El STEC-IC solicita adecuar la normativa para restringir el acceso de perfiles con antecedentes por delitos graves a entornos con menores de edad

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El objetivo es establecer una incompatibilidad automática entre la posesión de antecedentes penales por delitos de especial gravedad, tales como violencia de género, delitos de odio, violencia vicaria o delitos de sangre, y el ejercicio docente en contacto directo con menores de edad, con independencia del sexo de la persona condenada.

Un avance normativo que requiere delimitación operativa

El STEC-IC valora el principio de la reforma aprobada el pasado 5 de mayo de 2026, mediante la cual el Consejo de Ministros amplió el registro de delitos dentro de los supuestos de exclusión laboral en el ámbito de la infancia. Sin embargo, desde una perspectiva de gestión de riesgos, la actual regulación se considera incompleta si el fin último es garantizar entornos escolares plenamente seguros.

El STEC-IC denuncia la deriva autoritaria de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias

Este sindicato defiende firmemente el mandato constitucional del artículo 25.2 de la Constitución Española, el cual consagra el derecho a la reeducación y reinserción social de las personas condenadas. La reinserción laboral es un pilar fundamental para la recuperación ciudadana; no obstante, el propio ordenamiento jurídico reconoce que el interés superior del menor actúa como un límite justificado a determinados derechos sectoriales.

La propuesta no persigue la exclusión absoluta del mercado laboral ni la invalidación de las competencias profesionales de los docentes afectados, sino una acotación de su ámbito operativo.

Medidas solicitadas a la Administración:

1. Reforma del marco legal: Modificación del articulado de la LOPIVI para unificar los criterios de exclusión en entornos infantiles ante delitos violentos graves.

2. Segmentación de las listas de empleo: Adaptación técnica de las bolsas de trabajo de la Consejería de Educación para no permitir que los perfiles restringidos puedan optar a plazas que guarden relación alguna con menores

3. Automatización procedimental: Coordinación de oficio entre el registro de antecedentes y la administración educativa para agilizar la aplicación de las medidas correctoras en cuanto la sentencia sea firme.

El STEC-IC reitera su compromiso con una función pública ejemplar, donde la protección de la infancia y el derecho a la reinserción social convivan mediante una gestión responsable, técnica y segura de los entornos escolares.