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“Proteger a los periodistas es proteger nuestras libertades”, valora la Unesco en un collage sobre la libertad de expresión. Imagen: Mauricio Morales / Unesco
NUEVA YORK – Durante casi un siglo, los corresponsales extranjeros han acudido a Estados Unidos precisamente porque este país se enorgullecía de acoger con agrado el escrutinio. Ahora, la administración de Donald Trump se propone dar un giro radical a ese legado, convirtiendo los visados para periodistas internacionales en instrumentos de control.
Según una nueva norma propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional, la duración de los «visados I» para los medios de comunicación extranjeros se reducirá drásticamente, pasando de períodos renovables de varios años —a menudo de hasta cinco años— a un máximo de 240 días, y a solo 90 días en el caso de los periodistas chinos.
Las renovaciones ya no serían un trámite administrativo rutinario vinculado a la continuidad en el empleo y al cumplimiento de la ley, sino un privilegio discrecional que el gobierno de Trump puede conceder o denegar a su antojo.
La Asociación de Prensa Extranjera, con sede en Nueva York, y otras organizaciones de medios de comunicación han advertido de que un régimen de este tipo hará «imposible» que los corresponsales realicen su trabajo.
Ello porque no podrán crear una red de fuentes, comprender la compleja política del país ni mantener nada que se parezca a una vida familiar si su situación legal caduca cada pocos meses y está constantemente sujeta a los caprichos políticos.
La Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera en Estados Unidos califica acertadamente esto como un «ataque flagrante a la libertad de prensa», diseñado para coartar la cobertura informativa al convertir los reportajes desfavorables en un posible riesgo para la visado.
Formalmente, la Primera Enmienda es vinculante para el legislativo Congreso de Estados Unidos, no para los funcionarios consulares ni para las autoridades de inmigración. Pero, en esencia, la norma propuesta supone una afrenta directa al principio fundamental de la Primera Enmienda: que una periodismo libre debe poder examinar a quienes ostentan el poder sin temor a represalias.
Al condicionar la capacidad de un periodista para vivir y trabajar en Estados Unidos a renovaciones repetidas y discrecionales, la administración está creando precisamente el clima de autocensura que la Primera Enmienda pretendía evitar.
Si un periodista sabe que un reportaje crítico sobre el presidente o sus aliados podría traducirse en la denegación de una prórroga de su visa, la línea divisoria entre la política de inmigración y las represalias políticas se desvanece.
No se trata de un peligro hipotético. La norma permite expresamente al gobierno examinar el «contenido» que cubre un periodista a la hora de decidir si concede una prórroga, lo que abre la puerta a un filtrado ideológico de quién puede informar desde Estados Unidos.
Esa lógica es indistinguible de los métodos utilizados desde hace tiempo por regímenes autoritarios que Estados Unidos ha condenado históricamente.
La propuesta también crea un instrumento ya preparado para el castigo selectivo de periodistas procedentes de países con los que la administración Trump mantiene relaciones tensas o antagónicas.
El hecho de señalar a los periodistas chinos para imponerles límites especialmente estrictos de 90 días es una señal explícita de que Washington está dispuesto a utilizar la política de visados como un arma geopolítica, y no como una herramienta administrativa neutral.
Una vez establecido este precedente, nada impide a la administración apretar aún más las tuercas a los reporteros de otros Estados cuyos gobiernos desee presionar… o castigar.
El resultado sería un panorama periodístico de dos velocidades en el que los periodistas de los países favorecidos disfruten de una estabilidad relativa, mientras que los de los Estados en desfavor se enfrenten a una incertidumbre constante y a la exigencia implícita de «comportarse».
El daño, sin embargo, no se limitaría a las redacciones. La cobertura internacional de Estados Unidos es una arteria vital para sectores que dependen de la visibilidad y la confianza a nivel mundial, como las finanzas, la educación superior, el entretenimiento, el deporte, el turismo y las instituciones culturales.
Si a los medios extranjeros les resulta prohibitivamente caro o logísticamente imposible mantener corresponsales en Estados Unidos durante más de unos pocos meses, muchos simplemente trasladarán sus centros de operaciones a otros lugares.
Esa reubicación conlleva un coste: menos reportajes matizados sobre la democracia, los mercados, las universidades y la cultura estadounidenses, y una mayor dependencia de narrativas de segunda mano o contrarias.
Para un país que aún reivindica el liderazgo de un «mundo libre», socavar deliberadamente la visibilidad global de su propia sociedad es más que contraproducente; es profundamente hipócrita.
Existe una dimensión adicional que a menudo se pasa por alto: estas restricciones corren el riesgo de entrar en conflicto con las obligaciones de Estados Unidos en virtud del Acuerdo sobre la Sede de las Naciones Unidas y los acuerdos relacionados que regulan el acceso de los periodistas extranjeros que cubren las actividades de las Naciones Unidas.
Nueva York no es solo una ciudad estadounidense; es la sede de una organización internacional cuya labor depende del acceso abierto de los medios de comunicación de todos los Estados miembros.
Durante décadas, Washington ha insistido, con razón, en que los Estados anfitriones de instituciones internacionales deben garantizar el acceso a la prensa y evitar politizar los visados.
Si los propios Estados Unidos comienzan a utilizar los visados de los periodistas como arma, proporcionan a todos los gobiernos autoritarios una excusa ya preparada para hacer lo mismo, lo que erosiona lo que queda de una norma global ya de por sí frágil.
Esta propuesta no es inevitable. Se trata de una medida reguladora que puede ser impugnada, retrasada y, en última instancia, derrotada mediante una combinación de acciones legales, supervisión del Congreso, presión diplomática y movilización pública. Las organizaciones de medios de comunicación, los grupos de defensa de las libertades civiles, las universidades y las industrias estadounidenses que dependen de la cobertura internacional deberían presentar quejas formales, solicitar al Congreso que bloquee su aplicación y preparar acciones judiciales en las que se argumente que la norma es arbitraria, discriminatoria e incompatible con la protección constitucional de la libertad de prensa.
Los gobiernos extranjeros y los organismos internacionales, incluida la Organización de las Naciones Unidas (ONU), deberían dejar claro que socavar el acceso de la prensa extranjera a Estados Unidos provocará restricciones recíprocas para los periodistas estadounidenses en el extranjero, lo que aislará aún más al público estadounidense del resto del mundo.
Y los ciudadanos estadounidenses, que en última instancia asumen el coste de una esfera pública privada de información, deben insistir en que su Gobierno no abuse de la ley de inmigración como herramienta de censura encubierta.
No es casualidad que Trump, abiertamente hostil hacia los medios de comunicación independientes, intente ahora convertir los visados en palancas de control sobre quién puede informar sobre él. Si esta norma se mantiene, no solo perjudicará a miles de periodistas extranjeros y a sus familias, sino que afianzará aún más un autoritarismo creciente en Estados Unidos que teme el escrutinio por encima de todo, y precisamente por eso hay que detenerla.
