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Se acaba de cumplir medio siglo de la Marcha Verde, la ilegal ocupación marroquí a principios de noviembre de 1975 del entonces Sahara colonizado por España, sin que esta hiciera nada por evitarlo. Todo lo contrario, el 14 de ese mismo mes, y al margen de la legalidad internacional y de los derechos del pueblo saharaui, España firma con Marruecos y Mauritania los Acuerdos Tripartitos de Madrid, que dan vía libre al reparto territorial y a la ocupación marroquí y mauritana. Estos días Naciones Unidas ha vuelto a pronunciarse sobre el conflicto, con una resolución, la 2797, cuyo contenido ha sido hábilmente manipulado en favor de sus intereses por los actuales ocupantes y por Estados Unidos. La realidad, como casi siempre, es mucho más compleja.
En el periodo transcurrido desde la ocupación marroquí han sido muchas las resoluciones favorables a la autodeterminación del pueblo saharaui. Tantas como los reiterados incumplimientos y bloqueos por parte de la monarquía alauita, durante el anterior reinado de Hasán II, organizador de la Marcha Verde, y en el de su heredero tras su fallecimiento, Mohamed VI, en el trono desde 1999.
Así, la Resolución 3437 del año 1979 de la Asamblea general de Naciones Unidas insta a Marruecos “a poner fin a la ocupación militar del Sahara Occidental y a negociar con el Frente Polisario, en calidad de legítimo representante del pueblo saharaui, la terminación del conflicto”. Otras resoluciones posteriores inciden en la celebración de un referéndum de autodeterminación bajo las directrices de la ONU, creándose en los años noventa del pasado siglo la Minurso (Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum en el Sahara Occidental).
Recursos naturales y económicos.
Con significativos pronunciamientos internacionales, también, respecto a los recursos naturales y económicos en el Sahara occidental, desde la pesca y los fosfatos al conjunto de los minerales. En efecto, una sentencia del Tribunal de Justicia Europeo de octubre de 2024 anuló los acuerdos económicos y comerciales entre la Comisión Europea y el Reino de Marruecos. En la misma se reafirma que el Sahara no pertenece a la soberanía de Marruecos. Señalando que sus recursos son propiedad del pueblo saharaui y que quien lo representa es el frente Polisario. Y concluyendo, por todo ello, que los citados acuerdos son completamente nulos.
El Gobierno español no ha estado comprometido con el derecho del pueblo saharaui a decidir su destino. Lo que se ha acentuado con el apoyo de Pedro Sánchez a las tesis autonómicas de Marruecos. En el caso canario, el histórico apoyo a la autodeterminación del Sahara lo quebró el presidente Clavijo, cambiando la posición mantenida por nuestras instituciones y las propias tesis esgrimidas siempre por su partido.
Se cumplen cincuenta años, una larga etapa, de enorme sufrimiento para la gente del Sahara, padeciendo una dura represión en los territorios ocupados por Marruecos, con la violación sistemática de los derechos humanos: torturas, violaciones, desapariciones, asesinatos y encarcelamientos. Y, paralelamente, con la enorme dificultad que supone desarrollar la vida cotidiana en el exilio en los campamentos ubicados en Tinduf, en territorio argelino, donde se ubican las estructuras políticas y administrativas de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD).
Durante esas cinco décadas el reino alauita ha hecho lo posible y lo imposible para evitar que se pudiera culminar la realización del censo para la celebración de un referéndum de autodeterminación en la zona, previsto inicialmente para 1992. Y, ya en 1997, plantea su propuesta de estatuto de autonomía para el Sahara, bajo la soberanía de Marruecos, sin el aval de Naciones Unidas ni de la Unión Africana.
Resolución 2797.
Lo más reciente ha sido la aprobación a finales de octubre de la Resolución 2797 del Consejo de Seguridad de la ONU. Que Marruecos y sus aliados han aprovechado para desplegar una intensa campaña, en la que se asegura que la misma reconoce la marroquinidad del Sahara e impone como única salida el establecimiento de una autonomía bajo su soberanía. Sin embargo, pese a la propaganda, una atenta lectura de la Resolución no parece que lleve, ni mucho menos, a esas conclusiones tan contundentes.
En primer lugar, porque la Resolución 2797 continúa reconociendo el derecho a la autodeterminación del pueblo saharaui. Además, ratifica que la solución a este prolongado conflicto debe respetar la Carta de Naciones Unidas que establece que el principio de autodeterminación debe dirimirse mediante un referéndum libre y democrático que contemple todas las posibles opciones: la autonomía, la integración y la independencia. Contemplando, asimismo, que la solución definitiva, fruto de la negociación entre el gobierno de Marruecos y el Frente Polisario debe ser sin condiciones previas y mutuamente aceptables por las partes que prevea la libre determinación del pueblo del Sahara Occidental.
Cierto es que, en esta ocasión, se incluye a la autonomía como uno de los elementos de negociación y como una posible salida al conflicto, pero no la única, como pretendía Estados Unidos, vulnerando las resoluciones de la ONU y el Derecho Internacional que reconoce el principio de autodeterminación de los pueblos en los procesos de descolonización. Por tanto, considerar que el tema se ha zanjado aceptando la propuesta autonómica es falsear, de forma muy interesada, el contenido de la Resolución.
Solidaridad y preocupación.
Canarias, su pueblo y sus instituciones, siempre se han destacado por su solidaridad con el Sahara y su pleno apoyo a las resoluciones de Naciones Unidas que exigen su libre autodeterminación. Por razones históricas, de vecindad y de compromiso con los derechos de los pueblos y la legalidad internacional. Una solidaridad y compromiso que debe mantenerse y fortalecerse. Exigiendo el respeto a los derechos humanos por el
gobierno de Marruecos en los territorios ocupados, la libertad de los presos políticos saharauis, así como el cese del expolio de los recursos naturales y económicos en el Sahara Occidental.
