimen de ‘timesharing’ en Tenerife. La noticia provocó un escándalo que ha acabado ahora con 14 personas condenadas por la estafa de algo más de treinta millones de euros a 3.500 propietarios de apartamentos en régimen de tiempo compartido.

Según el digital preferente.com, la mayor parte de las víctimas tenían entre 60 y 80 años y querían pasar meses de retiro en Canarias. En quinientos casos, perdieron unos doce mil euros y en un caso casi cien mil. Los afectados eran sometidos a sesiones de hasta seis horas hasta que eran persuadidos.

La empresa que hizo la estafa era ‘Sell My Timeshare’ y el principal responsable, llamado Mark Rowe, sufrió una condena de siete años y medio de prisión. Dado que tanto victimarios como víctimas eran británicos, el caso fue visto en los tribunales de Londres.

El caso fue bastante simbólico de lo que por un momento pareció una plaga que afectaba a numerosos edificios de tiempo compartido, también en ocasiones con protagonistas españoles. El asunto fue destapado por un equipo de la BBC de Escocia, liderado por Craig Williams, quien ahora recuerda en su medio de comunicación la larga historia que le permitió llegar a visualizar y recoger pruebas contundentes de la situación que se generaba.

Con esta resolución judicial, es probable que no se haya liquidado esta modalidad que, por otro lado, tiene ya, en algunos países, su propia regulación jurídica. Pero al menos en Canarias los que se emplearon con malas artes y sin respeto a las normas ya saben que no pueden seguir obrando al margen de la ley.