Entre el Sáhara y Guinea Ecuatorial: la deuda colonial de España en África

España abandonó el Sáhara Occidental, su última colonia en África, hace cincuenta años, cuando el régimen franquista agonizaba y prácticamente todo el continente ya se había liberado del yugo de los imperios europeos. Lejos de ser un proceso tranquilo, la fallida descolonización de este territorio dejó un reguero de problemas que hoy se traducen en una de las deudas coloniales más flagrantes del mundo: mientras sufre la ocupación de Marruecos, el Sáhara Occidental se mantiene como uno de los 17 territorios pendientes de descolonización reconocidos por la ONU, que aún considera a España como la potencia administradora.

En el imaginario nacional, el Imperio español esta estrechamente vinculado con el “descubrimiento” y la posterior colonización de América, y su final con la pérdida de Cuba y Filipinas en 1898. De esta época colonial perdurara, aunque de forma cada vez más discutida, un legado de panhispanismo y hermandad con América Latina. Sin embargo, desde el final del siglo XVIII España también jugó un papel menor, aunque duradero, en la división del continente africano y su explotación. De hecho, el Sáhara Occidental no es la única cicatriz de España en África: junto con los protectorados del Rif y Cabo Juby y la pequeña colonia de Ifni —ahora todos parte de Marruecos—, España también mantuvo durante casi dos siglos el control de Guinea Ecuatorial. 

En 1968, la descolonización de este territorio —el único bajo dominio de España en el África subsahariana— abrió las puertas a un régimen autoritario y una economía dependiente que derivaron en la dictadura más longeva del mundo. Y al igual que el Sáhara Occidental, las complicadas relaciones con el brutal régimen de Teodoro Obiang siguen marcando una parte de la política exterior española.

El socialismo español ante los acuerdos tripartitos de Madrid

El abandono del Sáhara Occidental a la ocupación marroquí
La colonización del Sáhara Occidental por parte de España comenzó en 1884, justo cuando los imperios europeos se repartían el control de África en la Conferencia de Berlín. Tras varias décadas de ocupación, en el año 1947 se descubrieron grandes reservas de fosfato en el territorio, por lo que la dictadura franquista intensificó la explotación de la colonia. 

Al final de los años cincuenta, intentando evitar los procesos de descolonización impulsados por la ONU, España anexionó oficialmente sus colonias, que pasaron a constituir cuatro provincias: Fernando Poo y Río Muni en Guinea Ecuatorial y el Sáhara e Ifni en el norte del continente. Aun así, en 1963 la ONU categorizó el Sáhara Occidental como un territorio pendiente de descolonización, lo que llevó a España a organizar un referéndum de autodeterminación para el pueblo saharaui en el año 1975. 

Sin embargo, Marruecos, que había declarado su independencia de los protectorados de Francia y España en 1956, reclamaba el territorio del Sáhara Occidental como propio, bajo las aspiraciones nacionalistas del Gran Marruecos. En 1975, antes del referéndum anunciado por España, Marruecos ocupó el Sáhara Occidental en la Marcha Verde del 6 de noviembre. 

Ese día, 350.000 civiles marroquíes, junto con unidades del ejército, cruzaron la frontera y ocuparon parte del Sáhara Occidental para presionar a España a transferir el control del territorio. España, que atravesaba un momento de inestabilidad económica y política por la crisis del petróleo y la débil salud del dictador, abandonó su responsabilidad legal y le transfirió el control del Sáhara Occidental a Marruecos y Mauritania en el Acuerdo Tripartito de Madrid. 

Pese a que la transferencia de la soberanía de un territorio colonizado por su potencia administradora a otra potencia se considera ilegal bajo derecho internacional, España se retiró del Sáhara Occidental en 1976 sin celebrar el referéndum y sin descolonizar el territorio. Tras esta retirada, se libró una cruenta guerra en el territorio entre Marruecos y el Frente Polisario, el grupo de liberación saharaui. Desde el alto el fuego firmado en 1991, Marruecos ha continuado su ocupación del Sáhara a través de incentivos económicos y fiscales. 

Durante décadas, las reclamaciones marroquíes sobre el Sáhara Occidental ha sido un pilar central en la política exterior del reino alauita y de sus relaciones con España. Marruecos ha usado su control sobre la inmigración, las enormes reservas de fosfato, el tráfico de drogas y el control del terrorismo en el Sahel para manipular y presionar para que la comunidad internacional reconozca su ocupación.

A pesar de su responsabilidad histórica y legal, España ha tratado durante décadas de distanciarse del conflicto para mantener relaciones cordiales con Marruecos. La posición oficial ha sido la de la neutralidad y el statu quo, manteniéndose en línea con las resoluciones de la ONU y la búsqueda de una solución acordada. Esta situación ha sido también central en el pulso de las relaciones entre España y Argelia, el principal aliado del Frente Polisario y el gran rival de Marruecos en la región, además de uno de los principales exportadores de gas a España.

Sin embargo, en 2022 el Gobierno de Pedro Sánchez decidió reconocer el plan de soberanía marroquí sin consultar al Congreso. Esto significó un giro total en la política exterior española y causó una oleada de críticas al Gobierno. Al mismo tiempo, Argelia suspendió el tratado de amistad con España y congeló el comercio bilateral, aunque siguió proporcionando gas.

Tras este giro, España se encuentra en una situación contradictoria. Mientras que intenta desvincularse del territorio y ha terminado apoyando el plan de ocupación de Marruecos, el Sáhara Occidental sigue conservando la huella de la ocupación española. El español es la segunda lengua hablada por los saharauis, se estudia como lengua cooficial en las escuelas y se usa en la administración. Además, miles de saharauis reclaman un pasaporte español que perdieron cuando España se retiró del territorio en 1975.

La presión diplomática de Marruecos también ha surtido efecto en los organismos internacionales, en gran parte gracias al apoyo de Estados Unidos. En octubre de 2025, el Consejo de Seguridad de la ONU votó por primera vez a favor del plan de soberanía marroquí, en el que promete autonomía para el Sáhara bajo control de Marruecos. 

El legado autoritario en Guinea Ecuatorial

Menos conocida, la colonización española de Guinea Ecuatorial comenzó bastante antes que la del Sáhara Occidental. Pero de la misma forma, la Guinea Ecuatorial contemporánea es, en gran medida, el resultado de un proceso de descolonización mal llevado y de un legado institucional marcado por el autoritarismo. El territorio, que había sido transferido por Portugal en el siglo XVIII, vivió su particular auge en el proceso de ocupación a finales del siglo XIX, cuando el desastre del 98 empujo a España a expandir su presencia en el Golfo de Guinea. 

Esta ocupación se sustentó en la explotación de recursos a través de un sistema laboral de trabajos forzados con el que la administración colonial estableció una economía puramente extractiva y altamente dependiente de tres productos: el cacao, el café y la madera. En 1964, estos tres productos suponían el 94,4% del valor total de las exportaciones del territorio, aunque eran poco competitivas en el mercado internacional y sus beneficios se desviaban por completo hacia España. 

En general, el comercio se apoyaba en pequeños imperios mercantiles de colonos españoles que se beneficiaban casi al completo de la explotación del territorio. Al mismo tiempo, el trabajo cualificado era realizado por colonos y se invirtió muy poco y muy tarde en la educación de la población autóctona, que además se enfrentaban a restricciones laborales y discriminación religiosa y étnica. 

Sáhara, Canarias y expansionismo marroquí.

Todo este sistema de subordinación terminó cristalizando en las elites locales, muy influidas por las dictaduras de Primo de Rivera (1923-1930) y Francisco Franco (1939-1975). Esto se hizo evidente en la Conferencia Constitucional de 1967 y 1968, que diseñó el marco legal que tendría el país al independizarse. En esta conferencia, la gran mayoría de los delegados guineoecuatorianos que consiguieron acceder al poder tenían la dictadura franquista como referencia. Así, la descolonización del territorio no estuvo influenciada por ideas democráticas y no se establecieron sindicatos, ni libertad de prensa o de asociación. En cambio la elite nativa que heredó el control político heredó también una cultura autoritaria.

Tras la presión de la ONU y el auge de movimientos independentistas en el territorio, la independencia definitiva llegaría el 12 de octubre de 1968, y un año después España retiró definitivamente su presencia militar. Pese a esto, este proceso también dejaría otro mancha en el legado colonial de España: con el objetivo de retener bajo control español la isla de Fernando Poo, hoy conocida con el nombre de Bioko y sede de la capital, muchos colonos alentaron el separatismo de la etnia bubi. Esto no funcionó, pero si complicó aún más unos conflictos étnicos que siguen existiendo en el país. 

Tras la independencia, la economía, que dependía casi en su totalidad de España, se desplomó y hubo una fuga de capitales que dejó al país al borde de la bancarrota. Al mismo tiempo, el primer presidente, Francisco Macías Nguema, instaló uno de los regímenes más brutales del continente, que resultó en la muerte o el exilio de cerca de un tercio de la población. Las instituciones heredadas, que eran débiles, autoritarias y sin bases económicas sólidas, facilitaron la concentración del poder y la apropiación del Estado como única fuente de riqueza. 

Después de 11 años de dictadura, en 1979 Macías sufrió un golpe de Estado y fue sustituido por su sobrino, Teodoro Obiang Nguema, formado en la academia militar de Zaragoza y con el que España estableció rápidamente relaciones diplomáticas. 

Lejos de cambiar las cosas, Obiang consolidó un sistema en el que el descubrimiento de petróleo en los años noventa reforzó la corrupción, la desigualdad extrema y la represión política. Hoy, el país sigue atrapado en un modelo extractivo en el que más del 90% del PIB depende de la exportación del petróleo. Una riqueza en recursos que solo beneficia a la élite ligada al dictador, que controla más del 90% de la riqueza nacional, mientras que cerca del 70% de su población vive con menos de un dólar al día.

Esta situación ha marcado las relaciones de España con el país, supeditadas a un difícil equilibrio entre el legado colonial, el propio ocaso del franquismo, los intereses comerciales y petroleros y las denuncias contra el régimen represivo de Obiang. España es, de hecho, uno de los principales lugares de refugio de los opositores al régimen.  

En este contexto, España es uno de los países europeos que menos ha fomentado una reflexión pública sobre su legado colonial en África. Mientras que la histórica relación entre España y sus ex-colonias en América Latina son centrales tanto en el imaginario nacional como en la política exterior del país, el legado colonial en África, mucho más reciente, es mucho más austero. Esto ha ayudado a sostener una imagen nacional más cómoda, mientras las consecuencias del colonialismo en África siguen presentes en sus antiguas colonias. 

EOM