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Este 25 de noviembre, Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, nos enfrenta nuevamente a una sociedad que sigue mirando hacia otro lado. Las 38 mujeres asesinadas en lo que va de año, son solo la punta del iceberg de un océano de sufrimiento silencioso que afecta a miles.
Frente al discurso que pregona condenar “todas las violencias por igual” y que insinúa la existencia de denuncias falsas, choca la cruda realidad: cada día menos mujeres se atreven a denunciar por miedo a no ser creídas, a ser juzgadas y revictimizadas.
Esta violencia del día a día adopta múltiples formas: la violencia vicaria, donde el daño se ejerce a través de los hijos; el acoso sutil que hace sentir a la víctima que nunca está a salvo; el acecho a través de las redes sociales en el anonimato; la situación de mujeres en contextos de prostitución; o la desesperanza de mujeres octogenarias que llevan una vida entera soportando maltratos.
Detrás del argumento de que “el género no debería importar” se esconde una concepción profunda: “no te creo”. Se minimiza el problema y se niega su existencia estructural.
Esta negación no se queda en la teoría; tiene consecuencias tangibles y letales. Un ejemplo reciente y sangrante lo vivimos en Alpedrete, donde una mujer, María del Pilar, fue asesinada con 50 puñaladas por su marido. La respuesta del alcalde, Juan Fernández, fue una lección magistral de negacionismo: justificó al agresor, afirmando que “no ha sido por odio”, que “quería mucho a su mujer” y era “buen padre”.
Redujo el feminicidio a que “la presión ha podido con él”. Llegó a tildar los detalles de la autopsia de un “mero relato que no le viene bien a nadie”. Estas declaraciones no son un desliz; son manifestación pura de la falacia que intenta desmontar este artículo: la de una autoridad que, ante el horror de 50 puñaladas, se empeña en blanquear al agresor, borrar a la víctima y negar la misoginia estructural que sustenta el crimen. Es la prueba de que el negacionismo no es una postura intelectual, sino una actitud que mata.
La violencia de género posee características únicas: está arraigada en roles de género obsoletos y en estructuras machistas que perpetúan el poder del hombre. Asistimos con preocupación a una peligrosa involución ideológica que promueve roles de sumisión para la mujer y reivindica una masculinidad “alfa” que se cree amenazada. Es irónico que sean algunas mujeres, como Isabel Díaz Ayuso, quienes defiendan este discurso, argumentando que la violencia es violencia, sin etiquetas. Olvidan que, si bien el sistema condena toda violencia, la de género, por sus características particulares, exige una especialización en los ámbitos jurídico, social y psicológico para ser abordada con eficacia.
La última barrera -y quizá la más lesiva- es la institucional: juzgados colapsados, juicios eternos y profesionales sin la formación específica necesaria. Pero el problema va más allá y es aún más grave. En Canarias, el Gobierno autonómico está mostrando una dejación de funciones absoluta en materia de igualdad y violencia de género. La prueba más elocuente es que la Viceconsejería de Igualdad y Diversidad está dirigida por un informático, sin formación ninguna en igualdad, una elección que evidencia la nula prioridad política que se concede a estas materias. Esta gestión negligente se traduce en hechos concretos y escandalosos: el año pasado devolvieron millones de euros sin ejecutar y todo indica que van camino de repetir esta gestión desastrosa, un fracaso institucional que tiene consecuencias directas sobre la vida de las mujeres y que han denunciado diferentes colectivos sociales.
Gobiernos, como el de Canarias, encuentran en el discurso de la derecha la coartada perfecta para asfixiar económicamente a las organizaciones que, a pie de calle, sostienen los programas que debería garantizar la administración. Si antes no sumarse a los avances sociales provocaba rubor, hoy se actúa con total impunidad, ante la evidencia de que el negacionismo reporta dividendos electorales.
Este 25N tenemos que salir a la calle sin vergüenza. La situación es terrible y exige una respuesta contundente. Como partidos políticos, como sociedad, tenemos la obligación de explorar todas las opciones para frenar este desmantelamiento. Debemos exigir a las instituciones, como el Gobierno de Canarias y su Instituto de Igualdad, que no se plieguen a discursos que aprovechan para desfinanciar programas esenciales contra la violencia machista.
Salimos a manifestarnos para decir basta. Basta de violencias, basta de impunidad, basta de ser cómplices con nuestro silencio. Lo hacemos para gritar que nos queremos vivas, libres y sin miedo. El primer paso para solucionar un problema es llamarlo por su nombre. Y su nombre es Violencia de Género.
