Andalucía: lentitud letal en el cribado del cáncer de mama y una Sanidad crecientemente privatizada

Lo que la Junta de Andalucía ha tratado de minimizar como un simple «fallo de información» se ha revelado como una de las mayores negligencias sanitarias de los últimos años. El reconocimiento institucional de que alrededor de 2.000 mujeres –cifra que las asociaciones de afectadas elevan ya a 4.000– permanecieron en un limbo diagnóstico, con retrasos de hasta dos años en la notificación de sus mamografías, es solo la parte visible de un colapso sistémico. Este escándalo no es un hecho aislado, sino la consecuencia más dramática y dolorosa de un modelo que, de manera encubierta pero constante, está desviando fondos públicos hacia la sanidad privada, mermando la calidad y la capacidad de respuesta del servicio que reciben los ciudadanos. Mientras se priorizan los conciertos con entidades privadas, el sistema público se resquebraja, y con él, la salud y la vida de miles de personas.

El protocolo roto

El programa de cribado de cáncer de mama en Andalucía, que debería ser un ejemplo de detección precoz, se ha convertido en una pesadilla para miles de mujeres. El sistema establece tres posibles diagnósticos tras una mamografía: negativo, positivo y «lesión posiblemente benigna». Mientras los casos de “positivo” la notificación es lenta, pero se recibe y desencadena una cadena de acciones medico/sanitaria lenta pero existente. En los otros casos de “lesión dudosa o posiblemente benigna”, las mujeres afectadas caían en un agujero negro: no eran informadas de que necesitaban una segunda prueba o incluso un ramillete de otras pruebas diagnósticas disponibles. Ellas, de buena fe, creyendo erróneamente que «si no hay noticias, es buena señal».  En el adagio de “no news – good news”.  En muchos casos esta creencia y tranquilidad fue ingenua y fue en favor de la desarrollo de la patología en aquellos casos que si era necesario estudiar en segundas y terceras pruebas diagnósticas y decidir con celeridad si estábamos ante diagnósticos de tumores, cáncer, o como fuera en cada caso, el tiempo es vital. Cuanto antes mejor y menos daño, dolor, y sufrimiento para la afectada.

La falsa tranquilidad del «si no llaman, es que no hay nada» se ha revelado como un espejismo peligroso. Esta creencia, extendida entre muchas mujeres, resultó ser ingenua cuando no mortal. En los casos donde las mamografías arrojaban sospechas que exigían segundas valoraciones o biopsias inmediatas, la demora en la comunicación actuó como cómplice del desarrollo de la patología. El tiempo, en oncología, no es un factor más: es el determinante entre un tumor tratable y una metástasis. Cada día de retraso diagnóstico se tradujo en oportunidades perdidas para intervenciones menos agresivas, condenando a mujeres a tratamientos más drásticos, mayor dolor y un sufrimiento evitable. La celeridad salva vidas; la burocracia y la descoordinación, las destruye.

La Consejería de Salud andaluza ha intentado maquillar la negligencia bajo el eufemismo de un simple «fallo de información», llegando a insinuar que no se comunicaban los resultados para «no crear ansiedad» a las pacientes. Esta justificación paternalista oculta una realidad mucho más cruda: lo que realmente causó sufrimiento evitable fue precisamente el silencio administrativo que, lejos de proteger, condenó a mujeres a enfrentarse a diagnósticos tardíos y tratamientos más agresivos. Mientras la administración hablaba de evitar alarmas, el tiempo -el factor más crítico en oncología- seguía avanzando en contra de las afectadas.

Sin embargo, para las afectadas, este eufemismo oculta una realidad devastadora: retrasos de meses e incluso años en el diagnóstico que han permitido que tumores inicialmente tratables avanzaran hasta requerir intervenciones más agresivas.

La «colaboración» publico/privada: cuando hay opacidad, favores políticos y ausencia de control

La preocupación que desde lo público se delega en lo privado es el núcleo del problema. Es la falta de auditoría, gestión coordinada y seguimiento cercano lo que arruina el modelo de «colaboración público-privada», que pregona el Gobierno andaluz. De donde se puede deducir que se trata de una política y concesiones de amiguetes (“capitalismo de amiguetes”) lo que se practica en la Junta de Andalucía en todo lo que es Público/privado. ¡En todo! La Junta de Andalucía carece de mecanismos de auditoría y seguimiento eficaz de los servicios ex post a la concesión a la colaboración con “lo privado”. Al no existir esta voluntad ni estructuras eficaces, ejecutivas, y con capacidad de sugerir acción punitiva o resolutoria de los contratos publico/privados. Es entonces, que toda la arquitectura del entramado en Andalucía, en los ámbitos donde lo Publico colabora o se vale de “lo privado”, se caracteriza por su opacidad y la ausencia de un control riguroso sobre la calidad del servicio y el uso de los fondos públicos. Lo privado y lo publico en principio pueden colaborar, pero no en el esquema que se caracteriza y resulta tan evidente en este tema del diagnóstico y cribado y todo el decurso posterior de las pruebas diagnosticas a las mujeres para detectar tumores o cáncer de mama.

La Andalucía de Moreno Bonilla: cuando lo privado se convierte en Ley a conveniencia del lucro y redes clientelares

Bajo el eufemismo de la «colaboración público-privada», la Junta de Andalucía ha impulsado una metamorfosis del sistema sanitario: lo público, desmantelado por la negligencia y la falta de recursos, deja de ser un derecho para convertirse en un lastre, mientras lo privado emerge como la única solución, aunque sea inaccesible para la mayoría. Este no es un cambio orgánico, sino una ingeniería política que prioriza el negocio sobre la necesidad y transforma a la ciudadanía en cliente. El escándalo de las mamografías no es un error del sistema: es el resultado lógico de un modelo que mide la salud en balances contables y no en vidas salvadas.

Contratos opacos y adjudicaciones cuestionadas: La Intervención de la Junta de Andalucía denunció en 2024 que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) repartió 458 millones de eurosa empresas de sanidad privada mediante contratos fraccionados en fraude de ley. Esta práctica, actualmente investigada por la justicia, permite eludir los controles previstos para los contratos de mayor cuantía. Los propios responsables máximos de los servicios públicos han manifestado en los medios sus dudas y objeciones en cuanto al cumplimiento de los contratos/marco de la colaboración (véase).
Debilitamiento sistémico de lo público: Esa es la otra manera de ver este escenario. NO parten de que desde lo Publico se busque completar o suplementar o absorber picos y disminuir listas de espera con la intervención negociada con la Sanidad Privada. Los sindicatos y plataformas como la Marea Blanca tienen totalmente otra perspectiva. Casi opuesta. Denuncian que se trata de una «privatización encubierta» y desmontaje de los Servicios y Prestaciones desde lo Público para que, al final, por decrepitud solo queden las soluciones de pago o “privadas” (véase). La estrategia consiste en debilitar y desprestigiarel servicio público mediante el sub-financiamiento y la saturación (ejercitadas de modo intencional y a medio plazo), para luego presentar a lo privado como la «solución» más eficiente. Como bien señala un portavoz de la Marea Blanca, «El sistema sanitario andaluz no está en peligro; está desmantelado» (véanse ElPlural, y ElPlural).
En resumen

La evidencia muestra un patrón claro: el Gobierno de Moreno Bonilla aplica una estrategia coordinada de transferencia de recursos públicos y capacidades estratégicas (desde la salud al conocimiento) al sector privado (véase). Este modelo, que prioriza el negocio privado sobre el derecho universal, se ejecuta con una opacidad que impide una auditoría real sobre la calidad y el coste-eficiencia, generando un deterioro de los servicios públicos y, como en el trágico caso de las mamografías, poniendo en riesgo vidas humanas.

Veamos en otros Países UE comparables a España en nivel de desarrollo social y económico

Para esto nos vamos por ejemplo a Países Bajos. El modelo neerlandés demuestra que la clave para una colaboración público-privada exitosa no reside en la propiedad, sino en un marco de reglas del juego estrictas, transparencia absoluta y una supervisión centrada en los resultados, elementos que en España se han aplicado de forma laxa o inexistente o incluso de complicidad (denunciable donde lo sea y donde existan razones para elevar a denuncia), todo ello permitiendo que los intereses particulares prevalezcan sobre el objetivo social.

El modelo de Países Bajos demuestra que una colaboración público-privada eficaz no se basa en la mera externalización y luego cierro la puerta y me olvido, sino en la construcción de un «triángulo de oro» que integra de forma coordinada a la Administración, el sector privado y la universidad, más un organismo estatal independiente, que audita los servicios prestados permanentemente.

Aunque sea cruzar ejemplos de países diferentes en cuanto a necesidades o sectores aparentemente inconexos, como Países Bajos; las Ciencias de la Salud; los instrumentos Sanitarios que cada sociedad se otorga a sí misma; sin embargo, la relación es intima y clara, aunque no se aprecia SI se relacionan y muy nítidamente.

Este sistema del modelo o de casi total privatización, se sostiene sobre una supervisión tremendamente regulada legalmente y estricta. La resulta es una planificación en plazos determinados para ajustar al IPC, las nuevas realidades diagnósticas y de tratamiento (por consejos y órganos verdaderamente multidisciplinares y autónomos respecto de intereses más netamente económicos o “egoístas”. Todo ello se complementa en el coro plazo y continuo con una auditoría independiente que garantiza que, los fondos públicos invertidos en esta cobertura social (materialización del “contrato social” a la neerlandesa) se traduzcan en resultados tangibles para la ciudadanía. Grandes incumplimientos o escandalosos políticos de otro tipo (lobbying o “cabildeo”, y favores que entran en las figuras de “lo corrupto” ya visto en Sede Judicial), a partir de iniciativas particulares o ciudadanos organizadas y duramente contestadas en el propio Parlamento Neerlandés a Instancias Judiciales. EL choque o colisión de intereses se ha hecho público. Las faltas contractuales o a los pactos también. Tras la intervención del Gobierno, Parlamento y lo Judicial, se ha cambiado lo que era contrasentido y contra el acuerdo. Simplemente evidenciado en los tres niveles: como un “chollo” o “nudo de intereses” en contra de los de los ciudadanos y el País, considerados como un todo. Es decir, cuando hay caso, malversación, figuras penales aplicables, enriquecimiento en contra del “bien común esperado y pactado” han surgido corrección y se ha corregido. No siempre. No es un ejemplo perfecto ni 100% transponible o deseable para un País de 47 millones de habitantes y 17 comunidades Autónomas como España. Pero la tendencia es positiva. La sociedad neerlandesa es muy observante en estos casos.

Mientras, en España, un estudio del Instituto de Estudios Económicos (IEE) revela que nuestro nivel de gasto público externalizado es un 27,6% inferior a la media de la UE, no por exceso de control, sino a menudo por un uso opaco de encargos a medios propios y la falta de un marco regulatorio estable que genere previsibilidad y confianza. Fraccionamiento en cantidad, fraudulento de contratas a “lo privado” para evadir el existente control público, económico y social. Eso es lo común en España. Falta el ejercicio de auditoria continua e independiente. El cuerpo funcionarial español es inmenso en comparación a como se controla y “aprieta” en las colaboraciones y concesiones publico/privadas. Pasa en todos los órdenes donde Estado/Autonomías/Administraciones menores colaboran o delegan hacia lo privado. Los ciudadanos haríamos bien en ser más belicosos y sospechar de todo. A la vista está porqué, No es porque no puedan colaborar lo Publico con lo la iniciativa Privada… Sino por que una vez acordado (si lo acordado ya de por sí no es dudoso) en la ejecución se falta a la letra del acuerdo. En España nos quejamos en el Bar, en las cenas de Navidad, parloteo encendido porque “te toca de cerca” y, alguna vez, en la calle gracias a las pocas organizaciones sociales y sectoriales que han sobre vivido a la Transición… (no tan modélica).

La gran lección para España es que la verdadera cuestión no es cuánto se externaliza, sino cómo se gestiona la colaboración. El éxito neerlandés reside en mecanismos de auditoría continuada y una transparencia que informa al ciudadano y dota de responsabilidad a las empresas. Se trata de un modelo que España podría adoptar, no mediante una mera copia, sino adaptando sus principios a nuestra realidad para fortalecer un «pacto social» que asegure que la cooperación con el sector privado no diluye la responsabilidad última del Estado de garantizar servicios públicos de calidad para todos.

El sistema de salud de los Países Bajos, a menudo citado como uno de los mejores de Europa, se basa en un modelo de seguros gestionados por empresas privadas, pero bajo una regulación pública extremadamente robusta que garantiza la equidad.

Competencia Regulada y Cobertura Universal: Aunque los ciudadanos contratan seguros con compañías privadas, el Estado define un paquete básico de cobertura universal que todas las aseguradoras deben ofrecer, independientemente de la edad o el estado de salud del usuario. Esto elimina la exclusión por riesgo y asegura la equidad.

Supervisión Activa y Control de Costes: El gobierno no solo establece las reglas, sino que supervisa activamente el mercado. Los ciudadanos pagan una prima mensual, pero el Estado también recauda una cotización adicional basada en los ingresos anuales (un 7,75% con un tope máximo) para financiar un fondo de enfermedad, asegurando la solidaridad y sostenibilidad del sistema.

Transparencia y Lucha contra el Abuso: El sistema incluye mecanismos para combatir el abuso, como la devolución de parte de las cotizaciones si un asegurado gasta poco en atención médica en un año, fomentando un uso responsable del sistema. Hay una voluntad en este sentido clara.

El saqueo silencioso: cómo fondos de inversión, los ‘amiguetes’ y la opacidad destrozan el pacto social en España

El modelo que los españoles esperan y financian con sus impuestos (en todos sus tramos) es el de un Estado de bienestar robusto, heredero del pacto social europeo surgido de las cenizas de la Segunda Guerra Mundial (y sumado a las especificidades de la Guerra Civil, Régimen de Franco, Transición y Democracia plena, en el caso español).

En nuestro caso, un contrato tácito donde lo público es el garante último de la cohesión social y la red de seguridad para toda la ciudadanía, sin distinción. Una que cubre las contingencias más terribles que el individuo o la familia pueda sufrir, para que por esos casos no se rompa el “continuo” o los lazos de la solidaridad.

Sin embargo, la realidad en comunidades como Andalucía no solo ha traicionado este principio, sino que lo está desmantelando de forma activa. El escándalo de las mamografías no es un «fallo», sino el síntoma de una implosión controlada: se estrangula y desprestigia lo público para justificar su vaciamiento y el traspaso de fondos a manos privadas mediante colaboraciones opacas. El contrato social no se ha roto por un desgaste natural, sino por un saqueo silencioso.

La desviación no es ideológica, sino de gobernanza. Mientras en los Países Bajos existe una supervisión meticulosa de los fondos públicos y los resultados en salud, en España hemos visto cómo se inyectan millones de euros a entidades privadas mediante contratos opacos y fraccionados que eluden los controles. Esta falta de auditoría de calidad efectiva convierte la colaboración en un mero trasvase de dinero público sin las debidas contraprestaciones, priorizando el beneficio empresarial sobre el «fin social» que debería perseguir cualquier servicio esencial.

Un modelo español robusto para jóvenes y mayores: aprendiendo de la experiencia

Convertir nuestro sistema en uno que se asemeje al neerlandés en su eficacia y equidad es perfectamente posible y no utópico. Requeriría:

Establecer un marco legal claro e inflexible que, siguiendo directrices de organismos como la OCDE o el Banco Mundial, defina procesos de licitación abiertos y justos, eliminando las «propuestas no solicitadas» que suelen eludir la competencia.
Crear una Agencia Estatal de Supervisión de Colaboraciones, con capacidad técnica e independencia política para auditar de forma continua la calidad del servicio, los costes y el cumplimiento de los objetivos sociales. Severidad y peso político y judicial incontestable cuando se detectan incumplimientos, y más allá, mala fe y solo ansiedad de beneficios enfermiza. Para ello nuestro entramado político/legal deberá madurar en crear esos nexos entre lo que se detecta contra lo negociado y acordado y la realidad medida y evidenciada. Actualmente por el contrario solo existen organizaciones y entes del lado contrario como “manos limpias” y muchos otros, dedicados a enturbiar e impedir que esta correa de transmisión entro lo Publico y lo Privado, al margen de lo político se manifieste en el Bien Común.
Implementar cláusulas contractuales resolutivas que permitan la disolución inmediata del contrato y la aplicación de sanciones punitivas ante incumplimientos reiterados y evidenciados, protegiendo así el interés general.
Fortaleciendo la supervisión y la transparencia, la colaboración público-privada puede dejar de ser un instrumento de opacidad para convertirse en una herramienta eficaz al servicio de los ciudadanos, cumpliendo con el contrato social por el que los españoles aportan sus impuestos.

Los rostros detrás de las estadísticas: cuando negligencias o complicidades económico/políticas torcidas del Sistema de Salud Andaluz tienen nombre y apellidos

Tras de los eufemismos oficiales (emitidos en urgencia en Andalucía, por no perder sus cargos, nivel y retribuciones, etc.), se habla de:  ‘fallos de información’, ‘retrasos en el cribado’ o ‘consideraciones de impacto emocional’.

Seamos muy muy claros, solidarios y considerados en lo que sigue: Lo que emerge con la crudeza de un informe forense es una realidad brutal: vidas destrozadas, historias de dolor y batallas personales que transforman la frialdad de los datos en un drama humano evitable. Tras las estadísticas no hay cifras abstractas, sino mujeres de carne y hueso cuyos diagnósticos tardíos, intervenciones drásticas (difíciles de aceptar/encajar para las mujeres) y, en el caso más extremo, son/fueron muertes anunciadas, Todo ello, el resultado directo de un sistema sanitario desmantelado por la negligencia administrativa y los recortes programados. Sus voces constituyen la prueba viviente de cómo las decisiones políticas acaban traduciéndose, inexorablemente, en sufrimiento personal y en la quiebra de la justicia social.

Cristina Fernández, 51 años: Sufrió un retraso de 18 meses en su diagnóstico. Cuando por fin fue operada, el cáncer ya había alcanzado el sistema linfático. Su testimonio es estremecedor: «Soy un error viviente de que el sistema no funcionó como debería». [Fuente: https://www.eldiario.es/andaluciadiario/]
Charo Castro, 59 años: Intuyó que algo iba mal cuando le dijeron que debía esperar seis meses para una ecografía. Acudió a la sanidad privada donde confirmaron sus peores temores. [Fuente: https://www.elcorreoweb.es/]
Anabel Cano: Recibió su diagnóstico con un año de retraso. En los próximos días le extirparán un pecho. Su reflexión resume la indignación colectiva: «Yo a lo mejor tendría igualmente el cáncer, pero el día 10 voy a perder el pecho… ¿Por qué?». [Fuente: https://www.granadahoy.com/]
Purificación Fernández, fallecida en 2024: Su hija relata cómo recibieron la carta para repetir la mamografía tres meses después de que una oncóloga privada detectara el tumor. «¿Qué tipo de detección precoz hace esta gente?», se pregunta. [Fuente: https://www.sevilla.abc.es/]
La conexión con la privatización: más dinero público, menos control: el negocio de la salud

La salud y su cuidado diagnóstico, etc., pueden ser cubiertos por una red tupida y bien relacionada o interconectada entre lo Público y lo Privado, si lo privado tiene vocación no solo de la ambición de beneficios, si no que responde al mandato de lo contractual acordada… y (más allá de ello) al espíritu del “contrato social” que está en las leyes (desde la Constitución, las leyes ordinarias, hasta la última disposición Autonómica o protocolos específicos).

Mientras las mujeres esperan a sus primeras pruebas diagnósticas, o más allá, si es duda o positivo, la Sanidad Andaluza (SAS – Servicio Andaluz de Salud) se ve en falta… Se ve en evidente traición a lo que esperamos los comunes. Se ve en una privatización a marchas forzadas (pero no en espíritu comentario la una de la otra, y juntas hacer País y Bien Común).

Un informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) revela que la privatización sanitaria en Andalucía ha aumentado más de un 32% desde 2019, liderando esta variación a nivel nacional.

Los datos concretos pintan un panorama preocupante: el gasto en seguros privados por habitante en Andalucía alcanza los 187 euros.

Los gastos de bolsillo: en salud, medicinas, etc., de los andaluces ascienden a 473 euros
Un 30,9% de la población: acudió al médico general privado en el último año.
El 22,6% de las camas hospitalarias: en Andalucía son privadas y subiendo.
Este trasvase de recursos hacia lo privado no se traduce en mejor servicio para los usuarios de la sanidad pública, sino en recortes encubiertos y pérdida de calidad.

La falta de supervisión: pagar más por menos

El modelo actual adolece de un problema fundamental: falta de supervisión y transparencia. La FADSP denuncia la opacidad de las administraciones autonómicas, que dificulta analizar la evolución real de la privatización. Los conciertos con centros privados se realizan sin la debida auditoría de calidad, resultados y precios, generando un quebranto para las cuentas públicas al optar por una vía privada más cara.

Este fenómeno no es exclusivo del ámbito hospitalario. En las residencias de ancianos privadas (excluyendo las de gama alta), los estudios demuestran que los residentes presentan menos movilidad, más comorbilidad y menor esperanza de vida que en las públicas, con problemas como servicios de catering deficientes y falta de personal.

El costo humano de la ineficiencia: circuitos colapsados, vidas en suspenso

Mientras la Junta intenta controlar el daño, anunciando que contactará «una a una» con las 2.000 mujeres afectadas, las asociaciones de pacientes advierten de que el problema es más extenso. La Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama (Amama) de Sevilla ya prepara una demanda colectiva para depurar responsabilidades (aún más allá, hasta cubrir Andalucía y más allá).

Los retrasos no se limitan al diagnóstico inicial. Una vez identificado el problema, las mujeres se enfrentan a nuevas esperas para pruebas complementarias como ecografías y biopsias, y posteriormente para los tratamientos. Este tiempo perdido es crítico en oncología, donde la detección temprana marca la diferencia entre una tumorectomía y una mastectomía, o entre la curación y el pronóstico reservado.

La ironía de los datos oficiales

Resulta paradójico que la Sociedad Andaluza de Oncología Médica (SAOM) anunciara en febrero de 2025 que «la supervivencia de los pacientes con cáncer en Andalucía se ha duplicado en las últimas décadas» gracias a los avances en tratamientos y diagnóstico precoz. Estas estadísticas oficiales contrastan brutalmente con las historias de mujeres cuyo diagnóstico tardío empeoró su pronóstico por fallos del sistema.

Conclusión: la Salud no es una mercancía (salvo para algunos)

El escándalo del cribado del cáncer de mama en Andalucía no es un hecho aislado, sino síntoma de un modelo sanitario que prioriza el negocio privado sobre la salud pública. Mientras se desvían millones de euros a conciertos con entidades privadas sin supervisión adecuada, los servicios públicos esenciales se deterioran, con consecuencias dramáticas para pacientes oncológicos y otros colectivos vulnerables.

Como bien resume una de las afectadas: «Esto no es política ni prensa. La solución es que no vuelva a pasarle a nadie. Solo pedimos que se hagan las cosas bien”. Exigir una sanidad pública de calidad, transparente y bien financiada es defender el derecho fundamental a la vida.

El meollo o nudo: la fabricación controlada de una crisis para privatizar (la estrategia del «shock aplicado” a favor”)

Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, presidente de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Al rechazar el alivio financiero de la condonación de deudas ofrecida desde el Estado central, la Junta de Andalucía ejecuta una jugada maestra de cinismo político: fabrica artificialmente la crisis que luego utilizará para justificar el desmantelamiento de lo público. Esta estrategia responde a una lógica perversa pero calculada: mantener las cuentas bajo presión continua crea el pretexto perfecto para recortar servicios, saturar hospitales y, finalmente, presentar la privatización como la «única solución viable». Mientras, el dinero público sigue desviándose hacia conciertos con hospitales privados y fondos de inversión, como ya ha ocurrido con las 300.000 mamografías externalizadas por 5,4 millones de euros. La consecuencia es un doble perjuicio: se empobrece deliberadamente la calidad de la sanidad pública y se transfieren ingentes recursos a manos privadas sin la debida supervisión. Lo que parece una negligencia financiera es en realidad el plan perfectamente orquestado para vaciar de contenido el Estado de bienestar y convertir la salud en un mercado donde la vida humana vale menos que los balances contables.

La Junta de Andalucía regida por Juan Manuel Moreno Bonilla, claramente, elige conscientemente mantener una situación de estrés presupuestario. Renuncia a un alivio que no pide contraprestación ¿Por qué? Porque es política de partido del Partido Popular de torpedear toda causa o beneficio que venga del actual Gobierno de Coalición, aunque signifique e implique una crisis financiera, y continuo empeoramiento de lo publico. Es el pretexto perfecto para sobreponer las razones de Partido (PP VOX y otros intereses económicos instituidos o comunicados a través de PP o VOX) para justificar lo que viene después (en 2016 en adelante:

Recortes y Racionamiento: Se puede presentar como «necesario» el recorte de servicios, el cierre de consultorios rurales o, como hemos visto, la saturación y colapso de programas esenciales como el cribado de cáncer de mama.
La Profecía Autocumplida: Se debilita deliberadamente el servicio público para luego señalar su «ineficiencia» y presentar la privatización como la única solución viable. Es el guion clásico: asfixiar a lo público, demonizarlo y luego vender los restos.
Objetivo real del PP/VOX y las fuerzas que los sustentan: la transferencia definitiva de lo Público a lo Privado

Estos gestores no están ahí simplemente para administrar; están ahí para transformar el modelo. Su negativa a sanear las cuentas no es una negligencia, es la pieza clave de su estrategia:

Desvío de Fondos Públicos: La deuda y la presión presupuestaria justifican la externalización masiva de servicios. El dinero que debería reforzar el SAS se desvía a conciertos con hospitales privados, clínicas de diagnóstico y fondos de inversión, tal como hemos documentado.

El Cliente, no el Ciudadano: El objetivo final no es tener un sistema público robusto, sino convertir a la administración en un «cliente principal» que compre servicios al sector privado. La salud deja de ser un derecho y se convierte en un mercado. El escándalo de las mamografías es un síntoma brutal de este modelo: la gestión de un contrato falló, no un servicio público.

En el estallido social por las mamografías y la enjundia de cada caso (cada uno es uno y su propio caso). Pero gracias a este desatino, en Andalucía se evidencia cómo la salud se ha convertido en campo de batalla ideológico y pingue negocio. Como en Galicia, Valencia… Ya lo dijimos unas líneas más arriba…

El gobierno de Moreno Bonilla funciona como laboratorio de un proyecto nacional del PP, donde la gestión sanitaria está supeditada a una guerra narrativa de confrontación con el Gobierno central. Su negativa a la condonación de deuda y la externalización de servicios responden a una estrategia calculada: debilitar lo público para justificar su privatización, aunque ello implique el sacrificio de la salud de miles de andaluzas.

Esta agenda cuenta con el respaldo de un ecosistema de influencia que incluye a fondos de inversión (como los que controlan grandes grupos sanitarios privados), lobbies empresariales y think tanks, etc. Son varias las correas de transmisión conocidas de financiación de ideología, acción y propaganda. En el PP, van más en la esfera de Aznar y sus relaciones con la ultraderecha europea y estadounidense.

En corto y en España, nos referimos por ejemplo “al milagro o genio” de Rodrigo de Rato y Figaredo: personaje transversal que encarna la continuidad del proyecto del PP desde la inspiración que pudiera ser Alianza Popular. Pero muy muy imbricada. Desde la muerte del dictador Franco, pasando por la presidencia de la Nación de José María Aznar y Mariano Rajoy, vinculando las grandes privatizaciones de los 90 con el colapso financiero de Bankia que hipotecó a generaciones de españoles. Esa corriente pesa en España en todas las Comunidades Autónomas regidas por el PP. Todo tiene sus raíces en el PP y sus semejantes aunque menos evidentes y ávidos en el PSOE. Los alimenta la misma corriente histórica y mental (yo, lo mío y lo de los míos antes que nada).

Este «genio» no surge de la nada: es la culminación de una saga familiar que lleva más de un siglo perfeccionando el arte de saquear lo público. Su bisabuelo, Rodrigo Rato Rodríguez-San Pedro, fundó su imperio en el capitalismo de amiguetes de la Restauración; su padre, Ramón Rato Figaredo, hizo fortuna como constructor del régimen franquista. Rodrigo Rato heredó y perfeccionó este modus operandi: usar el poder político para beneficio privado, ya sea como arquitecto de las privatizaciones de Aznar, director del FMI o presidente de la Bankia que quebró con 24.000 millones de dinero público.

Lo que parece incompetencia en la gestión o el “día a día”, es en realidad la ejecución metódica de un modelo que concibe la Sanidad no como Derecho (o pacto entre españoles, sean del estrato social que sean), sino como mercado. Un escenario de juego y especulación donde sacar tajada, aunque luego todo se hunda de tras del protagonista que sacó más tajada…

Este mismo modelo es el que toma forma hoy en Andalucía bajo Juan Manuel Moreno Bonilla, fiel a los padrinos de su Partido, aunque ello signifique excluir al 90% de la población. La tragedia se repite: mientras la ciudadanía sufre las consecuencias de una sanidad desmantelada, esta casta opera con la seguridad de que el sistema protegerá su derecho heredado a depredar. Pero el excelentísimo y ¿simpático comunicativo? Don Juan Manuel Moreno Bonilla, recurre a las mañas del PP de siempre:

Victimización y Confrontación:Permite presentar a Andalucía como víctima de un Gobierno central «insensible», alimentando el relato de confrontación y movilizando a su base electoral. «Nos negamos para mantener nuestra dignidad y autonomía» es un eslogan potente, aunque empobrezca a la comunidad.
El Laboratorio Andaluz:Lo que se prueba en Andalucía (privatización sanitaria, externalización de residencias, modelo educativo por conciertos) es el banco de pruebas para su implementación a nivel nacional si el PP recupera La Moncloa.
La Renuncia Calculada:Están renunciando a dinero fresco para no renunciar a su brand político. Prefieren la deuda y la excusa que proporciona, antes que una solución que debilite su narrativa de lucha contra el Gobierno central. Incluso donde les escuchan alegan que es algo o una situación que heredaron de Gobiernos anteriores… Si de Occidente y la filosofía que gane solo el más fuerte y oportunista…

Mi veredicto como «árbitro» en tanto que autor de un artículo de análisis y un poco de reportaje:

No se trata de incompetencia. Se trata de una coherencia fría y calculada con un objetivo último que no es el bien común, sino la reconfiguración del Estado para convertirlo en un gestor de contratos que canalice fondos públicos hacia entidades privadas. La negativa a la condonación no es un error; es el motor que alimenta la máquina de la privatización. Están sacrificando la salud financiera a corto plazo de Andalucía para conseguir una victoria ideológica y estructural a largo plazo. El sufrimiento de las 4.000 mujeres del cribado no es un daño colateral; es la consecuencia directa y previsible de este proyecto.

Estamos atentos. Atentos a los ecos mediáticos, a las grietas en el relato oficial, a los testimonios que logran filtrarse entre la censura algorítmica de las plataformas. No por morbo, sino por una solidaridad visceral y una humanidad que se rebela contra el proyecto global que estos casos ejemplifican: la construcción de una realidad donde un 1% súper-afortunado de la población gobierna sobre un 99% de personas restantes, convertidas en contingente o masa consumidora. Incluyendo el estrato del “precariado” (antes se decía proletariado). Esos, en el extremo más cruel, son los peor señalados. Son los “excluidos, pura minoría, pero precisamente por su situación lo más urgente y evidente. Los sin-hogar, y tantos más, etc. Cruelmente reducidos al valor de sus propios desechos orgánicos, en el interior de sus intestinos si han comido algo (o sus órganos si están bien para donar). No es tan distópico ese horizonte.

Volvamos a Andalucía, el problema de la Seguridad Social, las mamografías y el reino Taifa de Juan Manuel Moreno Bonilla, PP-VOX, y de los otros a la sombra

Frente a este modelo que deshumaniza y depreda, la respuesta no puede ser el silencio. Hay que echarle cabeza. Hay que comprender la arquitectura de este saqueo. Hay que centrarlo en la rabia, el dolor y la indignación que nos suscita y transformar esas emociones en una fuerza cívica, no violenta, pero inamovible.

El 90% de la ciudadanía, cuando despierta y se cohesiona, es un muro. Un muro que no necesita la agresión, puede ser perfectamente noviolento y escuchar a ese otro 10%… Porque su poder reside en su número, en su verdad y en su firmeza serena y en su razón de ser. Es, justamente, lo contrario a los que, en su beneficio, atacan y mordisquean los cimientos de la dignidad común. Nuestra respuesta es, y debe ser, la construcción imparable de ese muro de conciencia y resistencia. El Mundo esta patas abajo o al revés… Desde el 90% hagamos que la gravedad de los números y de nuestras existencias unidas ubiquen donde está el centro de masas o interés común en el Siglo XXI.  Perfectamente tranquilos y noviolentos pero claros de corazón y cabeza. ¡REACCIONEMOS en todo el País y desde todo el País!

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Ángel Sanz Montes