Trump está convirtiendo a Estados Unidos en un país autoritario

Donald Trump está llevando a Estados Unidos al autoritarismo a marchas forzadas. Tras su vuelta a la Casa Blanca el pasado enero, la ristra de órdenes ejecutivas, el despido masivo de funcionarios, los ataques a los medios y las presiones a sus críticos están sacudiendo el país. Las teorías neorreaccionarias que tanto calan en Silicon Valley han tomado Washington: hay que romper el sistema y hay que hacerlo ya. Reducirlo a cenizas para erigir un orden nuevo. Uno que se parece más a los sistemas de Hungría, Rusia, Emiratos Árabes Unidos o Singapur, que a la democracia liberal occidental.

El presidente estadounidense está asentando un giro que ya intentó avanzar en su primer mandato y que propició el asalto al Capitolio en 2021. Este giro bebe de los fallos y carencias estructurales del país, desde el poder desmesurado de las élites empresariales y políticas hasta la creciente desigualdad entre rentas altas y bajas. Con los poderes legislativo y judicial cooptados, los focos de resistencia al trumpismo se concentran en los estados, esa democracia de base a la que todavía llevará tiempo controlar. Estados Unidos avanza hacia una democracia cada vez más frágil, un país más injusto y asfixiante para sus habitantes, incluso muchos de quienes le eligieron. Una regresión que puede continuar después de Trump.

El desmantelamiento de la instituciones
En el manual del buen autoritario existen una serie de normas no escritas. La principal es hacerse con el control de las instituciones, ya sea transformándolas o eliminándolas. Una de las medidas más sonadas de la nueva Administración Trump ha sido la creación del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), que capitanea el magnate Elon Musk. Con el objetivo de reducir el gasto del Estado, miles de funcionarios han sido despedidos de forma directa o mediante incentivos para dejar su trabajo. Un recorte que afecta a los presupuestos estatales y que supone una injerencia en las competencias del Congreso.

Además, el DOGE no es una agencia o departamento al uso. Actúa por libre, saltándose los mecanismos burocráticos y sin que nadie lo audite. Está compuesto en gran parte por antiguos trabajadores de Musk, jóvenes ingenieros alineados con sus ideas y sin experiencia en el sector público, que acceden a los datos de empleados, sean sensibles o no, para valorar con criterios arbitrarios qué tan necesario es su trabajo. El peligro de esto es doble: por un lado, un Estado escuálido es incapaz de cumplir sus funciones de forma eficiente. Más que recortar excesos e ineficiencias, el DOGE está favoreciendo desde fallos e inexactitudes hasta corrupción y falta de control. El Departamento de Energía, por ejemplo, ha tenido que recontratar a expertos en seguridad nuclear despedidos porque su conocimiento resultaba indispensable.

El segundo gran riesgo es que esos puestos sean ocupados por cuadros afines. Uno de los think tanks más conservadores de Estados Unidos, Heritage Foundation, ya abogaba por ello en su Proyecto 2025: llenar el Estado de perfiles politizados que trabajen por una agenda de transformación reaccionaria desde las instituciones. Aunque su alcance está por verse, ya se han dado pasos claros. El director del FBI y el fiscal general del Departamento de Justicia han sido sustituidos por Kash Patel y Pam Bondi, respectivamente, dos perfiles trumpistas cuyo propósito parece claro: acabar con la independencia de estos organismos.

A estos cambios se suma el favor del Congreso y del Tribunal Supremo, que el trumpismo ha conseguido siguiendo los mecanismos democráticos. Al menos durante dos años, el Partido Republicano controlado por Trump tendrá mayoría tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado. De ese modo, el Legislativo va a ser fiel a Trump salvo que los demócratas consigan remontar de cara a las midterms de 2026. En cuanto al poder judicial, aunque ciertos tribunales han puesto trabas a las políticas de Trump, el Supremo, con seis jueces conservadores de nueve, le facilitará imponer su agenda hacia ese nuevo Estados Unidos a su medida. Tal y como hicieron con Roe vs. Wade, el caso que garantizaba el derecho al aborto a nivel federal, pueden hacerlo con otras sentencias, imponiendo un retroceso en materia de derechos.

Las presiones de Trump a los críticos
En un régimen autoritario, la oposición tiene poco margen de maniobra. En Estados Unidos, los demócratas y republicanos antitrumpistas pueden seguir expresándose y presentándose a las elecciones, pero cada vez enfrentan más presiones y represalias. Trump ha amenazado con investigar a Liz Cheney, republicana crítica que se presentó a las primarias como su rival. También le quitó la seguridad personal a John Bolton, exconsejero de Seguridad Nacional y ahora uno de los perfiles más críticos del presidente. Cuando Trump anunció sus planes de paz para Ucrania, Bolton llegó a decir que era un “idiota útil para Putin”.

Al mismo tiempo, Trump se está tomando al pie de la letra aquello de que la historia la escriben los vencedores: quiere reescribir el asalto al Capitolio de 2021, un acontecimiento que dejó claras sus intenciones autoritarias. Ha indultado a todos los asaltantes condenados, incluidos aquellos que habían cometido actos violentos, y los está encumbrando como héroes patriotas. De hecho, ya se ha incluido una pregunta en el test que realizan los futuros trabajadores estatales para medir su lealtad con la nueva Administración: ¿quiénes fueron los patriotas en el 6 de enero? En paralelo, Trump ha iniciado una caza de brujas contra los fiscales y agentes del FBI que investigaron los hechos. Toda una declaración de intenciones que favorece que la violencia política se extienda en un país ya de por sí muy violento.

Los medios de comunicación también están en la mira del trumpismo. Agencias como Associated Press o Reuters han sido vetadas de las ruedas de prensa de la Casa Blanca o del Pentágono. La cadena de televisión ABC News ya ha enfrentado demandas del presidente que le acusan de difamación, y llegó a un acuerdo económico para evitar enfangarse en un costoso proceso judicial. A esto se suma el control de los magnates tecnológicos sobre los grandes medios y plataformas de comunicación. El caso más evidente es Elon Musk con X, el antiguo Twitter, pero también está Mark Zuckerberg, que eliminó los controles de discursos de odio y desinformación de Facebook e Instagram para favorecer una supuesta libertad de expresión. Por su parte, Jeff Bezos, dueño de Amazon y del Washington Post, anunció que el periódico centraría las columnas de opinión en defensa de dos pilares: “las libertades individuales y el libre mercado”.

El efecto inmediato de estas políticas es la autocensura. Políticos, organizaciones y medios críticos, sean demócratas o republicanos, van a medir mucho más sus palabras o acciones para evitar represalias que pueden ir desde una demanda hasta el ataque violento de los seguidores trumpistas más radicales. Ante este panorama, no extraña tanto que la última acción de Joe Biden antes de dejar su mandato fuese el indulto a sus familiares, tanto su hijo condenado judicialmente, como su mujer y su hija, que no tienen ninguna causa abierta. Más allá de lo criticable de su decisión, no extrañaría que temiese una persecución judicial por parte de Trump. En este clima de miedo, los acólitos ganan poder, mientras que los críticos permanecen cada vez más callados, lo que amenaza la libertad de expresión en su conjunto. 

La lucha antiinmigratoria y contra la agenda ‘woke’
La calidad de una democracia no se mide sólo por cómo se celebran sus elecciones, sino también por su protección de los derechos y libertades. Desde el primer mandato de Donald Trump, Estados Unidos ha sido calificado como una democracia imperfecta en el índice de The Economist. Las restricciones de derechos como el aborto, el racismo y los abusos policiales, la violencia y la desigualdad en el acceso a servicios básicos como la salud hacen del país una democracia con defectos evidentes. Sin embargo, las políticas de Trump amenazan con hundir todavía más la calidad democrática estadounidense.

La punta de lanza de este deterioro es la política antiinmigratoria. Trump no inventó las deportaciones ni la fortificación de las fronteras, que vienen siendo políticas constantes en Estados Unidos. De hecho, el récord de deportaciones lo tiene el expresidente Barack Obama y Biden no se quedó atrás, pese a sus discursos más amables con respecto a la inmigración. Sin embargo, Trump supera a sus predecesores en crueldad. 

Desde la vuelta de Trump al poder, muchos inmigrantes han sido detenidos e incluso sacados a la fuerza de sus hogares en redadas oficiales. Tanto Trump como Elon Musk han compartido orgullosos vídeos de migrantes deportados encadenados, sufriendo un trato vejatorio y deshumanizante. Cerca de 4.000 personas han sido devueltas a sus países de orígen o a terceros, pero más de 170 han sido llevadas a la base militar de Guantánamo, con un amplio historial de violaciones de derechos humanos. Esta celebración de la violencia no sólo supone un ataque a los derechos y libertades, sino que también recuerda a otros episodios oscuros como la segregación racial en el mismo Estados Unidos o Sudáfrica o el antisemitismo nazi.

Esta deshumanización también atañe a las personas LGTB, en especial las personas trans. Varias órdenes ejecutivas firmadas por Trump son un ataque directo a este colectivo. El Gobierno estaodunidense ha decretado que sólo reconoce la división hombre-mujer en torno al sexo biológico, con lo que rehúye el uso de la palabra “género” y otros calificativos específicos en los documentos oficiales. Personas trans ya han denunciado que están viendo los cambios en sus documentos de identidad. Otras órdenes ejecutivas contemplan “prohibir a los hombres competir en categorías de deporte femeninas”, haciendo referencia a las personas trans, y “proteger a las mujeres de la ideología de género”, lo que anuncia retrocesos en la lucha feminista a nivel federal. El resultado es la imposición de una agenda conservadora, que ataca a amplios sectores de la sociedad estadounidense y pone en peligro la vida y la libertad de miles de personas.

¿Hacia dónde va Estados Unidos?
Estados Unidos ha iniciado el camino hacia el autoritarismo: la pregunta es si lo va a completar. La democracia más antigua del mundo ha sufrido distintos períodos de avance y regresión, pero el mandato de los padres fundadores siempre se ha mantenido en el centro. ¿Qué contrapesos existen contra las políticas autoritarias de Donald Trump? El Congreso y el Tribunal Supremo tienen restricciones claras, ancladas en sus mayorías trumpistas y conservadoras. Uno de los retos es la debilidad de los demócratas, que explica en gran medida el triunfo de Trump. El partido tendrá que plantear una alternativa atractiva para recuperar las mayorías perdidas en el Legislativo en las midterms de 2026 y una candidatura presidencial de cara a 2028.

Así, la democracia de calle es el principal foco de resistencia: los estados. Aquellos estados que conserven Gobiernos demócratas o más moderados, como los feudos demócratas de la costa este, podrán mantener ciertos derechos para su población y hacer frente a las políticas trumpistas, mientras que los más conservadores se alinearán con Trump o podrán ir más allá. Es el caso de Texas, con una dura legislación contra el aborto, o Florida, que ya prohíbe a las escuelas impartir conocimiento sobre identidad de género. Por lo tanto, Estados Unidos va camino de ser un país más fragmentado y polarizado. Los estados demócratas tendrán que aseguran el bienestar de sus ciudadanos, algo que muchos, con importantes centros urbanos desiguales y gentrificados, no están haciendo. Si no lo consiguen, terminarán perdiendo apoyo o expulsando población, llevando a un reequilibrio demográfico que podría beneficiar a los trumpistas. 

Estados Unidos está abrazando un iliberalismo que, sin embargo, no matará sus estructuras democráticas. Al menos no de inmediato. Las comparaciones con países como Hungría son evidentes, especialmente vista la buena sintonía entre Trump y el primer ministro Viktor Orbán, pero también la admiración del republicano hacia autócratas como Vladímir Putin. La apuesta por una supuesta eficiencia económica sostenida sobre un Estado libertario y con derechos reducidos para las minorías también se asemeja a los regímenes de Emiratos Árabes Unidos o Singapur. Estados Unidos es un país mucho más grande y complejo, en el que la deriva autoritaria requiere de más de cuatro años para calar a todos los niveles y estratos. Pero los republicanos lo saben: la figura del vicepresidente J. D. Vance como sucesor natural de Trump augura un futuro en el que el trumpismo como corriente política ha llegado para quedarse. 

Este camino también llevará a más tensiones, polarización e, incluso, problemas de ingobernabilidad y crisis económica en Estados Unidos. Medidas como las amenazas de aranceles a otros países generan una incertidumbre que ya ha provocado caídas en las bolsas estadounidenses, mientras que las políticas antiinmigratorias expulsan a una mano de obra necesaria para el potencial productivo del país. Desde un punto de vista más pragmático, puede que Donald Trump termine revirtiendo muchas de sus políticas. Pero ese giro hacia dentro hará de Estados Unidos un país más ensimismado, más pendiente de su situación interna y menos de la global. Trump promete hacerlo grande de nuevo, más libre, más brillante. Lo que puede conseguir es justo lo contrario: arrastrarlo a una de sus épocas más oscuras.

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