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NUEVA YORK.- Desde el pasado 1º de octubre, el gobierno federal de Estados Unidos entró en un cierre parcial al no lograrse aprobar los presupuestos necesarios para financiar sus operaciones.
Aunque algunos servicios esenciales siguen funcionando, muchas agencias han suspendido operaciones no esenciales, lo que ha generado impactos severos en los trámites migratorios y en el acceso a redes de apoyo que dependen del gobierno federal, especialmente en ciudades con poblaciones inmigrantes como Nueva York.
Para las personas que esperan una decisión en sus casos migratorios, la paralización del Departamento de Trabajo (DOL) es crítica, ya que los procesos de certificaciones laborales, determinaciones de salario predominante y solicitudes PERM quedan suspendidos mientras dure el cierre.
Estas certificaciones a menudo son requisitos para trámites de visas de trabajo o para que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Esados Unidos (USCIS) pueda avanzar con determinadas peticiones, lo que implica que muchos expedientes queden en limbo por falta de avance en las partes dependientes del Departamento de Trabajo.
Además, el sistema E-Verify —utilizado por algunos empleadores para validar la autorización laboral de sus empleados— ha sido puesto fuera de servicio durante la crisis.
En los estados donde ese sistema es obligatorio, los empleadores deberán recurrir a procedimientos alternativos para revisar documentos I-9, lo que añade incertidumbre para empleados inmigrantes, especialmente quienes dependen de ese tipo de control documental para mantener su empleo.
En cuanto al USCIS, aunque suele financiarse con las tarifas que pagan los solicitantes y no depender directamente del presupuesto federal, ciertos programas vinculados al congreso podrían resentirse si el cierre se prolonga.
Algunos procedimientos como entrevistas biométricas o ceremonias de naturalización podrían experimentar atrasos si hay recortes o reducción de personal, dependiendo de cómo cada oficina local administre su presupuesto durante el cierre.
Para las comunidades inmigrantes en la ciudad de Nueva York, estos retrasos y bloqueos administrativos se traducen en consecuencias concretas, ya que personas que esperaban obtener permisos de trabajo, ajustar su estatus o avanzar con sus casos de asilo ahora enfrentan plazos extendidos, inseguridad jurídica y estrés adicional. Muchos dependen también de organizaciones comunitarias, asesoría legal y redes de apoyo que ahora tienen que operar con recursos más limitados ante el aumento de demanda. (Basado en reportes de Documented NY y análisis del impacto en los servicios migratorios).
Además, en el ámbito local el estado de Nueva York advierte que podría ver afectaciones en programas relacionados con nutrición (como cupones de alimentos y WIC), apoyo para vivienda y otros servicios sociales que tienen financiamiento federal o complementos federales.
Para muchas familias inmigrantes con recursos limitados, cualquier interrupción en esos beneficios significa riesgo de inseguridad alimentaria o imposibilidad de costear vivienda.
Finalmente, defensores de derechos humanos y organizaciones sociales han alertado que el cierre pone en jaque la protección de condiciones dignas en centros de detención migratoria. Por ejemplo, la oficina encargada de supervisión de detención (Detention Oversight Office) fue completamente suspendida en este contexto, lo que podría empeorar la falta de control sobre condiciones sanitarias, trato y servicios básicos dentro de las instalaciones.
En una ciudad con gran responsabilidad en temas migratorios y de derechos humanos, este tipo de vacíos institucionales genera preocupación entre las comunidades afectadas y quienes luchan por transparencia y justicia.
